La CIDH pidió que se protejan a los indígenas shipibo-konibo en Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su preocupación por la crítica situación de la comunidad indígena shipibo-konibo afincada en Cantagallo (Lima), donde la propagación del virus es muy fuerte, en tanto 475 personas ya dieron positivo a pruebas de Covid-19, alrededor del 73 por ciento de la población.

La organización alertó en un comunicado sobre la situación sanitaria que actualmente enfrenta la comunidad y pidió al gobierno peruano que brinde especial atención a estas familias. En Cantagallo viven unos 2.000 integrantes de la etnia Shipibo-konibo.  

La comunidad amazónica cumple una cuarentena de dos semanas desde entonces para evitar riesgos de mayores contagios y propagación de la enfermedad. Soldados del Ejército peruano vigilan además el acceso y salida a la comunidad. Por otro lado, las autoridades instalaron baños portátiles ante la falta de acceso a servicios básicos, como agua y desagües, de esta comunidad.

Hasta fines de abril, sus habitantes aseguraban no registrar contagios de coronavirus, pero en línea con el aumento de casos en toda la región y en Perú particularmente, se desató un fuerte brote en la comunidad. 

Los Shipibo Conibo son un grupo étnico de la Amazonía, que se distribuye en 153 comunidades a lo largo del río Ucayali, en la selva central peruana. Los miembros de la comunidad emigraron a Lima en 1990, huyendo de la guerrilla Sendero Luminoso y la castrista del MRTA, derrotadas militarmente hacia fines de esa década.

Demanda contra el Estado

La comunidad exigió a través de una demanda de amparo contra el Estado Peruano la implementación de una política diferenciada para la prevención y atención de casos confirmados de Covid-19, al cuestionar la falta de protección a la salud de los pueblos indígenas amazónicos frente a la crisis sanitaria.

La demanda de los representantes de la comunidad asentada en el distrito limeño de Rímac fue interpuesta contra los ministerios de Salud, Cultura y Justicia y Derechos Humanos e incluye el pedido urgente para que el Estado adopte medidas específicas en favor de las poblaciones de alto riesgo y de alta vulnerabilidad.

«Nosotros carecemos de servicios básicos y eso les avisamos a los organismos del Estado. Tuvieron que morir nuestros hermanos para que haya un impacto y vinieran representantes del ministerio de Salud y Cultura», dijo en una conferencia de prensa Gabriel Indalicio, dirigente de Cantagallo. Hasta el momento, tres miembros de la comunidad fallecieron.

Para el Instituto de Defensa Legal (IDL), las medidas adoptadas por el gobierno tales como el Decreto Legislativo N.°1489 publicado con el fin de atender a los pueblos indígenas resultan «claramente insuficientes frente a la magnitud del problema».