La CIDH le pidió a Ecuador “medidas efectivas” para evitar la violencia en las cárceles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó a Ecuador que adopte “medidas inmediatas y efectivas” para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de los presos, una advertencia que responde a los sucesivos hechos de violencia que se dieron este año en cárceles del país y que dejaron 121 muertos.

La CIDH, dependiente de la OEA, advirtió “con preocupación” que esas muertes se dieron “en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador“.

En un comunicado, el organismo señaló que desde enero habrían ocurrido “diversos enfrentamientos entre personas detenidas pertenecientes a grupos rivales”, que, además de las muertes, causaron decenas de heridos, entre ellos varios agentes penitenciarios.

Los hechos de violencia -motines, intentos de fugas, enfrentamientos entre presos- se dieron en los centros de Azuay, Cotopaxi, Guayas número 1 y Guayas número 4, Manabí, y Ríos.

La CIDH dijo haber tomado nota de las “diversas acciones implementadas” por el Estado ecuatoriano para responder a la crisis penitenciaria, pero ahora destacó la necesidad de “acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención”.

Entre las posibles medidas, la Comisión sugirió la implementación de protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; el incremento del personal de seguridad y vigilancia interior; la imposición de controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, y la prevención del accionar de organizaciones delictivas en las cárceles.

También pidió se garantice la seguridad de los funcionarios que trabajan en los centros de detención, reportó el sitio Primicias.

En el comunicado, la CIDH enfatizó que los Estados deben investigar “de oficio y con la debida diligencia” todos los hechos de violencia registrados en los centros de detención y la muerte “de personas que se encuentran bajo su custodia”.

Para el organismo, esa tarea implica no solo el hallazgo de los responsables materiales, sino también el de los posibles autores intelectuales y los de las autoridades que “por acción u omisión pudieran ser responsables”.