La CIDH investigará cerca de 600 violaciones a los derechos humanos en Colombia

El accionar de las fuerzas de seguridad colombianas durante el conflicto social estará bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó ayer al país en una visita histórica que se extenderá hasta el 10 de junio. En ese tiempo evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas.

La Defensoría del Pueblo anunció que ya entregó a la CIDH un balance sobre las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque, horas después del esperado arribo a Colombia de la misión del principal organismo de defensa de los derechos humanos de América.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró en el texto entregado ayer a la misión que desde el 28 de abril y hasta el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.

“Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en el 73% se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese porcentaje el 98% son atribuidas a la Policía Nacional”, reza el texto.

Según el jefe de la entidad, “las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios”, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali.

“Esta visita para la misión es histórica y estamos seguros y seguras que este es un punto de partida para poder dar pasos importantes en la promoción y protección de los derechos humanos a partir del diálogo y el respeto mutuo”, dijo por su parte la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.

La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán y el municipio de Tuluá, algunos de los lugares más golpeados por la crisis.

“Claramente se trata de un contexto en que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hemos rechazado de forma constante y contundente desde que empezamos a registrarlo”, indicó el defensor del Pueblo.

Ayer, la CIDH se reunió también con la Cancillería y la fiscalía. En los días siguientes escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares “para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones”.

La CIDH analizará toda la información recibida y emitirá “la próxima semana una declaración pública” con “observaciones y recomendaciones” en este “momento difícil”, anunció Urrejola.

En contexto

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el Gobierno, pero el accionar represivo de las fuerzas de seguridad cambió el eje de las protestas. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras.

Desde entonces, la policía está en la mira de la comunidad internacional, que denuncia excesos y abusos de su parte contra los manifestantes. Decenas de personas murieron por participar en las protestas y cientos resultaron heridas.

La Defensoría del Pueblo señaló además 113 hechos de violencia de género y 3.144 bloqueos en las vías que han afectado el abastecimiento y el paso de misiones médicas.

La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas en los cuales “el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye el 53,73% de los casos”.

Los manifestantes exigen una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia de coronavirus, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

La organización más visible de los manifestantes suspendió las conversaciones que mantenía con el Gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para el miércoles.