La CIDH condenó a Chile a pagar una deuda millonaria a docentes contraída en la dictadura  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este martes al Estado de Chile al fallar a favor de 848 profesores por una asignación monetaria que no fue pagada en la década del 80 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La deuda que se arrastra hasta la actualidad ascendería a los 94 millones de dólares.

La también llamada “deuda histórica” afectó a los docentes de los municipios de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes dado que no recibieron su pago tras el traspaso a la educación municipal.

El proceso lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia. Los docentes demandaron al Estado de Chile por incumplir 13 fallos judiciales ejecutoriados entre los años 1993 y 1997 que ordenaban el pago.

La CIDH entendió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas implicadas. 

De los 848 docentes que recurrieron al tribunal internacional, solo 660 se encuentran con vida. Las víctimas son personas mayores de 60 años y un quinto de ellas falleció. 

Cómo se generó la “deuda histórica”

El caso se remonta a la dictadura, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las Municipalidades del país. Este cambio implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado.

Las autoridades de ese país crearon una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, los profesores que fueron transferidos del Estado central a las Municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada “deuda histórica” del Magisterio.

Según explicó el Tribunal internacional, la situación fue desigual, ya que algunas personas docentes continuaron recibiendo esta asignación luego de su traspaso a las Municipalidades, gracias a convenios con las mismas Municipalidades o al reconocimiento de que estas sumas formaban parte de su remuneración.

Los hechos indican que a partir de 1990 los profesores pudieron iniciar demandas judiciales para el pago de esta asignación. En al menos 13 procesos se dictaron sentencias firmes que reconocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas en este caso. Sin embarago, los fallos nunca se ejecutaron.