La Cámara de Diputados de República Dominicana despenalizó el aborto cuando corra riesgo la vida de la mujer

Los grupos que defienden el derecho de las mujeres al aborto legal en República Dominicana obtuvieron el miércoles su pequeña gran conquista en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el nuevo Código Penal, que despenaliza el aborto en una única excepción, cuando corra riesgo la vida de la mujer.

El texto fue aprobado, con 128 votos a favor y 13 en contra, sin modificaciones en la cuestión del aborto, la que más revuelo generó con respecto al proyecto que fue aprobado por los diputados en primera lectura el pasado 28 de abril.

El Código Penal pasará ahora al Senado, cámara en la que no se esperan cambios sustanciales al proyecto, que sustituirá al actual Código Penal, que data de 1884. 

Antes de la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que la norma constituirá “un nuevo instrumento penal para que el país inicie el camino de la modernización de su justicia penal”.

Las organizaciones luchan para que se despenalice el aborto también en otras causales: en el caso de violación o incesto y en caso de una malformación del feto incompatible con la vida fuera del útero.

En la votación de este miércoles, la diputada opositora Ivannia Rivera, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), propuso una modificación para que el texto permita el aborto en tres casos, como reclaman las feministas, pero la moción fue ampliamente derrotada, por 38 votos a favor y 99 en contra.

El problema de la letra chica 

Los colectivos feministas también cuestionan la redacción del artículo que permitirá el aborto en el caso de riesgo para la vida de la madre, porque establece que solo se permite interrumpir el embarazo si primero “se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible”.

Según el texto aprobado, las mujeres que se practiquen un aborto cumplirán de uno a dos años de prisión, mientras que las penas para los médicos y enfermeros varían de uno a dos años. Cuando fue aprobado en primera lectura, el proyecto imponía penas de dos a tres años por esta última causa.

El presidente Luis Abinader había intentado someter la cuestión a referéndum, algo que fue duramente rechazado por tratarse de una cuestión de derechos humanos.