Jeanine Áñez habló de la “autoridad moral” de los militares golpistas

El Gobierno de facto de Bolivia eludió al Poder Legislativo y concretó el ascenso por decreto de los oficiales de las Fuerzas Armadas, pieza clave en el golpe de Estado contra Evo Morales. Durante el acto en La Paz, la presidenta interina dijo que “jugaron un papel decisivo en la reconquista de la democracia y en la pacificación”.

Áñez destacó la labor de los efectivos militares en la lucha frente a la covid-19 y su accionar tanto en el golpe de estado contra Morales como en la represión a las protestas posteriores.

“Nuestras Fuerzas Armadas jugaron un papel decisivo en la reconquista de la democracia y en la pacificación de Bolivia y hoy del mismo modo nuestras Fuerzas Armadas juegan un papel decisivo en la lucha diaria contra la pandemia”, agregó Áñez a través de una videoconferencia porque sigue aislada tras haber sido diagnosticada con coronavirus. La escucharon los oficiales desde el Patio de Honor del Estado Mayor de Miraflores, en La Paz.

Los oficiales ascendidos recibieron sus insignias luego de que el Ejecutivo promulgara el miércoles pasado un decreto disponiendo sus promociones, sin la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional, poder al que corresponde constitucionalmente esa decisión.

La Asamblea dilató durante meses el trámite de ascenso de los militares y, según el ministro de Defensa, Fernando López, la mayoría en el Senado del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales buscó “castigar” a los uniformados tras los conflictos de noviembre pasado. En aquel momento, tanto la cúpula militar como la policial dieron la orden de acuartelarse -cuando desde el MAS denunciaban ataques y abusos contra sus dirigentes y sus familias-. Luego pidieron públicamente la renuncia de Morales.

Desde la asunción del Gobierno interino, las Fuerzas Armadas fueron uno de sus aliados más visibles y siempre presentes en el Palacio Quemado, la sede presidencial. En este contexto, el parlamento con mayoría del MAS buscaba aplazar los ascensos militares hasta después de las elecciones generales convocadas para el 6 de septiembre, pero tras reclamos y un ultimátum de la cúpula castrense la presidenta de facto accedió por decreto.