Investigan un grave caso de esterilizaciones forzadas en Panamá

El gobierno de Panamá abrió una investigación contra un hospital público en base a la denuncia presentada por una docena de mujeres indígenas, quienes aseguran haber sido esterilizadas sin su consentimiento. Los procedimientos habrían ocurrido en la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso en la provincia de Bocas del Toro, en el noroeste del país.

Un grupo de mujeres de la comunidad ngäbe-buglé denunciaron que quienes tuvieron partos en el hospital señalado por las presuntas esterilizaciones perdieron su capacidad reproductiva. 

El caso desató toda una disputa entre la oposición y el oficialismo en el Congreso. En un primer momento, la ministra de Salud, Ivette Berrio, afirmó que no “había datos veraces y fehacientes de que esa denuncia sea cierta”, en respuesta a un pedido de informe de la oposición. No obstante, luego cambió su opinión. 

Berrio aseguró en las últimas hohras que el gobierno tratará de ubicar a las mujeres que hicieron las denuncias para evaluarlas en un centro de salud y esclarecer los hechos.

«Es una responsabilidad del gobierno esclarecer esta situación», pero «necesitamos que se hagan las denuncias correspondientes», dijo.

Además, la presidenta de la Comisión de la Mujer en el  Congreso, Zulay Rodríguez, adelantó ayer que se creará una subcomisión legislativa para investigar los hechos.

También el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de Panamá, Eduardo Leblanc, informó en su cuenta de la red Twitter que pedirá detalles sobre «las mujeres supuestamente afectadas».

El caso fue denunciado ayer por la diputada suplente Walkiria Chandler. En ese momento, Berrio culpó a la oposición de promover denuncias sin pruebas para cuestionar al Gobierno. 

La organización feminista Espacio de Encuentro de Mujeres publicó en su cuenta de Twitter que además de las investigaciones que le corresponderían abrir al Ministerio Público y la Procuraduría, deben tomarse medidas «para que esto no ocurra más» y para el «resarcimiento del daño, reparación histórica y acompañamiento a las víctimas».

Según el Espacio de Encuentro de Mujeres, la esterilización no consentida viola varias leyes panameñas, entre ellas la 68 de 2003 sobre los derechos y responsabilidades del paciente; la 82 de 2013 que adopta medidas de prevención contra la violencia de género y la 4 de 1999 sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres.

En Panamá está permitida la esterilización en mujeres, a partir de los 23 años, y al tener dos o más hijos. Según la Ley 5 de 2013, donde se establece el marco para su práctica, es un «derecho personalísimo y voluntario de la mujer» y no procederá «cuando hay desistimiento aún antes de que concluya la intervención médica» o cuando «no se presente prueba de que la mujer ha sido informada sobre métodos alternativos anticonceptivos por el personal de salud».

Por otro lado, la autoridad sanitaria señaló que la ley estipula que para una esterilización permanente, el personal de salud debe informar al paciente sobre el procedimiento y este debe firmar un consentimiento informado. De no firmarlo, «no se puede proceder con la intervención quirúrgica».