Indígenas y campesinos de El Alto fueron otra vez reprimidos

Miles de campesinos e indígenas bolivianos se movilizaron ayer desde El Alto hasta el centro militarizado de La Paz llevando consigo los féretros de las ocho personas asesinadas en la represión de Senkata. El velorio tomó la forma de una multitudinaria movilización para denunciar la represión y al gobierno de facto de la senadora autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez. Los manifestantes fueron otra vez reprimidos con gases lacrimógenos.

Mientras la Asamblea Legislativa negociaba cómo conciliar un único proyecto de ley para convocar a elecciones, las calles fueron escenario otra vez de escenas violentas. Decenas de miles de indígenas y campesinos bajaron desde El Alto hasta La Paz y fueron reprimidos con gases lacrimógenos, pese a que llevaban consigo los ataúdes de sus compañeros muertos por la represión del martes pasado.

A la mañana, la Defensoría de Pueblo informó que los ocho manifestantes que murieron esta semana tratando de mantener el bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, recibieron disparos de armas de fuego.

Sin embargo, el gobierno de facto sigue sosteniendo que los militares y policías que reprimieron para lograr la salida de camiones cisterna y el abastecimiento de la ciudad La Paz no dispararon «ni un proyectil». Por el momento, no dieron ninguna explicación por las muertes con impacto de balas.

En el velorio de los ocho hombres de entre 23 y 38 años en la iglesia de San Francisco de Asís, en El Alto, los mensajes estuvieron dominados por las condenas y denuncias contra el gobierno de facto de la senadora autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

En medio de ese clima de dolor e ira, familiares, amigos, vecinos y otros manifestantes anti Áñez decidieron volver a marchar hacia el centro de La Paz y llevar consigo los ataúdes de las ocho víctimas, que llevaron a 30 el saldo de muertos desde los días previos a la renuncia forzada de Evo Morales y su denuncia de golpe de Estado.

Una marea humana comenzó a bajar por las calles zigzagueantes que comunican El Alto con la capital boliviana y entre la gente avanzaban muy lentos cuatro camionetas con dos ataúdes atados en los techos.

El viceministro de Seguridad Ciudadana del gobierno de facto, Wilson Santamaría, había prometido que garantizarían el avance de la marcha. «Confiamos en que no se genere vandalismo, entendemos la dura situación que se vive porque realmente es tenso lo que hay», explicó, según la agencia de noticias ANSA.

Sin embargo, los manifestantes fueron reprimidos por militares y policías.

El canal de televisión ruso RT mostró cómo los uniformados lanzaron gases lacrimógenos al centro de la multitud, inclusive entre aquellas personas que habían bajado los féretros de las camionetas y los llevaban a mano para ponerlos a resguardo.

Entre gritos y corridas en la plaza mayor de San Francisco, los manifestantes volvieron a gritar una de sus principales consignas de los últimos días: «¿Dónde está la prensa?».

Negociaciones para llamar a elecciones

A solo unas cuadras de allí, del otro lado del cordón militar-policial que está firme en el corazón de La Paz desde hace más de una semana, legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y de las bancadas minoritarias que apoyan a Áñez negociaban a contrareloj para conciliar un solo proyecto de ley para convocar a elecciones.

Ayer el MAS presentó un anteproyecto y el gobierno de facto hizo lo mismo.

Desde el MAS dijeron que existe consenso sobre tres puntos: anular las elecciones del 20 de octubre, modificar para agilizar el proceso de selección de los seis miembros del Tribunal Supremo Electoral nacional y los de los órganos de los nueve departamentos, y acortar lo más posible los plazos para la convocatoria de los nuevos comicios.

En lo que difieren, en tanto, es en el pedido del gobierno de facto de construir un nuevo padrón electoral -principalmente porque esto llevaría tiempo y el MAS propone llamar a elecciones el 12 de enero próximo- y la posibilidad o no de permitir nuevas candidaturas y alianzas.

En medio de esta negociación, la senadora masista y expresidenta de la cámara alta, Adriana Salvatierra, desmintió que el anteproyecto de ley de su partido reconociera la asunción de Áñez como constitucional y publicó en sus redes una parte del texto, que demuestra la postura pragmática que asumió la bancada.

«Se han suscitado una serie de hechos sociales y políticos que han derivado en la investigación de irregularidades en la administración del proceso electoral, siendo sus máximas autoridades del Órgano Electoral suspendidas en su ejercicio y atendiendo recomendaciones de la OEA en aras de atender demandas ciudadanas corresponde sostener un nuevo proceso electoral liderado por un nuevo Tribunal Superior Electoral», argumentó el MAS en su anteproyecto para anular la victoria que ellos mismos celebraron y defendieron en octubre, y convocar a nuevas elecciones.