Indígenas ecuatorianos celebraron una decisión judicial que reconoce su derecho de decidir sobre territorios ancestrales

Líderes indígenas ecuatorianos celebraron el fallo de la Corte Constitucional que reconoció el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre emprendimientos con impacto ambiental en sus territorios ancestrales.

La Corte Constitucional ratificó que es obligatorio que los pueblos indígenas sean consultados sobre los proyectos petroleros o mineros que puedan afectar sus tierras ancestrales. El tribunal respaldó la sentencia de una Corte Provincial que ordena al Estado a reparar a la comunidad amazona Cofan de la nacionalidad Sinangoe por la entrega de 52 concesiones mineras en su territorio sin consulta previa.

“Cualquier proyecto minero, cualquier empresa minera que quiera venir acá a nuestro territorio tiene que hacer caso a nuestra decisión, nuestra decisión es nuestro voto, es nuestro territorio”, celebró la semana pasada la comunidad Cofán.

Los dirigentes nacionales de los movimientos indígenas ecuatorianos conmemoraron el fallo en una conferencia brindada este viernes, en la cual hicieron foco en el peso que tendrá en la lucha contra el cambio climático.

Nuestros abuelos han dejado un territorio libre de contaminación, eso hemos heredado y es lo que queremos pasar a las futuras generaciones”, aseguró en esa instancia Wider Guaramag, uno de los líderes de la nacionalidad Sinangoe. Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Marlon Vargas, señaló que esto permitirá proteger esa región selvática.

Los líderes indígenas también respaldaron la renovación de la demanda de la nacionalidad Sinangoe por la devolución de gran parte de sus tierras ancestrales, que le fueron retiradas por el Estado en 1971 para la creación de un parque nacional.

La comunidad, de unas 50 familias, ha iniciado varios procesos judiciales para exigir la devolución de las tierras y el tema está actualmente en manos del Ministerio de Ambiente, responsable de la delimitación de tierras ancestrales. La cartera reconoce que su territorio es de unas 13.000 hectáreas, pero la comunidad asegura que es al menos cuatro veces más, incluyendo el terreno que actualmente está en manos del parque y de varias empresas privadas.