Imputaron y pidieron de nuevo la detención de Evo Morales, quien denunció una persecución política

A dos meses de las elecciones generales en Bolivia, que tienen como principal favorito al MAS, la Fiscalía General de Bolivia imputó este lunes al expresidente Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo y solicitó nuevamente su detención preventiva. El mandatario derrocado, refugiado en Argentina, rechazó las acusaciones en su contra y tildó de “ilegal e inconstitucional” la resolución de la Fiscalía. 

La imputación formal contra Morales (2006-2019) es por “los delitos de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo por presuntamente haber coordinado” con un dirigente cocalero, por teléfono, “el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales (cabeceras de regiones bolivianas) durante los conflictos de 2019”, informó la Fiscalía en un comunicado. La resolución reclama también la “detención preventiva”. 

La causa fue iniciada por el ministro del gobierno de facto Arturo Murillo y es la misma con la que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez había amenazado a Morales con una captura internacional en 2019, a poco de que el presidente se asilara en México y después en Argentina. El funcionario de Añez acudió a la Justicia con un audio en el que se escucha a una persona, Morales de acuerdo a Murillo, que instruye a un movimiento a cercar las ciudades e interrumpir el suministro de comida con un bloqueo de vías. Desde el primer momento Morales dijo que se trataba de un “montaje”. 

Ahora, desde su exilio en Buenos Aires, Morales volvió a salir al cruce de las acusaciones. “De manera ilegal e inconstitucional la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado”, escribió en Twitter.

Morales consideró la acusación “una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto”, en referencia a la administración de Añez. “Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia”, afirmó. En febrero, la Fiscalía abrió otra causa contra el exmandatario por supuesto fraude electoral, pero hasta ahora tampoco hubo avances.

El detalle de la causa 

Según la acusación, aparentemente en esa conversación Morales habría instruido al dirigente cocalero Faustino Yucra a cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en Bolivia a partir del 10 de noviembre de 2019, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado.

Los fiscales basan su acusación actual en pericias realizadas en Colombia. “Las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma”, señala el comunicado, que no habla de resultados concluyentes.

“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, dice la voz en la supuesta llamada del exmandatario con Yucra. Al presentar la grabación en noviembre, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, calificó de “crimen de lesa humanidad” ordenar que “no entre comida a las ciudades”.

El MAS denuncia “persecución judicial”

El Movimiento Al Socialismo cuestionó la resolución e identificó a Murillo como el “artífice de la tramoya”. Además, cuestionó la complicidad del gobierno de facto en su conjunto. 

El documento resalta que la imputación “es antinconstitucional” debido a que el presunto delito se basa en la prueba de una grabación atribuída a Morales, que es para ellos un “audio adulterado”. En ese sentido, recordaron que la grabación fue analizada en Argentina, un estudio “ignorado por el gobierno de Añez”. 

De acuerdo al documento del Mas, esta resolución forma parte “de la persecución judicial en contra de dirigentes del MAS, ex autoridades, militantes, y colaboradores del Proceso de Cambio, que pretende inhabilitar la candidatura de Luis Arce (contra quien también existen procesos judiciales) ya que este se encuentra liderando las encuestas”.