Golpe en Bolivia: detuvieron a un excomandante de la Policía por la masacre de Senkata en 2019

El excomandante de la Policía de Bolivia, Rodolfo Montero, quedó detenido de forma preventiva por su responsabilidad en la masacre de Senkata, ocurrida luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Lo investigan por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves. 

En noviembre de 2019, la represión militar de las protestas contra el golpe de Estado en esta zona de El Alto, en La Paz, y en Sacaba (departamento de Cochabamba) dejaron un saldo de al menos 36 personas muertas y 120 heridas.

Montero, quien había sido designado por Áñez dos días después de tomar el poder, quedó detenido a la espera de medidas cautelares tras negarse a declarar este martes ante el Ministerio Público. 

El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, fue el encargado de hacer el anuncio. El funcionario celebró la noticia y dijo que el gobierno de Luis Arce está “avanzado a pasos agigantados” en el cumplimiento de los dictámenes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que emitió más de 30 recomendaciones vinculados a los hechos de violencia de 2019, incluyendo el juzgamiento a los responsables de las muertes y violaciones de derechos humanos.

Por otra parte, el jueves 2 de setiembre la justicia de Sacaba envió a la cárcel al capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Israel Rojas, por la masacre ocurrida en esa zona de Cochabamba. El uniformado formó parte de un grupo de élite que actuó en la intervención militar-policial durante una marcha de organizaciones cocaleras a favor del expresidente Evo Morales.

En el marco de esta causa, la justicia imputó también en noviembre de 2020 a Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía, y al excomandante de la guarnición militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar.

El aval de Áñez a la represión 

Las protestas contra el golpe de finales de 2010 se concentraron en Sacaba y Senkata, y el gobierno de Jeanine Áñez involucró a las Fuerzas Armadas en su represión. En ese entonces, la presidenta de facto firmó un decreto que eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que actuaran en operativos “para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”. Después de la represión de las protestas el decreto fue derogado.

Según los informes de organismos bolivianos e internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que calificó los hechos como masacres, la desmedida represión militar causó la muerte de al menos 36 personas, aunque la cifra final no ha logrado determinarse.

En ambos casos se utilizaron armas no reglamentarias, lo que permitió que el gobierno acusara a los manifestantes de haberse asesinado entre ellos. La información de que Bolivia recibió en ese momento material bélico de Argentina y Ecuador hizo que se investigue si fueron esas las armas y balas las utilizadas en la represión.