Golpe blanco contra el PT

Brasil 
Especial

Las recientes protestas por la salida del gobierno y en contra de Lula Da Silva deben enmarcarse dentro de una campaña político-mediática que busca evitar la reelección del líder. Para lograrlo, la oposición profundiza la inestabilidad del país para así conseguir la renuncia de Dilma Rousseff. Los ataques de nuevos agentes que intentar imponer un régimen dictatorial.

Emir Sader- Alai (Ecuador)

El último intento de golpe militar en América Latina no resultó. Fue en contra de Hugo Chávez, en 2002. Él fue secuestrado por mandos militares, llevado a una isla, aislado, mientras el entonces presidente de la asociación de empresarios asumía la presidencia, al lado de los propietarios de los medios venezolanos, en una fiesta típica de las oligarquías golpistas latino-americanas.

Pero la fiesta duró poco. Así que el pueblo supo lo que ocurría, tomó el palacio, expulsó al presidente de la asociación de empresarios, así como a los dueños de los medios. El más breve presidente de Venezuela tuvo que abandonar el palacio y el país, mientras que Chávez volvía a la presidencia en los brazos del pueblo.

A partir de aquel momento la derecha latinoamericana adhirió a formas de golpes blancos. Se ha valido de procesos políticos incipientes, con algunas medidas anti-neoliberales, pero todavía sin una configuración plenamente definida, sin apoyo parlamentario, para derrumbar a sus líderes. Sucedió así con Manuel Zelaya en Honduras, con Fernando Lugo en Paraguay.

“Brasil es un caso típico de derrota de la oposición en elecciones plenamente reconocidas por sus participantes, en que la oposición insiste en buscar pretextos para un impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. No han encontrado ningún pretexto, pero insisten en el intento, como forma de sangrar al gobierno y de prolongar la inestabilidad”

Con acusaciones sin fundamento, pero intensamente difundidas por los medios, han generado un clima favorable a la votación del impeachment de los presidentes. En el caso de Zelaya, con su secuestro y traslado hacia Costa Rica. En ninguno de los dos casos las acusaciones fueron comprobadas, pero la operación ya estaba hecha y aprobada por la justicia de los dos países. Los golpes blancos estaban dados.

Los golpes blancos fueron condenados ampliamente, en el límite de que sus gobiernos fueron suspendidos de los organismos internacionales a que pertenecían – OEA, Mercosur, Unasur -, hasta que la legalidad institucional fuera restablecida, con nuevas elecciones. Incluso porque hay una entendimiento consensual en el continente de no reconocer a gobiernos que asuman rompiendo la legalidad por medio de golpes de Estado, aun los considerados blancos. Las elecciones se realizaron en esos países, pero los candidatos apoyados por los lideres depuestos no lograron triunfar, incluso por elecciones con fraude, en el caso de Honduras. En el caso de Paraguay, la división de las fuerzas que habían apoyado a Lugo dificultó también un triunfo electoral. No hay así condiciones para que golpes blancos sean aceptados en el consenso político democrático en América Latina.

Brasil es un caso típico de derrota de la oposición en elecciones plenamente reconocidas por sus participantes, en que la oposición insiste en buscar pretextos para un impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. No han encontrado ningún pretexto, pero insisten en el intento, como forma de sangrar al gobierno y de prolongar la inestabilidad política en el país.

“Por ello la defensa de Lula se ha vuelto no solo la defensa del más grande líder popular y democrático que Brasil jamás tuvo, sino también la lucha en contra del golpe blanco y la defensa de la democracia en el país. Atacar a Lula es parte integrante de los intentos de golpe blanco que los nuevos agentes dictatoriales intentan imponer al país”

Asimismo, no bastaría a la oposición lograr eventualmente derrumbar a la presidenta con un impeachment, porque en nuevas elecciones el favorito es Lula. De ahí que sea parte del golpe blanco buscar sacar a Lula de la disputa electoral, mediante acusaciones igualmente sin fundamento, pero contando con sectores del órgano judicial que maniobra para forjar pruebas, con medios a servicio del golpe y con una Policía Federal que se somete a operaciones brutales de coacción de forma arbitraria.

Por ello la defensa de Lula se ha vuelto no solo la defensa del más grande líder popular y democrático que Brasil jamás tuvo, sino también la lucha en contra del golpe blanco y la defensa de la democracia en el país. Atacar a Lula es parte integrante de los intentos de golpe blanco que los nuevos agentes dictatoriales intentan imponer al país. Ellos necesitan ser derrotados en todos los planos, porque la democracia brasileña no sobrevivirá con esos agentes de una nueva dictadura. Brasil necesita de líderes legitimados por el apoyo popular, cuya presencia en la vida política cotidiana fortalece a la democracia y hace renacer la esperanza de que Brasil pueda retomar la vía del desarrollo económico con distribución de renta, que tanto bien hizo al país y a los brasileños.

Editorial- La Jornada (México)

Centenares de miles de brasileños se manifestaron ayer en las principales ciudades del país para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo periodo constitucional concluye en 2018. La mayor marcha fue en el estado de Sao Paulo, bastión tradicional de la derecha, donde se calcula que casi millón y medio de personas rechazaron la permanencia de la mandataria en el cargo tras los señalamientos de corrupción que enfrentan ella y su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.

Es claro que el primer factor para explicar la magnitud de las protestas referidas reside en la erosión y la descomposición que afecta al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) tras más de 12 años en el poder. En este sentido resulta innegable que los multiplicados casos de corrupción oficial y la pérdida de coherencia ideológica en las administraciones emanadas de dicho organismo político han creado un distanciamiento real entre gobierno y sociedad.

Sin embargo, no puede ignorarse que las presentes protestas por la salida del gobierno se sustentan no sólo en el legítimo descontento popular, sino que son impulsadas por una intensa campaña desde los medios de información hegemónicos con el inocultable designio de alimentar de manera artificial la indignación ciudadana.

Es pertinente recordar que tales medios poseen la capacidad de crear e inducir percepciones y, en el caso brasileño, los más poderosos entre ellos resolvieron hacer uso de tal facultad para juzgar y dar por culpable a Dilma y a su mentor y antecesor en el cargo, en una operación que favorece a los grupos de la derecha, a los cuales pertenecen las empresas mediáticas.

” Un tercer elemento que debe considerarse para situar en su justa dimensión la crisis de gobernabilidad que atraviesa Brasil es la paradoja de que las protestas contra la mandataria sean, en buena medida, encabezadas por sectores de clase media surgidos justamente gracias a las políticas sociales y redistributivas aplicadas por los gobiernos del PT “

Un tercer elemento que debe considerarse para situar en su justa dimensión la crisis de gobernabilidad que atraviesa Brasil es la paradoja de que las protestas contra la mandataria sean, en buena medida, encabezadas por sectores de clase media surgidos justamente gracias a las políticas sociales y redistributivas aplicadas por los gobiernos del PT.

En suma, en la actual coyuntura el descontento generado por la corrupción y la prolongada crisis económica confluyen con los afanes golpistas de un sector de la derecha oligárquica cuya cara más visible son los conglomerados
mediáticos, los cuales, en el mundo contemporáneo, pueden llegar a convertirse en poderes fácticos capaces de entronizar y deponer gobiernos de acuerdo con sus intereses económicos y políticos.

Al respecto cabe recordar la caída, en 1992, del presidente Fernando Collor de Mello, un político perteneciente a la élite económica brasileña, quien llegó al poder sin contar con una estructura partidista significativa pero con el apoyo decidido de los mismos intereses que hoy se han propuesto sacar a Rousseff de la presidencia. Envuelto en un escándalo de corrupción en gran escala, Collor de Mello debió abandonar la presidencia cuando los sectores que lo encumbraron decidieron acelerar su salida del poder, práctica que entonces se realizó contra un representante de la propia oligarquía y hoy se emplea sin disimulo contra un proyecto que, independientemente de los casos de corrupción y los escándalos, ha estado claramente orientado a favorecer a los sectores populares.

Tal panorama de manipulación de la voluntad ciudadana obliga a reflexionar acerca de las vías ocultas que obstaculizan –y en determinadas circunstancias anulan– al poder legalmente constituido en las democracias formales, pues queda claro que el operar de los poderes fácticos brasileños constituye, con los matices de cada caso, una situación habitual en las sociedades actuales.

Leer el artículo de Alai aquí 

Leer el artículo de La Jornada aquí