Garzón sobre los delitos económicos

 Latinoamérica y el Mundo 

En esta entrevista, el juez español Baltasar Garzón considera que la resolución de la ONU de crear un nuevo marco legal para el mundo financiero es un avance necesario y fundamental. Para él, el Poder Judicial norteamericano debería cambiar su forma de abordar cuestiones de deudas. Además, habla de su nuevo proyecto para que determinados delitos económicos sean de lesa humanidad. 

starmedia.com

Ignacio Chausis y Nicolás Furfaro- Tiempo Argentino (Argentina) 

En el marco del debate mundial por una nueva normativa para las reestructuraciones de deuda, tras el Juicio del Siglo entre Argentina y los fondos buitre, el ex juez español Baltasar Garzón habló con Tiempo Argentino. En la entrevista se abordó, además, el avance de las investigaciones de crímenes económicos como partes centrales en procesos dictatoriales. Hoy Garzón es además asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.  

En paralelo, el ex magistrado consideró que el Poder Judicial estadounidense se debe un debate interno para realizar cambios en su forma de abordar cuestiones de deuda. Y pidió que el juzgado de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa, pida datos de quiénes son los fondos buitre y cómo se financian. “Los abusos de los buitres no se pueden tolerar”, aseveró.

–¿Cómo evalúa la reciente resolución de Naciones Unidas respecto de la necesidad de abordar un marco para las reestructuraciones de deuda soberanas?

–Esa resolución de ONU es un avance no sólo necesario sino fundamental. Ubica claramente a cada país en donde quiere estar, los que defienden la racionalidad de las refinanciaciones de la deuda externa, de los fondos, de todos los mecanismos financieros que, por esa falta de regulación y control, están produciendo tantas acciones y tantas desgracias en pueblos enteros. Por lo tanto, no sólo era necesario sino conveniente y se felicita. En segundo lugar, a mí me hubiese gustado que los países que son los que dinamizan ese tipo de fondos y esas políticas hubieran estado a favor justamente de esa regulación por una vez y no dejarlo a la libre iniciativa que al final redunda sólo en el beneficio particular y en la desgracia de una generalidad. En tercer lugar, creo que representa un éxito para Argentina y para los países que están siendo víctimas de la acción depredadora de esos fondos internacionales que no tienen ninguna regulación, que no se sabe realmente cómo y que de qué forma están y que se nutren también de la acción de muchos paraísos fiscales, algo que no puede aceptarse. El ámbito de la defensa y adquisición de Derechos Humanos es básico en la nueva visión integral como la que Argentina tiene, entonces, tendría que estar presente en la nueva normativa. 

–¿Por qué se da en este momento la resolución ONU? El ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni había dicho que las grandes potencias se ocupan cuando los temas los alcanzan…

–Puede ser, pero se ha visto que faltaba una regulación necesaria, falta una estructura internacional en la materia. Que sea ahora puede evidentemente ser consecuencia de lo que estamos viviendo: un país soberano y otros países de la región que pueden estar en la misma situación han dicho basta, tenemos que conseguir una racionalidad en este tema porque están en juego muchas vidas, mucha tranquilidad y el funcionamiento de todo el país.

–¿Cómo evalúa la reciente Ley de Pago Soberano?

–Es un ejercicio soberano del Parlamento y creo que es acertado. No veo cuál es la necesidad de ubicar ese desarrollo de la justicia fuera del territorio cuando hay mecanismos dentro que se pueden hacer y en todo caso hay mecanismos internacionales que a posteriori pueden intervenir si hay conformidad entre ambas partes.

–Hablando de daños financieros, su fundación está elaborando un proyecto para que los delitos económicos sean considerados, según el caso, de lesa humanidad… 

–Hay dos tipos de delitos económicos cuando los vinculamos a lesa humanidad: por un lado están las consecuencias del aprovechamiento económico, la financiación de la represión y el desarrollo de crímenes de lesa humanidad como ha ocurrido en Argentina. Luego hay otro tipo de conductas que inciden en el orden económico financiero y que, según cada vez más autores, podrían ser crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo la explotación abusiva de recursos naturales cuando entran en conflicto con la protección de los pobladores o pueblos originarios o cuando dañan el ecosistema de forma sistemática. También podemos hablar de los hechos que significan desvíos de fondos para ayudas humanitarias, la acción de agencias de calificación, que con procedimientos arbitrarios llevan a un país al borde a una crisis económica y humanitaria grave. También el desarrollo de actividades relacionadas con la especulación con productos básicos como alimentos o medicamentos. Hay una serie de conductas que cuando se realizan en forma masiva, formando parte de acción sistemática de sectores contra la población, se pueden empezar a catalogar como aquellos otros actos que ya se reconoce que afectan a la naturaleza humana. En ese sentido estamos trabajando para definir estas conductas.

–En caso de que estas nuevas definiciones avancen impactarían en empresas y personas muy importantes, ¿se podrá contrapesar la resistencia de estos sectores?

–Nunca va a ser fácil, pero lo que estamos viendo, cada vez más con claridad, es la acción depredadora de muchas multinacionales. Pero también les cabe responsabilidad a quienes, teniendo la obligación de aplicar mecanismos de contención. no lo hacen. Obviamente, va a haber resistencia, como está habiendo ahora mismo en el ámbito de los denominados fondos buitre. Otro de los ámbitos en los que hay que estar preparados para evolucionar. De hecho, de ahí se desprende el reclamo de un nuevo orden jurídico. Ejemplos muy claros: de dónde surgen sus fondos, dónde están radicados, qué uso se hace de los mismos. En la misma línea se ubica la crisis económica que ha habido, con acción sistemática de grandes entidades bancarias. En todos esos pasos hay necesidad de tipificarlos, y mientras tanto utilizar las figuras penales a las que podamos acudir. 

–¿Dentro del Poder Judicial también se encuentra una acción cómplice de este tipo de delitos?

–El sistema en cualquier país, tal como está diseñado, es manifiestamente inadecuado para combatir este tipo de criminalidad. No obstante, eso no puede significar que se inhiban, por el contrario, tiene que ser una base para impulsar acciones por parte del Poder Judicial que tiendan a la protección integral. En Argentina hay iniciativas en el ámbito del ministerio público, con fiscales que cada vez más se dan cuenta de que esa es la línea, esa es la acción que se debe tener para investigar crímenes económicos masivos, crímenes financieros, lavado de activos. Porque claro, olvidamos sistemáticamente que cualquier crimen contra la humanidad en su base está o va acompañado con unas consecuencias económicas evidentes que pueden estar en la génesis de lo mismo, y no dice mucho de un sistema judicial. En ese sentido el sistema judicial de los países tiene que buscar la fórmula de  investigar este tipo de macro-criminalidad y las consecuencias masivas para la generalidad de la población. 

–¿Ya hay alguna idea de cuáles serían las penas a establecer para este tipo de delitos? 

–La propuesta que elaboramos ya está hecha, pero se va a someter en discusión en todos los continentes y grupos de trabajo. Hay que prestarles atención a los nuevos principios de la jurisdicción universal. No solamente para los crímenes de genocidio, guerra, lesa humanidad, sino
también a los crímenes económicos masivos y también a muchos otros que se pueda aplicar el criterio de extraterritorialidad del Estado. Y también la responsabilidad penal de las empresas. Las penas estarán proporcionadas según la gravedad de las conductas que se comentan, desde luego no serán irrisorias como algunas penas que afectan el ámbito económico que no se corresponden con la gravedad. La cuestión no está tampoco en la máxima gravedad de la pena, sino en la proporcionalidad con la gravedad de la conducta del crimen. La idea es conseguir un punto de encuentro, un punto de apoyo para iniciar la concientización.  Obviamente hay países, como la Argentina hoy en día, que están mucho más sensibilizados porque están sufriendo la acción este tipo de desacuerdos económicos patrocinados por acciones judiciales más que criticables, que pueden ser legales pero desde luego no se corresponden con la equidad y desde luego olvidan, como el juez Griesa, que hay millones de personas que pueden resultar afectadas. La ley no es solamente la letra fría escrita, sino que hay que dotarla de alma y ver las víctimas que pueden ser afectadas para tomar una decisión racional y eficiente. 

–Ya que lo menciona, no sólo Griesa, sino también la Cámara de Apelaciones del segundo circuito en Nueva York y la Corte Suprema se inclinaron a favor de los buitres. ¿Cómo evalúa el accionar del sistema judicial estadounidense en este caso?

–Creo que ha faltado abordar el planteamiento que hacía referencia antes. No es sólo un fallo comercial en una jurisdicción pactada, es mucho más. Me gustaría que el juez norteamericano o en todo caso también la Corte Suprema o a quien le correspondiera, dijera “muy bien, aquí hay una obligación contractual que hay que cumplir pero profundicemos en el origen, quiénes son los acreedores que de forma insistente reclaman, cuál es el origen de los fondos, cómo están compuestos”. Y más allá, cuáles son los afectados. Esto no es una cuestión entre particulares. Le reclamas una deuda a una particular y te la paga o te la paga. No. Esto afecta a millones de personas y por lo tanto tiene que haber una racionalidad mayor. El sistema norteamericano es precisamente de derecho anglosajón y puede perfectamente innovar sus tipos de acciones como ningún otro. Ni siquiera es tan estrictamente formalista como otros sistemas. Por lo tanto, creo que debería ser consciente y tener en cuenta esos elementos. Hay que tener en claro que es una jurisdicción pactada, pero el juez debería considerar que Argentina también es soberana para tomar decisiones. Y también se está viendo que ese abuso no se puede consentir. No es sólo una cuestión de formalidad.

–¿El cambio que espera usted debe generarse en primer término al interior del sistema judicial o los Ejecutivos deben impulsarlo? En este último caso van a aparecer grupos que denuncien presión de un poder a otro.

–Creo que esto es una cuestión de Estado. Todo tema de deuda derivada o que está exigiéndose a partir de la justicia norteamericana, y la posición frente a esa decisión, yo creo que no es una decisión política de un Ejecutivo sino que debe integrar a toda una Nación. Se debe concientizar a los grupos políticos de que esto no debe ser cuestión para confrontación política sino de apoyo para solucionar este tipo de conflictos. En ese sentido las modificaciones legislativas tienen que producirse y ya se están produciendo. De todas formas, tienen que producirse cambios desde la justicia para ver de qué estamos hablando y qué posibilidades hay. Que no sólo se responda a los requerimientos del juez norteamericano, sino ver si se puede llevar adelante algún tipo de iniciativa. 

–En el caso de las dictaduras o los delitos económicos persistentes protagonizados por personas que ya están muertas, ¿se le puede endilgar responsabilidad penal a la empresa desde la que accionaban?

–Una cosa es la responsabilidad personal de las personas físicas que cometieron los hechos y en ese sentido si hay elementos suficientes para la imputación y la condena que se tiene que producir después de un juicio con todas las garantías; y otra cosa son todas las acciones que a través de las empresas se han producido también facilitando o formando parte del mismo desarrollo criminal que aconteció durante la dictadura. En este segundo caso, obviamente la responsabilidad se puede producir, pero también hay que investigar a la estructura en su forma actual, y desde luego hay que perseguir la misma porque establece la relación de causa efecto entre lo que aconteció en ese momento y la realidad actual de la empresa. Obviamente no puede verse exenta de la misma. No se puede analizar con independencia lo uno de lo otro. La responsabilidad penal se puede ir con la muerte de un imputado pero las consecuencias civiles pueden seguir debatiéndose en otros ámbitos. Pero más allá de eso las empresas tienen una personalidad jurídica diferente, y por lo tanto, si están al día de hoy funcionando, obviamente se puede continuar en tanto y en cuanto se establezca una relación causal. «

Instancia de debate a nivel local

Esta semana, Garzón moderó una jornada en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde abordó la problemática económica junto al juez de la Corte Raúl Zaffaroni. 

El ex magistrado tiene en España una Fundación que trabaja sobre estos temas. Y, en paralelo, el especialista en Derecho y asesor del Tribunal de la Haya brinda en Argentina diferentes cursos sobre el tema y cuestiones vinculadas a los Derechos Humanos.

 

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