El protagonismo de las FFAA

México 

La crisis que está viviendo el gobierno de Enrique Peña Nito puede transformar el papel de las fuerzas armadas mexicanas. El equilibrio estatal está en peligro con un ejército que cada vez tiene más libertad y atribuciones para actuar. Mientras le sigan permitiendo empoderarse y actuar contra la sociedad, el protagonismo militar seguirá creciendo. Se deben redefinir sus funciones. 

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Jorge Javier Romero Vadillo- Sin Embargo (México) 

En medio de la crisis política que no cesa, aparece uno de sus principales afectados: el ejército. Algo está ocurriendo en la relación entre las fuerzas armadas y el gobierno y desde luego en la relación entre la sociedad mexicana y su ejército que puede cambiar los equilibrios estatales construidos durante la época clásica del régimen del PRI.

El ejército mexicano es una organización peculiar, marcada por su origen revolucionario, pero sobre todo por su renuncia a ejercer directamente el poder político, hecho fundamental del pacto de consolidación del que emergió el PRI en 1946 y que marcó la singularidad mexicana entre los países de América Latina, donde los ejércitos de casta una y otra vez usurparon el poder durante el pasado siglo.

Habían sido los generales los que habían institucionalizado a la revolución. Sin embargo, desde muy pronto los caudillos revolucionarios que se hicieron con el control del territorio —finalmente Obregón y Calles—, se dieron cuenta de que necesitaban ensanchar su coalición de poder y que no podían seguir siendo las armas las que definieran la competencia política, sobre todo después de la crudelísima rebelión delahuertista, que acabó con la vida de buena parte de los generales y oficiales del bando constitucionalista. Desde muy pronto, los caudillos buscaron aliados en el movimiento obrero y en el agrarismo, para ampliar su base de legitimidad.

Sin embargo, incluso después del pacto de 1929, del que surgió el PNR y que hubiera sido imposible sin la participación de políticos civiles, los generales siguieron siendo el núcleo central del grupo en el poder y la ascendencia sobre el ejército un elemento indispensable para ejercer la presidencia de la República. Con la nueva ampliación del pacto político propiciada por Cárdenas, concretada en 1938 en la institucionalización del corporativismo, se redujo el peso del ejército en la coalición política dominante, al grado de que en el diseño original del Partido de la Revolución Mexicana el militar no es más que el cuarto sector de la organización partidista, cuando mucho con la misma relevancia que cada uno de los otros tres —obrero, campesino y popular— y en todo caso en minoría frente a las corporaciones civiles.

” El ejército mexicano se convirtió en uno más de los socios de la coalición gobernante, con poder veto sobre asuntos que le competieran y con un papel fundamental en el mantenimiento del orden autoritario. Es cierto que el régimen no fue abiertamente represivo, pero el ejército siempre estuvo ahí para reducir a los a los disidentes cuando éstos rebasaban los márgenes tolerados “

La evolución del partido oficial desde su forma primitiva de 1929 hasta su transformación en PRI es, en buena medida la historia de la retirada del ejército del ejercicio directo del poder y su conversión en un cuerpo de carrera, con un sistema claro de ingreso, promoción estímulos y retiro. La llegada de Ávila Camacho a la presidencia ya no fue producto de su historial revolucionario, sino de su ascenso en la carrera burocrática dentro de las mismas fuerzas armadas. Él, junto con Miguel Alemán, fue el artífice de la normalización del régimen, de su autoproclamada institucionalización. Primero, sacó al ejército de las corporaciones subordinadas a la disciplina partidista con la eliminación del sector militar del PRM; con ello, el ejército ganó autonomía y se colocó al margen de las disputas políticas. A cambio, obtuvo inmunidad casi absoluta, un sistema de profesionalización relativamente bien retribuido y carta blanca para administrar de manera patrimonial las zonas militares en los ámbitos de su competencia.

Si con el arribo de Miguel Alemán a la presidencia y la proclamación del civilismo, los generales dejaron de lado la disputa por el centro del poder, con el pacto consiguieron cuotas estables  de representación en las cámaras legislativas y su tajada de poder regional, pues también participaban en el reparto de los gobiernos estatales. Simbólicamente, la presidencia del PRI estuvo reservada durante buena parte de la época clásica del régimen para un general. Al igual que la marina —que fue creciendo en importancia a partir de que el propio Ávila Camacho la separó del ejército y  le creó su propia secretaría para administrar su carrera—,  el ejército mantuvo una participación directa en el gobierno, la cual subsiste y es una anomalía respecto a la inmensa mayoría de las democracias, donde la política de defensa la encabezan civiles.

El ejército mexicano se convirtió en uno más de los socios de la coalición gobernante, con poder veto sobre asuntos que le competieran y con un papel fundamental en el mantenimiento del orden autoritario. Es cierto que el régimen no fue abiertamente represivo, pero el ejército siempre estuvo ahí para reducir a los a los disidentes cuando éstos rebasaban los márgenes tolerados. Se usó al ejército contra los ferrocarrileros en 1948 y 1960 y contra los mineros en 1953. Si bien esas intervenciones no fueron sangrientas, si implicaron violaciones de derechos humanos; fueron más frecuentes las muertes en las acciones militares contra movimientos de solicitantes de tierra con ocupaciones.

En los turbulentos años de la década de 1960, con la proliferación de movimientos guerrilleros inspirados por la revolución cubana,  el uso del ejército en tareas de seguridad interna aumentó y en 1968 se le usó contra el movimiento estudiantil, hasta provocar la tragedia. En los setenta, fue parte fundamental de la guerra sucia desatada en 1973 contra las guerrillas y en la contención violenta de la protesta campesina. También es entonces cuando se le comienza a usar en la guerra contra el narcotráfico.

Durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, el papel del ejército se redujo de nuevo. No apareció ya en la contención de los movimientos sociales; sus tareas se vieron constreñidas a la persecución laxa del narcotráfico y a tareas de protección civil. La percepción social de las fuerzas armadas mejoró y llegaron a ser las organizaciones públicas más valoradas.

” El intento de frenar el comercio de drogas con acciones militares, sin consideraciones respecto a las garantías jurídicas o los derechos humanos, ha revivido los tiempos de abusos y conductas atrabiliarias de unas organizaciones diseñadas para el enfrentamiento abierto, no para realizar operaciones policiales con las restricciones correspondientes a un Estado de derecho “

Entre las inmunidades conseguidas por la fuerzas armadas durante la época clásica del PRI estuvo la de la protección frente a la crítica y el escrutinio político o público. El tópico repetía que en la prensa mexicana no se podía criticar ni al presidente ni al ejército; de ahí para abajo todo se valía y las opiniones favorables o desfavorables dependían de la generosidad o tacañería de cada secretario o funcionario relevante, quienes por lo general optaban por mantener a sueldo a los reporteros de sus respectivas “fuentes”. Lo que ocurría en las fuerzas armadas se quedaba en las fuerzas armadas. Prácticamente ningún militar de alto rango fue procesado por delitos vinculados a su cargo. Los abusos de la guerra sucia quedaron impunes, mientras en los países del Cono Sur, donde los militares fueron los responsables polít
icos de la contención de la disidencia, ha habido comisiones de la verdad y juicios por asesinatos y desapariciones llevadas a cabo por las respectivas milicias.

El involucramiento masivo del ejército y de la marina en la guerra contra las drogas como eje de la estrategia de Calderón colocó a las fuerzas armadas en un papel que no habían tenido desde la guerra sucia de los años setenta. El intento de frenar el comercio de drogas con acciones militares, sin consideraciones respecto a las garantías jurídicas o los derechos humanos, ha revivido los tiempos de abusos y conductas atrabiliarias de unas organizaciones diseñadas para el enfrentamiento abierto, no para realizar operaciones policiales con las restricciones correspondientes a un Estado de derecho. Calderón creó zonas con estados de excepción bajo control militar sin respeto alguno al orden constitucional y tanto el ejército como la marina actuaron en consecuencia. Los indicios de abusos graves son abundantes. El caso de Tlatlaya sólo es la muestra que ha salido a la luz y ha quedado bajo el escrutinio mundial, pero parece ser la evidencia de un comportamiento habitual que ha producido un índice de letalidad extremadamente alto en la intervenciones del ejército o la marina en operaciones contra narcotraficantes.

Esta semana, en un hecho inusitado que puede resultar trascendente en el conocimiento de la manera de operar de las fuerzas armadas en sus acciones de control territorial, la PGR y la CNDH filtraron a los medios evidencias de que el ejército alteró la escena de los hechos de Tlatlaya, en un presunto intento de encubrimiento de los soldados que llevaron a cabo la ejecución de los presuntos delincuentes rendidos. Semanas antes, los discursos exaltados del secretario de Marina y del secretario de la Defensa mostraban que algo no andaba muy bien en la relación con el gobierno: demasiadas reiteraciones de adhesión, excesivo énfasis en la coincidencia con el proyecto presidencial.

Por otra parte, si bien las han hecho sin presentar prueba alguna, las acusaciones de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa cuando reclaman al ejército la retención de sus hijos, cala en sectores importantes de la opinión movilizada. La percepción social de las fuerzas armadas se ha deteriorado severamente y el escrutinio público sobre sus actos será cada vez mayor.

La crisis puede cambiar el papel que las fuerzas armadas han jugado en el arreglo político mexicano. Bueno sería que de aquí saliera una redefinición clara de sus funciones y atribuciones. Necesitamos un ejército para la paz, que deje de usarse para combatir a los enemigos internos y se convierta en auténtico garante del papel de México en el mundo. Bien le haría a las fuerzas armadas mexicanas involucrarse en las operaciones internacionales de paz dirigidas por las Naciones Unidas. Tal vez así, el respeto a los derechos humanos y el comportamiento acotado por la legalidad penetrarían en su manera de hacer las cosas.

 

Juan Ibarrola- Milenio (México) 

Son muchos y enormes los retos del gabinete Peña Nieto para este año que comienza. Política, seguridad pública, economía, salud, educación, energía y sobre todo desarrollo social —donde entra el campo, la vivienda, la urbanización y un sinfín de necesidades para la gente— serán la moneda de cambio a gastar de enero a junio.

Los retos de los partidos políticos también —y como nunca— serán mayores. Hemos llegado a un punto, como electores, donde un candidato, una campaña, una elección y su ya sabida guerra sucia, fuego amigo, o como le quieran llamar, se han convertido en la peor de las mierdas que tenemos que sufrir y que no hay forma de dejarlo de vivir así. No existe interés de partidos ni partidarios por sus electores. Solo importa ganar.

¿Por qué son mayores los retos para el gobierno?

Simple. 2015 es año de elecciones intermedias. 2015 inicia con una serie de pendientes en la agenda del gobierno de la República que, se supone, ya estaban rebasados en el primer semestre de 2014. El próximo 6 de enero se reúnen los presidentes de México y Estados Unidos, en la primera visita del mexicano a Washington como jefe de Estado, y por decirlo de una manera correcta, se fijará la estrategia a seguir hasta 2018 entre ambos países en todos sus sectores de interés.

La economía y la seguridad familiar serán las dos grandes demandas de este año; de aquí que mujeres y hombres del Presidente deban demostrar que son capaces de adaptarse a nuevas realidades. Es un hecho, las condiciones financieras mundiales van a impactar a nuestro país, por mucho que no se quiera ver así. También un hecho será que las condiciones para la negociación y operación política en 2015 se verán sumamente afectadas por la situación nacional en esos rubros.

¿Los secretarios de Hacienda y de Gobernación estarán preparados para todo lo que se viene?

Para los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, el panorama es distinto. Las fuerzas armadas han demostrado poder anticiparse y adaptarse a las necesidades que el país requiere de ellos.

Las fuerzas armadas de México pueden ser mejores de lo que son. Lo que nunca sucederá es que en su accionar no estén a la altura de las circunstancias. Pueden ser mejores si se les destina un mejor presupuesto. Pueden ser mejores si se les otorga certeza jurídica que provoque que en sus acciones estén protegidos tanto civiles como militares. Serán mucho mejores en función de la compresión y el apoyo que le demos como sociedad a su labor.

” La economía y la seguridad familiar serán las dos grandes demandas de este año; de aquí que mujeres y hombres del Presidente deban demostrar que son capaces de adaptarse a nuevas realidades. Es un hecho, las condiciones financieras mundiales van a impactar a nuestro país, por mucho que no se quiera ver así “

Para 2015, Ejército, Marina y Fuerza Aérea seguirán desarrollando tareas de defensa interior del país. ¿Y esto qué significa? Significa que seguirán en las calles combatiendo a una delincuencia a la que las autoridades civiles le han permitido, nuevamente, empoderarse y actuar contra la sociedad. Significa que, mientras la constitucionalidad federal y estatal, y también la libertad municipal, lo soliciten y permitan, las fuerzas armadas estarán ahí. Significa que a pesar de los métodos, serán las fuerzas armadas las que sigan deteniendo a los líderes criminales de este país, como ocurrió con los 19 capos detenidos en 2014.

Significa que seguirán regresando gobernabilidad y viabilidad en los lugares que se necesiten, como es el caso de Tierra Caliente, en Guerrero y Michoacán, y por supuesto sin las intenciones políticas de hombres como Hipólito Mora, que ahora quiere ser diputado. Bueno, una vez que salga de la cárcel. Hace más de 40 años que no se ve a generales o almirantes lanzándose a la política.

Las fuerzas armadas serán en 2015 parte esencial para que el presidente Peña Nieto ofrezca las garantías que muchos sectores le están demandando.

También la protección de la seguridad interior significa que no importando el tamaño del desastre natural, ahí estarán con sus planes DN-III-E y Marina, para hacerle frente a lo que las autoridades no están preparadas; y peor aún, que no se quieren preparar, ya que saben bien que los militares vendrán a socorrerlos.

La unidad entre el Ejército, la Marina Armada y la Fuerza Aérea ha sido exitosa y sobre todo bienvenida, no solamente por generales y almirantes, sino también entre jefes, capitanes, oficiales, tenientes, tropa y marinería.

Así llegan las fuerzas armadas a 2015, unidas y dispuestas a seguir así.

Las preguntas que debemos hacernos como sociedad son:

¿Qué esperamos de soldados y marinos?

¿Cómo los percibimos ahora?

¿Qué vamos a aportar para apoyar su trabajo?

¿Quiénes son los verdaderos afectados de las cam
pañas negativas en su contra?

 

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