Falsos positivos en Colombia: identificaron al primer cuerpo de la fosa común del ejército

Tras dos meses de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comprobó la identidad de uno de los 50 cadáveres hallados en las excavaciones de Dabeiba, la primera fosa común masiva de falsos positivos en el país. El cuerpo de un joven que había sido asesinado por el ejército hace 18 años fue entregado a la familia. Las excavaciones continúan mientras tanto en la zona par dar con más víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

El primer cuerpo identificado pertenece a un hombre de 26 años, Edison Lexander Lezcano, cuya familia había registrado como desaparecido en 2002. Del joven se sabe que era campesino, padre de tres hijos y estaba casado. Un día se lo llevaron de su casa y nadie supo jamás sobre su paradero hasta que un soldado habló de los asesinatos en Dabeiba.

En diciembre de 2019 la JEP recibió el testimonio de un militar que por primera vez se refirió a la existencia de una fosa común con “más de 50 civiles” ejecutados por soldados, que los hicieron pasar por rebeldes caídos en combate. El militar decidió colaborar con ese tribunal surgido del acuerdo de paz de 2016 y condujo a los investigadores hasta el cementerio Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia (noroeste).

Sus declaraciones destaparían un capítulo de ejecuciones extrajudiciales desconocidas, con características inéditas en la historia del conflicto colombiano. Hasta entonces, jamás se había encontrado una fosa común de falsos positivos.

Los crímenes cometidos entre 2006 y 2007 en Dabeiba engrosaron el expediente de lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de al menos 2.248 personas en las últimas décadas. El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

El mismo militar habló de asesinatos de inocentes. El único objetivo de la práctica era sumar cuerpos para inflar los logros del ejército. Decenas de jóvenes fueron engañados con promesas de empleo, desplazados de sus territorios y llevados lejos para ser asesinados y disfrazados de guerrilleros. La JEP y Medicina Legal exhumaron ya 17 cuerpos que están en proceso de ser identificados para ser entregados a sus familias.

El gobierno de Uribe destituyó en su momento a altos mandos y modificó las directrices de guerra para evitar más ejecuciones. Más de mil uniformados, la mayoría de ellos suboficiales, fueron condenados en la justicia ordinaria por los crímenes de civiles y 148 se acogieron voluntariamente al tribunal de paz, según cifras oficiales