Expulsan a una misión de la ONU por denunciar represión

El presidente Daniel Ortega expulsó del país a una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), luego de que denunciara un “alto grado de represión” de las protestas contra el Gobierno.

Así lo anunció este viernes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuya presidenta, Vilma Núñez, tildó de “inaudita” la decisión del gobierno de Ortega, que enfrenta desde abril pasado una ola de protestas que han dejado centenares de muertos.

Según el Cenidh, la misión de la ONU tiene hasta el mediodía de este viernes para salir de Nicaragua, de acuerdo con lo ordenado por Ortega, de 72 años.

La misión de la ACNUDH llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que según el informe que emitió el pasado miércoles en Ginebra ha dejado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”, y de momento ninguno de sus integrantes se ha referido a la expulsión ordenada por Ortega.

La misión, encabezada por el peruano Guillermo Fernández Maldonado, ya había denunciado “obstáculos” para realizar su trabajo en Nicaragua.

En el informe emitido el miércoles, la ACNUDH señaló el “uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”, entre otras violaciones a los derechos humanos contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.

También lo responsabilizó de “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión”.

El presidente nicaragüense rechazó el informe “por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva”.

El informe de la ACNUDH recibió a su vez el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas contra Ortega y Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas reformas de la seguridad social que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.