Evangelistas y antivacunas se oponen al pase sanitario en Bolivia

Iglesias evangelistas y grupos de antivacunas se presentaron ante la justicia boliviana para pedir la nulidad del pase sanitario que exige para asistir a ciertas actividades el esquema completo de vacunación contra el coronavirus o en, caso contrario, una prueba PCR con resultado negativo.

«Planteamos un recurso de acción popular para dejar sin efecto los decretos supremos 4640 y 4641, (que) se constituyen en decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales», informó a periodistas el abogado Gabriel Justiniano, representante de los evangélicos y otros grupos demandantes.

La demanda fue descalificada de inmediato por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien insistió en el argumento oficial de que la vacunación sigue siendo voluntaria y que quienes no tienen carnet de inmunización pueden presentar alternativamente una prueba PCR.

La demanda de acción popular -un recurso que exige a las autoridades el cumplimiento de la Constitución- fue presentada por el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, el exlíder sindical Jaime Solares, dos médicos conocidos por usar el dióxido de cloro para combatir el Covid-19 -un tratamiento desaconsejado científicamente y que tuvo secuelas fatales- y un comité cívico de la ciudad de El Alto, dijo Justiniano.

El abogado defendió el recurso judicial porque sostuvo que la exigencia de un carnet de vacunación constituiría en la práctica una forma de obligar a la inmunización, lo que consideró contrario a normas constitucionales que protegen el derecho ciudadano a decidir sobre cuestiones de la salud.

La respuesta del gobierno

El ministro Lima aseguró que los decretos sobre el carnet de vacunación se ajustan «estrictamente» a la Constitución y protegen el derecho colectivo a la salud sin afectar las libertades individuales.

Pese a algunas críticas de sectores antivacunas, la medida provocó un fuerte aumento de la demanda de inoculantes y pruebas de Covid-19.

«Pensamos que no existen argumentos constitucionales jurídicos y sí una serie de falacias, de mentiras, de medias verdades, que no aplican y que definitivamente van a ser respondidas por el Gobierno nacional en todos los tribunales donde seamos convocados», aseguró Lima.

La exigencia de carnet de vacunación o prueba PCR negativa de Covid-19 para acceder a lugares públicos o de concentración de personas está vigente desde el 1° de enero, como respuesta de urgencia a la explosión de una cuarta ola de contagios con el nuevo coronavirus.

En esta nueva ola de coronavirus en la región andina, Bolivia lidera el alza de nuevos casos en relación a su número de habitantes.