Esterilizaciones forzadas en Perú: “Lo logramos”, las víctimas celebran el procesamiento a Fujimori después de 25 años

Perú pedirá una ampliación de la extradición del encarcelado exdictador Alberto Fujimori para que rinda cuentas en un proceso penal por las miles de “esterilizaciones forzadas” de mujeres efectuadas entre 1996 y 2000. “Lo logramos”, celebraron las más de dos mil mujeres que reclaman justicia hace 25 años y que recientemente habían denunciado las demoras en la causa

El juez Rafael Martínez decidió el sábado enjuiciar a Fujimori y varios exministros por el caso. A raíz de un recurso presentado por el exdictador, luego se suspendió su procesamiento por no hallarse dentro del convenio de extradición entre Santiago y Lima por el que Fujimori volvió a Perú en 2007. Sin embargo, Perú ya adelantó que pedirá su extención para poder juzgarlo. 

Se estima que más de 300 mil peruanas, en su mayoría campesinas e indígenas, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó adelante en sus últimos cuatro años en el poder. En estas cirugías murieron 18 mujeres.

Durante la sesión, el juez Rafael Martínez leyó los más de 1.300 nombres de las mujeres que iniciaron la denuncia por haber sido sometidas a ligaduras de trompas en contra de su voluntad. Ellas celebraron a través de las redes sociales “este primer gran hito en el camino de justicia para las víctimas”.

Fujimori, el “máximo responsable”

Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.

Según la denuncia, Fujimori sería el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

En anteriores audiencias, el magistrado ya había considerado que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados y reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, entre ellas la de Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.

El exmandatario, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.

En la misma causa, procesaron también a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, y a Ulises Jorge Aguilar, como presuntos autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder”.