Escándalo institucional en Bolivia: el gobierno de facto arrestó al juez de la causa de los respiradores

El gobierno de facto ordenó detener al juez Hugo Huacani, a cargo de la investigación por la compra de respiradores con sobreprecio a España, y lo liberó al otro día, en medio de denuncias de la comunidad internacional por violaciones a la independencia judicial. Al escándalo de corrupción por los 2 millones de sobreprecio ahora se sumó un caos institucional. La Asociación de Magistrados y jueces de la Paz denunció que se trató de una “aprehensión ilegal”, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidieron que se aclare la situación.

Huacani fue detenido el viernes por la policía en su tribunal, sin orden judicial. Justo antes el magistrado había dictado la prisión preventiva para el despedido ministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros tres funcionarios, por la compra con sobreprecio de equipos para pacientes con coronavirus. Huacani fue liberado al día siguiente por un juzgado de Garantías Constitucionales que cuestionó la legalidad de su aprehensión.

Por el hecho, la asociación de Magistrados de La Paz y el Colegio Nacional de Abogados se declararon en situación de emergencia ante la “intromisión del Gobierno en la independencia del Órgano Judicial». “En derecho, si yo no tengo razón o tomé mal la decisión, ellos debieran recurrir al tribunal superior, que sean las salas penales que definan si me equivoqué o no”, subrayó Huacani tras ser liberado. 

La Fiscalía Departamental de La Paz aseguró luego en un comunicado que como institución «no tuvo participación ni ha emitido ninguna orden de aprehensión» en contra de Huacani. Del mismo modo, el Ministerio de Justicia aclaró que «no solicitó la aprehensión ni presentó ninguna denuncia» contra el juez. 

Sin embargo, el Ministerio del Interior admitió luego que ordenó la detención del juez por «una posible parcialización en un anterior caso de cesación de detención preventiva». Puntualmente, el gobierno de facto alegó que actuó por el presunto delito de prevaricato del juez, quien dictó previamente una detención domiciliaria para una extrabajadora del hogar del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, dentro de la investigación por la supuesta comisión del delito de terrorismo.

“No sé si hubo (mano negra) o no, tampoco para determinar quién es el que ha motivado todo esto. Pero me detuvieron a las 16:00 y la denuncia apareció después, a las 19:00”, alertó el magistrado.

Las críticas de la CIDH, Oacnudh y HRW

La Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos había reclamado el domingo que se investigaran “las causas y autores que llevaron a la aprehensión del juez con el propósito de evitar que estas acciones indebidas se repitan». En esa misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogó este miércoles por la «independencia judicial» y pidió que se esclarezca el caso. 

«La independencia judicial es vital para la vigencia del Estado de Derecho», dijo la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos, y llamó «a las autoridades competentes a realizar investigación sobre circunstancias de aprehensión del juez Hugo Huacani -ya liberado- y respetar el debido proceso».

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó también en Twitter la actitud del gobierno interino derechista de Jeanine Áñez.

«El gobierno de Bolivia admite que ordenó el arresto de un juez en flagrante tras decretar una liberación condicional. Por esa lógica, podrá encerrar a todo juez que emita una decisión que no le guste siempre que actúe velozmente para agarrarlo ‘en flagrante’. Un desvarío», escribió Vivanco.

La causa por los respiradores

El caso investiga una compra por supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor de 170 respiradores a una empresa en España, que están destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus. Por la adquisición Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares y estaba previsto otro desembolso por unos cinco millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Huacani dictó la prisión preventiva al exministro Navajas por tres meses en un penal en La Paz. El exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando V., el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P. y el conocido en este proceso como «testigo clave» Luis Fernando H., también tienen detención preventiva por seis meses.