Escándalo en Bolivia: le negaron un aborto a una niña de 12 años víctima de una violación

La Defensoría del Pueblo de Bolivia anunció que interpondrá acciones constitucionales para que se garantice una asistencia médica integral para la niña de 12 años que resultó embarazada luego de ser violada por su abuelastro.

“Estamos solicitando que se otorgue a la menor de edad una asistencia integral multidisciplinaria, que nos diga cuál es la situación de la salud de la niña”, dijo la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, en un comunicado de prensa.

El suceso ocurrió en la localidad de Chimoré, en la zona central del Trópico de Cochabamba, y fue conocido el pasado 2 de junio por la Defensoría de la Niñez y un centro de salud de ese municipio. Sin embargo, la respuesta de protección de estas instancias “ha sido nula, pues la dejaron de lado y resguardaron otros derechos ajenos a ella”, denunció la Defensoría del Pueblo.

Según el organismo, la niña, que presenta “alto riesgo obstétrico”, fue enviada a principios de mes al Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, en la ciudad de Cochabamba, donde tampoco se le brindó una atención integral y se desoyeron sus pedidos para no continuar con la gestación.

En ese hospital “no han hecho ningún tipo de valoración integral respecto a la salud, integridad y vida de la menor. Ellos básicamente quieren que la menor espere cinco semanas más de tortura” y dé a luz, manifestó Cruz.

Una junta médica que niega derechos

Según medios locales, el director del hospital, José Pardo, señaló que una junta médica optó por no interrumpir el embarazo, que ya lleva unas 23 semanas.

Cruz lamentó que el personal médico, “a través de sus omisiones y posiciones personales, desprotege a las menores víctimas de violencia sexual, que tienen derecho a ser escuchadas y asistidas por el Estado”.

La funcionaria urgió a que actúen el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, la Gobernación y las alcaldías de los municipios involucrados “porque lo que está haciendo el personal defensorial y de salud señalados es ser cómplices de un hecho de tortura”, según el comunicado.

Medida cautelar para frenar la tortura

La Defensoría anunció que presentará “una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano” pues “se siguen ejecutando los hechos de tortura” contra menores embarazadas por violación.

También demandará penalmente a las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Chimoré y Cochabamba, al personal médico de los hospitales que atendieron a la menor y al Sedes por “incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y tortura”.

En los últimos meses se conocieron diversos casos de niñas embarazadas por violación, algunas que llegaron a dar a luz y otras situaciones en las que hubo dificultades para que se pueda cumplir la disposición legal que permite interrumpir la gestación que es consecuencia de un abuso sexual.

A raíz de estos casos, organizaciones feministas reclaman que Bolivia tenga una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la salud y la vida de niñas y mujeres.