“Es inaceptable”: México investiga esterilizaciones forzadas en centros de detención de migrantes de EE. UU.

México inició una investigación contra un centro de detención migratorio de Estados Unidos por posibles casos de esterilizaciones forzadas a detenidas. El caso se develó luego de que una enfermera denunciara que un ginecólogo del centro había realizado múltiples histerectomías innecesarias, a las que algunas mujeres accedieron sin entender de qué se trataba el procedimiento y otras obligadas a la fuerza.

Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Project South y Government Accountability Project, presentaron hace dos semanas una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para denunciar las prácticas ilegales que ocurren en la prisión de Irwin.

El Gobierno mexicano pidió al gobierno estadounidense “información detallada” sobre la extracción del útero a estas mujeres mexicanas. “Es algo inaceptable que rechazamos de antemano aún sin tener toda la información confirmada”, expresó por su parte el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“Incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones y esto tiene que esclarecerse. Si se confirma, es un asunto mayúsculo y debe no solo sancionarse sino tomar otras medidas”, agregó el canciller.

Sumado a esto, más de 170 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron una resolución que condena los procedimientos médicos innecesarios y sin consentimiento, incluidas las histerectomías, en los centros de detención migratoria donde el Gobierno mantiene a más de 20.000 personas. 

La denuncia está basada, principalmente, en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en esa cárcel, que expresó su preocupación por el “alto número” de mujeres presas que habían sido sometidas a histerectomías sin información. 

Diversas fuentes, entre abogados, activistas y mujeres que estuvieron  presas en Irwin, identificaron al médico que realizó las cirugías como Mahendra Amin, un especialista en obstetricia y ginecología en Douglas, Georgia. Aunque Wooten no lo identificó por su nombre, se refirió al médico como un “recolector de úteros”. 

Dos días después, la representante federal por el estado de Washington Pramila Jayapal denunció que al menos 17 mujeres fueron sometidas a cirugías innecesarias. Jayapal dijo que recibió la información de tres abogados que representaban a mujeres que fueron recluidas en ese lugar y sometidas a “procedimientos invasivos y forzados por un ginecólogo” relacionado con esa prisión.

Entre las historias documentadas por Jayapal se encuentra la de una mujer ya deportada que fue a ver al médico por una simple afección relacionada con la diabetes, y que presuntamente terminó siendo sometida a una cirugía ginecológica, mientras que dos migrantes más habrían denunciado que fueron esposadas a la cama y sometidas a procedimientos quirúrgicos, incluida una extirpación del útero, sin ningún consentimiento.

La CIDH, en alerta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación” ante el caso. 

“La CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción y de obtener el consentimiento previo, libre y plenamente informado antes de realizar cualquier intervención médica, incluso la esterilización quirúrgica”, puntualizó la CIDH en su cuenta de Twitter.

El organismo, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, instó al Estado a “poner fin inmediato a las esterilizaciones forzadas, investigar de forma diligente a los hechos, sancionar a las personas responsables y tomar medidas de no repetición, garantizando el acceso efectivo a la justicia de las personas afectadas”.