Elecciones en Bolivia: la ONU denunció graves violaciones a los derechos humanos en las protestas de 2019

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que hubo “asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias” en Bolivia tras las elecciones de 2019. La oficina del organismo reclamó particularmente que se juzgue a los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata, en el Alto, ocurridas durante el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez. Acnudh exhortó además al Estado a que garantice los derechos civiles y políticos durante el próximo proceso electoral. 

El informe elaborado por Acnudh contiene más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades, realizadas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre. La conclusión del organismo internacional fue categórica: constató que, “en diversas ocasiones, la conducta del Estado ante la crisis transgredió los estándares internacionales de derechos humanos”. 

Acnudh documentó al menos 30 muertes durante el período investigado y destacó que al menos 20 de ellas “ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas”. “Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud”, afirmó un comunicado de la oficina de Bachelet difundido en Ginebra, sede del organismo. 

Entre los incidentes más graves que se citan se incluye el asesinato de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de 10 manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz), indica la Oficina. “Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe”, afirma Bachelet. 

También se suma  la detención arbitraria de 28 personas en El Alto el 11 de noviembre de 2019, sometidas a torturas y otras formas de malos tratos por parte de la policía.

Otro motivo de preocupación destacado en el informe es la forma en que funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial. Eso  “pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano, y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso”, remarcó el comunicado. 

En base a todos los datos recabados, se formulan recomendaciones que buscan “fomentar la protección de los derechos humanos, evitar esas violaciones y promover las condiciones necesarias para la celebración de elecciones pacíficas, participativas e inclusivas”.

Las recomendaciones para el Estado

  • Como primera medida, Acnudh pide que se garanticen las investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral, y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares. 
  • Solicita que el mantenimiento del orden público quede reservado a los cuerpos policiales civiles, mientras que la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles competentes. 
  • En ese sentido también exhorta a que se fortalezca el funcionamiento del registro oficial de detención para que incluya toda privación de la libertad y contemple la identidad de la persona detenida, el tiempo, lugar, circunstancias de la detención, autoridad que participó en ella, la cadena de custodia, la causa de la detención y los lugares en los que la persona ha permanecido privada de la libertad. 
  • Fortalecer la autonomía, los recursos y las capacidades del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación, para que pueda desempeñar de forma efectiva su mandato de promoción, diseño e implementación de normas y políticas públicas en contra del racismo y la discriminación, y combatir discursos de odio y otras acciones de intolerancia y discriminación, incluyendo aquellas que provengan del gobierno y funcionarios públicos, autoridades, partidos políticos y otros actores”.
  • Promover un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo la condena sistemática y pública de todo acto de intimidación en su contra y el establecimiento de un mecanismo de protección dotado de recursos suficientes que garantice la seguridad de aquellas personas que se encuentren en riesgo”.
  • Recomienda desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso.
  • Asegurar que la Defensoría del Pueblo sea protegida ante cualquier forma de presión, ataques o represalia vinculada a su trabajo; asegurar que se investigue toda agresión y acción intimidatoria en contra de la institución y su personal. 

Celebra el diálogo entre las partes

El comunicado también señala que Acnudh acoge con “beneplácito” el reciente acuerdo alcanzado en Bolivia que allana el camino para celebrar las elecciones generales el 18 de octubre. 

Insto a los bolivianos a que aprovechen esta resolución pacífica de las últimas tensiones (…)Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos”, indicó Bachelet.