10 puntos clave sobre las elecciones

México

Votar en las condiciones actuales puede ser considerado un mero acto de fe. La puesta en duda de la imparcialidad de las autoridades electorales en un proceso sin equidad, con la presencia de candidatos que representan los intereses de grupos claramente identificados con la oligarquía; supone que el triunfo de algún representante dependerá de un entramado de complicidades. 

Foto: Notimex

Ivonne Acuña Murillo- Revolución Tres Punto Cero (México) 

A pocas semanas de que se lleven a cabo las elecciones intermedias en las que se votará por 500 diputaciones de la Cámara baja, nueve gubernaturas, 993 alcaldías, 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal y 640 diputaciones locales, 387 de mayoría y 253 plurinominales, una pregunta se hace necesaria, ¿para elegir a quien ha de representar y gobernar a la población mexicana votar es suficiente? El cuestionamiento se deriva de una serie de hechos recientes sobre los que vale la pena reflexionar.

Primero, la puesta en duda de la soberanía, imparcialidad y liderazgo de las autoridades electorales, en especial del Instituto Nacional Electoral (INE) y su voluntad para dar un trato igualitario a todas las fuerzas políticas.

Segundo, el rompimiento de la equidad en el proceso electoral gracias, principalmente, a la sobreexposición mediática de uno de los partidos pequeños, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual no sólo ha violado las leyes electorales en lo que toca al tiempo que lleva transmitiendo por diversos medios sus spots publicitarios, sino por la cantidad de recursos económicos y materiales que ha destinado para inclinar a las y los votantes en su favor, como por ejemplo la entrega de kits escolares y tarjetas de descuento, así como la transmisión de 300 mil spots en las pantallas de televisa y Tv-Azteca, aparentemente subsidiados por ambas empresas. 

Tercero, la sobrerregulación a que la nueva ley electoral somete a los diferentes partidos y medios de comunicación, la cual ha provocado que el INE esté más preocupado por cuántas veces un candidato o partido viola la ley o un spot aparece en medios y si éste ofende, calumnia o injuria a algún candidato o candidata, a la vez que los diversos partidos se ocupan más de como violar la ley y salirse con la suya, como en el caso del PVEM, que con su actuación retadora pone en duda la autoridad del instituto electoral o, por el contrario, en convocar a la ciudadanía sin violentar la norma electoral, a base de canciones y spots vacíos que no informan lo que cada candidato o candidata ofrece a la ciudadanía.

Cuarto, el manejo de recursos públicos, de manera velada o abierta, por parte de los diversos gobiernos, en donde habrá elecciones, en favor de sus partidos y aspirantes. Es el caso del presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Manuel Madero González, acusado de desviar recursos de su administración para apoyar al candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en esa demarcación, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Gerardo Rubio, despedido por el escándalo de las maletas de dinero que supuestamente irían a la campaña de Claudia Pavlovich, candidata del PRI a gobernadora por el estado de Sonora, y el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acusado de hacer proselitismo para el PRI y desviar recursos oficiales a la campaña de Ricardo Villanueva por la alcaldía de Guadalajara, el magistrado fue exonerado de tal acusación a la una de la tarde del viernes 1º de mayo, justo cuando el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó alrededor de 45 bloqueos en vialidades importantes, incendió 11 sucursales bancarias y cinco gasolineras e incluso derribó un helicóptero del Ejército en Villa Purificación, por mencionar sólo unos ejemplos.

Quinto, la presencia, no nueva por cierto, de candidatos y candidatas que representan los intereses de grupos claramente identificados, como Tristán Canales, vicepresidente de Noticias de TV Azteca, postulado por el PRI, la ex directora jurídica de Radiópolis, de Televisa, Lorena Corona Valdés, la ex coordinadora de Logística de Televisa y ex titular de la Unidad de Enlace de la Confederación Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Paloma Canales Suárez, o Alma Lucía Arzaluz, suplente de la senadora Ninfa Salinas, hija del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones (IDET), cercano a los intereses de Televisa, Fernando Reina Iglesias, esposo de la actriz Galilea Montijo, conductora estelar de Televisa, por el PVEM. Todas y todos como candidatos plurinominales a diputaciones federales.

Sexto, la injerencia del crimen organizado y del narcotráfico en el financiamiento oculto de partidos y candidatos y en el asesinato, secuestro o intimidación de aquellos candidatos y candidatas que no cuadran con sus intereses, lo cual ha llevado incluso a que algunos abandonen sus aspiraciones para ocupar un puesto de elección popular, como ocurrió hacia la tercera semana de marzo, en que 6 candidatos del PAN en Morelos, renunciaron a sus campañas ante amenazas del crimen organizado. A la fecha, 7 candidatos han sido asesinados, el primero el 18 de febrero, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato a diputado federal por el PRD en Oaxaca; la segunda, dos días después, fue Cecilia Izaguirre, dirigente del PRI en Lagunillas, San Luis potosí; posteriormente, el 6 de abril, Alfonso Ordaz, operador del PAN en el mismo estado, fue encontrado decapitado, 4 días después de haber sido secuestrado; el 11 de abril una decapitación más se ejecutó en contra de la precandidata del PRD a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aidé Nava González; a inicios de mayo fue ultimado de trece tiros Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI/PVEM a la alcaldía de Chilapa; y apenas el 14 de mayo fue asesinado el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Yurécuaro, Michoacán, Enrique Hernández, jefe de un grupo de autodefensa y Héctor Cruz López, candidato a regidor por el PRI, quien fue ejecutado afuera de su casa, en Huimanguillo, Tabasco.

Séptimo, la decisión de algunos partidos políticos de presentar como candidatos a personas de la vida pública, pero alejadas de la actividad política, como Carmen Salinas, Alejandro Camacho y Cuauhtémoc Blanco. En lo que respecta a la primera no habrá que tomarse la molestia de votarla pues es candidata plurinominal del PRI a una diputación federal.

Octavo, la trivialización del proceso electoral a partir de que algunos candidatos muestran, con mayor o menor éxito, sus dotes de bailarines, como Omar Noé Bernardino Vargas, “El vale”, abanderado del

PRI/PVEM para una diputación federal por Apatzingán; Diego Leyva Merino , candidato del PAN a una diputación federal por el Distrito 1 de Guanajuato, aparece bailando con unas botas tribaleras, junto a un grupo de personas, mujeres en su mayoría, quién además podría enfrentar una demanda de 4 millones de pesos por plagio, según afirmación de Ernesto Chavana autor del tema “Un simple mortal (El rey del tribal)” ; y Antonio Tarek Abdala , quien adaptó la canción y el video “Happy” del cantautor Pharrel Williams para promocionar su candidatura a diputado federal por el PRI/PVEM el Distrito XVII de Cosamaloapan, Veracruz, por lo que también podría enfrentar una demanda por plagio.

Noveno, lo anterior se ha traducido en propuestas musicales juzgadas como ridículas por algunos medios y analistas, spots vacíos pero, sobre todo, en la falta de propuestas de gobierno, en el peor de los casos, o en la reducción de éstas al mínimo, en el mejor de ellos. No se informa a quienes han de votar el
para qué, el cómo, o de dónde se obtendrán los recursos, ni los procedimientos ni los tiempos que dichas propuestas han de requerir.

Décimo, por supuesto no puede faltar la compra de votos, el intercambio de la credencial de elector o el voto directo, con foto de celular incluida, a cambio de un pollo rostizado, una gorra, una despensa, pintura o láminas para arreglar una casa desvencijada, una tarjeta para realizar compras en algún centro comercial conocido, dinero en efectivo, en fin, todo aquello para lo que la imaginación alcance.

Este breve recuento supone que el triunfo de un candidato o candidata, sin importar el puesto por el que se compita, no depende del interés, voluntad, conocimiento, compromiso, patriotismo de simples votantes, sino de todo un entramado de complicidades, corruptelas, presiones, abusos, asesinatos, intercambios, clientelas, dinero de los impuestos desviado por autoridades formales o aportado por grupos fácticos que hacen de las elecciones una farsa “democrática”, que permite legitimar las decisiones tomadas previo a las elecciones.

De esta forma, el mero acto de votar no supone de ninguna manera que se esté eligiendo a quien ha de gobernar, ni que se esté optando por el mejor proyecto de gobierno o de país. Votar en estas condiciones se convierte en un acto de fe, cuasi religioso, esperando que al hacerlo se “atine” si no a la mejor si a la “menos peor” de las opciones que se han construido en las cúpulas del poder político, económico, mediático y criminal.

 

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