El terrorismo de las pandillas maras

El Salvador

Estas bandas delictivas surgieron en Los Ángeles a raíz de la migración provocada por la guerra civil, pero sus miembros fueron repatriados por EEUU, después de limpiar sus prontuarios, para convertirse en organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades criminales. Ahora, para terminar con su accionar, la justicia salvadoreña los declaró ‘terroristas’.

Pandilla de maras en una cárcel de El Salvador - Foto: Archivo

Warner Velásquez y Teresa Andrade – La Página (El Salvador) 

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declararon como terroristas a los miembros de las maras MS y 18 por atentar contra los derechos fundamentales de la Constitución de la República. 

La Sala basa su sentencia en el accionar delictivo de las maras, el cual ha aumentado significativamente en los últimos meses con asesinatos de policías, paro de buses, éxodo de familias y aumento de extorsiones a comerciantes. 

La Sala remarca que los «jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de ‘terroristas’ en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole. 

Los magistrados aclaran que «cualquier otra pandilla u organización criminal con perfil similar al de la MS y 18 quedan comprendidos dentro del concepto de ‘terroristas'». 

En la misma sentencia los magistrados declaran que los jueces pueden hacer uso de las intervenciones telefónicas, así como la práctica de declaraciones de víctimas, testigos e imputados mediante el uso de medios electrónicos.

Lo anterior se establece debido a que en un gran número de casos en el que se involucran a los mareros, estos quedan impunes debido al temor que se tiene a estos grupos criminales. 

Según el comunicado de la Sala “En sentencia emitida este lunes, la Sala resolvió 4 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo –LECAT–, en ella se rechazaron veintitrés planteamientos declarando que no son inconstitucionales y además se declararon contrarias a la Constitución cuatro disposiciones establecidas en dicha ley.

» Los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de ‘terroristas’ en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole » 

“La Sala señaló que el artículo 1 LECAT, que define lo que debe entenderse por “terrorismo”, no es inconstitucional ya que este puede ser interpretado conforme al marco de valores y principios contemplados en la Constitución y el Derecho Internacional, según los cuales el terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes jurídicos individuales o colectivos, busca intimidar de forma general a la población, controlar territorios poblacionales, compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico de una nación, el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos fundamentales contemplados en la Constitución. 

“La Sala consideró en su sentencia que es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas; en contra del derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de estudiantes, debido al temor de ser víctimas de aquellas organizaciones; contra el libre tránsito, debido a que hay zonas específicas donde ciertas personas no pueden circular, bajo riesgos de sufrir atentados a su vida o integridad; modifican la distribución territorial realizada por el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en la materia según el art. 208 Cn., para efectos del voto residencial, y lo adecuan a la distribución de los territorios según es controlada por ellos; paralizan el transporte público de pasajeros, incluso a nivel nacional y con frecuencia atentan contra la vida del personal de los servicios de transporte público; impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios sectores de la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática, planificada y organizada. 

“Con base en ello, la Sala concluye que son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella; en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole”. 

Fiscal general celebra la sentencia 

El fiscal general de la República, Luis Martínez, dijo estar satisfecho por la resolución de la Sala debido a que ella permitirá a las autoridades judiciales agilizar algunos procesos, especialmente a la Fiscalía General de la República. 

“Todos debemos estar unidos y debemos combatir a esas bandas criminales que le roban la paz a los salvadoreños”, dijo el funcionario. 

“Sabemos que el país vive un momento difícil, producto de una violencia brutal que vemos a diario y no debemos humillarnos ante los terroristas que pretenden que haya una nueva negociación y a la cual siempre me he opuesto”, subrayó. 

Diputados satisfechos por resolución 

Los diputados de las distintas fracciones miembros de la comisión de seguridad y combate a la narcoactividad se mostraron satisfechos ante la resolución de la Sala de lo Constitucional. 

El pecenista Antonio Almendáriz, presidente de la comisión, vio con buenos ojos la resolución. “La Sala sienta con esta resolución un precedente y está obligando a todos los jueces que tiene que aplicarla”, destacó el diputado. 

Almendáriz presidió la comisión que elaboró la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y aseguró que “tuvieron cuidado con que no riñera con la Constitución ni con los convenios internacionales”. 

Por su parte, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, también se mostró satisfecho con la declaratoria. “Quiero expresar mi satisfacción por la resolución de la Sala. Me parece que está reaccionando muy bien con lo que está sucediendo en el país en materia de inseguridad que se vive”, aseguró. 

Gallegos destacó que esta medida abre la posibilidad a una serie de medidas que se pueden aplicar a los pandilleros, entre ellas las extradiciones, que se les pueda aplicar la Ley contra Actos de Terrorismo e incluso darles penas mucho más fuertes.

“ Al declarar a los miembros de
las maras y pandillas, a sus financistas y a los que colaboren con ellos como terroristas da pie para que en todo el país los jueces puedan aplicar esta ley sabiendo que tienen una resolución de la Sala, pero principalmente que la autoridad de seguridad pública y el Ejército y que los puedan enfrentar como lo que son, como terroristas ”

“Al declarar a los miembros de las maras y pandillas, a sus financistas y a los que colaboren con ellos como terroristas da pie para que en todo el país los jueces puedan aplicar esta ley sabiendo que tienen una resolución de la Sala, pero principalmente que la autoridad de seguridad pública y el Ejército y que los puedan enfrentar como lo que son, como terroristas”, sentenció Gallegos. 

De la misma opinión es el diputado de ARENA y miembro de la comisión, Ernesto Vargas, quien además de sentirse satisfecho aseguró es todo un reto. “Creo que la medida es buena pero que hay que complementarla con las medidas que eso conlleva, ya que ella por sí sola no va a poder resolver el problema”, sostuvo. 

Vargas aseguró que esta resolución es como cuando se declara emergencia o desastre nacional. “Hay medidas extraordinarias para problemas extraordinarias esto es y ha sido un problema extraordinario, que no se ha sabido abordar y que por la falta de eficiencia y de la estrategia operativa correcta ha crecido”, manifestó. 

No obstante aseguró con esta clasificatoria los retos serán varios para el país ya que se tendrá que se tendrá una herramienta más que necesita utilizarse de manera efectiva. 

«Vamos a trabajar con una categoría de calificación de terrorismo y ello va a requerir conceptos y medidas especiales y por tanto hay que verla en el campo político, en el jurídico, en el judicial y en el accionar policial”, sentenció. 

 

Itzel Velásquez – La Estrella (Panamá)

Hace un mes el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, enfrentaba casi en solitario las violenta Mara Salvatrucha (MS-13) y su similar Barrio 18. Pues las sanguinarias pandillas salvadoreñas sometían con amenazas, torturas y asesinatos un ‘paro nacional’ de transporte, un sector que suelen controlar. El gobierno salvadoreño que preside Salvador Sánchez Cerén aisló a los líderes de las pandillas en cárceles de máxima seguridad, sacó al 100% de la policía a la calle y puso en alerta máxima al Ejército. Esta semana se produjo un nuevo estallido de violencia y los enfrentamientos contra las maras es ahora una crisis de seguridad pública. Las maras avanzan no sólo en la nación salvadoreña sino también en Centroamérica. 

Las pandillas MS-13 y Barrio 18 son las dos bandas criminales más peligrosas que existen en El Salvador. Tuvieron su origen en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.), hacia donde grupos de ultra derecha, una vez finalizada la guerra y mediante ‘facilidades’ migratorias de entonces de los estadounidenses, lograron enviar a jóvenes salvadoreños que sobrevivieron la guerra civil. EE.UU. los repatrió tras transformarse en las temidas pandillas. Se restablecieron en El Salvador a partir de los 90. En la actualidad han dejado de ser pandillas juveniles, circunscritas a un barrio y que hizo de la famosa frase ‘Por mi madre vivo, por mi barrio muero’, un canto de guerra juvenil. Hoy son más violentas y muy conocidas por su ferocidad, incluso son ‘contratadas’ por los cárteles de la drogas mexicanos para tareas ‘especiales’. 

Según fuentes oficiales, la violencia se ha incrementado desde el año pasado hasta la fecha. Tan solo en el 2015 se han reportado 3800 asesinatos. Y desde el pasado domingo, durante tres días consecutivos los homicidios diarios han superado la tasa de 43 asesinados por día. Pero la guerra interna del gobierno salvadoreño no tiene frentes de combate. Cualquier calle o una esquina de barrio puede transformarse en un centro de batalla entre bandas rivales, o pandilleros contra la policía. 

Durante la administración del ex presidente salvadoreño, Mauricio Funes, se produjo un insólito ‘acuerdo’ entre el gobierno de El Salvador y las dos bandas rivales, también más grandes y sanguinarias, que negociaron una tregua. Desde 2011 al 2013 disminuyeron las cifras de homicidios, cifras que se han disparado a más del 50% en un año. La iniciativa de Funes de negociar treguas a cambio de mejoras en cárceles, regulaciones más laxas con grupos criminales, abrió una compuerta inédita y, tras varios años, absolutamente fallida. Quizá por eso, el actual mandatario no haya intentado revivir tales acuerdos, sino que procura combatirlo con los estamentos de seguridad nacional.

» Las pandillas MS-13 y Barrio 18 son las dos bandas criminales más peligrosas que existen en El Salvador. Tuvieron su origen en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.), hacia donde grupos de ultra derecha, una vez finalizada la guerra y mediante ‘facilidades’ migratorias de entonces de los estadounidenses, lograron enviar a jóvenes salvadoreños que sobrevivieron la guerra civil «

No obstante la gravedad del problema, que se ha convertido en un factor de desestabilización política e institucional, radica en la indiferencia de los gobiernos vecinos. La lucha contra las maras salvadoreñas parece no importarle a nadie. Los mareros controlan con violencia extensos territorios urbanos en su país y avanzan sobre toda Centroamérica. 

La Mara Salvatrucha mide fuerzas entre grupos rivales. Todos tatuados con símbolos de pertenencia. Las ramificaciones de las Maras salvadoreñas se han fortalecido en varios países centroamericanos, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, los países más violentos del mundo. Esta singular forma de violencia es lo que presiona sobre la población, a la cual no le queda otra opción que migrar hacia inciertas y peligrosas rutas buscando un mejor futuro, o por lo menos, el sueño de un futuro. Los ciudadanos viven entre balaceras en las calles. Según datos oficiales, este año 35 policías fueron asesinados y, fuentes extraoficiales, aseguran que más de un centenar de pandilleros fueron muertos en los enfrentamientos. 

Desde que EE.UU. endureció su política de deportaciones y persuadía políticamente a los gobiernos centroamericanos de aquellos países de donde procedían la mayoría de los indocumentados que pretendían cruzar la frontera entre México y Texas. Eran muchos jóvenes, miles de niños inclusive que originó el estallido de migración masiva de unos 50 mil niños (2014); un fenómeno deliberadamente provocado por las maras salvadoreñas. Hicieron correr un rumor en la región sobre entrada especial a niños a los Estados Unidos, por lo que Washington movilizó a su vicepresidente, Joe Biden, para contener la migración de los niños. 

Hay indicios que el negocio de trata de personas de la Mara Salvatrucha estaba en juego. Pero, si al norte no pueden mover a los desamparados, las maras están mirando el sur. Nicaragua es la barrera natural, pero es frágil para enfrentar estas bandas criminales que pretenden, quizá, crear otra ruta a través de su país hacia Costa Rica y Panamá. Es por tanto un problema regional pues la migración centroamericana es un ‘negocio’ criminal de las temidas Maras Salvatruchas. 

 

Atilio Borón – Blog (Argentina) 

En Clarín de hoy hay una pequeña nota de Gustavo Sierra con el título de “Las maras desangran El Salvador” (Domingo 23 Agosto 2015, p. 32). En ella se habla de la ola de violencia que sacude a ese país centroamericano: según el autor en tres días “murieron 125 personas en los enfrentamientos entre los pandilleros y con la policía o el ejército.” La nota abunda en otros detalles: la fenomenal tasa de homicidios en El Salvador actual: 90 por cada 100.000 habitantes. A efectos comparativos digamos que según las cifras producidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el año 2012 la tasa para Estados
Unidos era de 4.8; 5.5 para Argentina; Brasil 21.8 y Honduras 66.5. En ese mismo año, la tasa para El Salvador era de 41.2, siempre sobre 100.000 habitantes. Es decir que una tasa ya de por sí muy elevada más que se duplicó en menos de tres años y, especialmente, en los últimos meses.

» El objetivo: generar una ola de violencia para sembrar el caos y provocar el malestar social que desestabilice al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de “ordenar” lo antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano sacándose de encima a gobiernos indeseables «

Obviamente que hay muchos factores que explican este desgraciado resultado y no es este el momento de examinarlos aquí. De hecho, en la nota de Sierra se mencionan algunos de ellos pero se omite el que, en la violenta irrupción de estos días, es sin duda el más importante: la decisión del gobierno de Estados Unidos de liberar a cientos, probablemente miles, de “mareros” que estaban recluidos en diversas cárceles de ese país y enviarlos directamente a El Salvador. Esto ya de por sí no es precisamente un gesto amistoso para con el país al cual se le remite tan nefasto contingente, pero es mucho más grave si previamente se “limpia” el prontuario de esos delincuentes de forma tal de imposibilitar que se pueda impedir legalmente su ingreso a El Salvador. Con sus antecedentes delictivos convenientemente purgados nada puede detenerlos, y los malhechores se convierten en gentes que regresan a su país de origen sin tener ninguna cuenta pendiente con la justicia. Una canallada, ni más ni menos. 

¿Cómo interpretar esta criminal decisión? Va de suyo que esto no pudo haber sido una súbita ocurrencia de las autoridades carcelarias norteamericanas que un día decidieron soltar a casi todos los “mareros”. Una política de tamaña trascendencia se adopta en otro nivel: el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad o la propia Casa Blanca. El objetivo: generar una ola de violencia para sembrar el caos y provocar el malestar social que desestabilice al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de “ordenar” lo antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano sacándose de encima a gobiernos indeseables. Por eso un gesto tan inmoral y delincuencial como ese, que se ha cobrado tantas vidas en El Salvador y que seguramente se cobrará muchas más en los próximos días. Indiferente ante las consecuencias de sus actos, Washington prosigue impertérrito dando lecciones de derechos humanos y democracia al resto del mundo mientras aplica, sin pausa, las tácticas del “golpe blando” en contra de quienes tengan la osadía de pretender gobernar con patriotismo y en beneficio de las grandes mayorías populares. El autoproclamado “destino manifiesto” de Estados Unidos es exportar la democracia y los derechos humanos a los cuatro rincones del planeta. Lo que hace, en realidad, es exportar criminales. 

  

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