El Salvador aprobó una ley que establece el derecho humano al agua en medio de polémicas

El Congreso de El Salvador aprobó la noche del martes un repudiado proyecto presentado por el gobierno de Nayib Bukele para regular la gestión del agua. Se trata de la Ley General de Recurso Hídrico que, de acuerdo a las organizaciones ambientalistas, “normaliza la injusticia”.

En principio, la norma reconoce al agua como un derecho humano y un bien público que no se puede privatizar.

“Esta es una ley que va en beneficio de todos los salvadoreños, es una deuda que estamos saldando de proteger el agua”, afirmó el jefe de bancada del oficialista partido Nuevas Ideas, Christian Guevara.

Pero las organizaciones ambientalistas no coinciden. La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, que aglutina a organizaciones sociales, señaló en redes sociales que esta ley no incluye “lo propuesto por las organizaciones ambientales y sociales” y que no contiene todos los “puntos no negociables”.

Estos puntos son que el agua se reconozca como bien público, que se establezca su acceso como derecho humano, que su gestión incluya la participación de la población, una gestión sustentable y un régimen económico justo y equitativo.

De acuerdo a la organización, la ley mantiene “los mecanismos enquistados en el Estado que generan injusticia hídrica, favorecen el robo y el despojo del agua” por grandes empresas.

Los parlamentarios de Bukele habían reducido a 5 años renovables los permisos de explotación del recurso hídrico, pero finalmente se mantuvieron en 15 alegando que era necesario brindar un plazo amplio para dar certeza jurídica a los empresarios. “Se trata de una privatización disfrazada”, denuncian los colectivos.

De acuerdo con estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se prevé que para el año 2022 el 80 % del territorio del país registre niveles de “estrés hídrico” por la escasez del agua

Qué dice la ley

“El Estado, en todos sus órganos fundamentales de gobierno y sus instituciones, tienen la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento“, indica el primer artículo.

Añade que este acceso se debe dar con “equidad e igualdad de género y sin discriminación alguna, asegurando la sustentabilidad ambiental, para las presentes y futuras generaciones”.

La Ley General de Recurso Hídrico también establece que “el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición” y crea la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

“La ASA será la instancia superior, deliberativa, rectora y normativa en materia de política de los recursos hídricos”, explica la legislación.

Esta entidad estará conformada por un presidente, nombrado por el jefe de Estado, una junta directiva, una dirección ejecutiva, organismos zonales de cuenca y un tribunal sancionador.