El Salvador aplicó la pena máxima de 50 años para una mujer que tuvo una emergencia obstétrica

La Justicia de El Salvador condenó a 50 años de prisión a una joven que tuvo una emergencia obstétrica y tuvo un parto en su domicilió. Desde un primer momento, la mujer fue procesada por aborto y condenada por homicidio agravado. El Salvador es uno de los países más restrictivos con respecto al aborto, donde cabe la prohibición total incluso cuando corre riesgo la vida de la madre. Sin embargo, esta es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta en el país.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (Aborto por la Vida) rechazó la decisión judicial y anunció que apelará el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital.

“El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse”, dijo en un comunicado Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. Pero en muchos casos los jueces cambian el delito a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.

Organizaciones de mujeres que acompañan a la víctima, explicaron que en el momento que ocurrió la emergencia obstétrica la joven tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y ningún tipo de educación sexual integral. “Desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzó el trabajo de parto”.

La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.

Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema sin acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Sólo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.

Desde el colectivo Aborto por la Vida aseguraron que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Tampoco “valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de género a la que había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico”.

Herrera explicó que esta sentencia es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Manuela vs El Salvador”. En noviembre de 2020, la CIDH declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos.

Desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesadas por aborto.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana.