Retroceso ambiental

Perú y Latinoamérica y El Mundo

El anfitrión de la conferencia de cambio climático de este año será, paradójicamente, un país que presenta importantes conflictos socio-ambientales y cuyo gobierno ha presentado en el Congreso una legislación de impulso a la inversión privada que es cuestionada por organizaciones civiles, dado que implicará concesiones a las exigencias medioambientales a las empresas.

La República

Ricardo Jiménez – Adital (Brasil)

El gobierno de Perú, país anfitrión de la próxima vigésima Conferencia de las Partes sobre el cambio climático COP20, a realizarse en diciembre de este año, no ha sentido la necesidad de guardar aunque sea mínimas apariencias de responsabilidad ambiental ante esta cita histórica que le toca organizar y hace unos días ha presentado públicamente un paquete de medidas que debilitan la incipiente institucionalidad ambiental y permiten mayores niveles de contaminación del medio ambiente, violando de paso normativas internacionales y nacionales que obligan al estado peruano.

Como en los tiempos de la época colonial, en que los pueblos originarios compartieron la suerte de la naturaleza, sufriendo igual explotación y saqueo, el gobierno ha argumentado estas medidas bajo el eufemismo de «flexibilización ambiental” para incentivar las inversiones, de manera idéntica a la «flexibilización” laboral que argumenta para anular derechos a los trabajadores.

Más allá de los eufemismos y los discursos políticamente correctos, el mensaje es inequívoco. La preocupación ambiental es un decorado aceptado de mala gana, que el gobierno considera de suyo opuesto al crecimiento económico, el cual a su vez se erige como verdad incuestionable, que se busca legitimar además como solución a la pobreza, a pesar de los datos de la realidad, tan paradojales como las medidas del anfitrión de la próxima COP.

«La preocupación ambiental es un decorado aceptado de mala gana, que el gobierno considera de suyo opuesto al crecimiento económico, el cual a su vez se erige como verdad incuestionable, que se busca legitimar además como solución a la pobreza, a pesar de los datos de la realidad»

En el año 2013, el Perú tuvo un crecimiento macroeconómico de 5,2%, con el cuarto lugar entre más de treinta países latinoamericanos (CEPAL, 2014). Contradictoriamente, según propias cifras oficiales del INEI, este mismo año la pobreza aumentó -sí, leyó bien, aumentó- en ocho regiones del país.

Cajamarca, una de las más emblemáticas de entre muchas con graves y persistentes conflictos ambientales, que incluyen varios ciudadanos muertos por la represión policial durante este gobierno, es la más empobrecida del país, a pesar y en contra del discurso oficial de la inversión y el crecimiento, ya que es en esa misma exacta región donde la cuestionada minera Yanacocha lleva más de diez años «invirtiendo”.

No cuesta mucho adivinar que probablemente veamos aumentar los conflictos sociales a futuro en el Perú. Más desalentador aún, es que el Perú oficial, desde su lugar de anfitrión de la COP20, haya dado este objetivo golpe de debilitamiento a los ya de por sí difíciles resultados que la humanidad necesita y espera de la Conferencia.

En ese mar de paradojas, resulta triste, pero también de lo más lógico, reconocer la realidad de que el Perú no avanza, sino que literalmente retrocede, hacia la COP20.

Alejandra Cruz – La República (Perú)

La fecha para el debate en el Congreso del paquete de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo ha llegado. Organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo vienen solicitando a los integrantes de la Comisión de Economía para que antes de votar analicen detenidamente las medidas ambientales propuestas por el gobierno para impulsar la inversión privada.

«La norma está basada en un análisis bastante superficial y posiblemente tendencioso de las causas de la desaceleración económica. Existen muchas otras razones que no tienen que ver con el sector ambiente, pero se ha aprovechado esta coyuntura para relajar ciertas normas en función de presiones», dijo el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano. Pero, ¿qué propone el Gobierno? 

En primer lugar, reducir las multas ambientales a un 35% del monto original durante un período de tres años. Durante ese tiempo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  deberá priorizar la prevención y corrección de conductas. Además, lo recaudado en multas iría directamente al Tesoro Público y no a las arcas del ente fiscalizador.

Expertos cercanos a los gremios extractivos aseguraron que esta regulación es necesaria, pues la falta de racionalidad del OEFA habría generado arbitrariedades en los últimos dos años.

«El OEFA está obligada a incentivar la producción limpia en el Perú, pero solo se ha dedicado a multar», señaló el experto Lorenzo de La Puente.

Sin embargo, las estadísticas de fiscalización de la OEFA demostrarían lo contrario. Desde la creación del organismo en 2008, se han impuesto 941 multas firmes, pero el 90% de ellas (845) provienen de la época de Osinergmin. Además, de los 5.517 casos de supervisión directa vistos por el OEFA desde su creación, solo el 1,7% se han convertido en multas firmes (ver infografía).

Al respecto, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, advirtió en una carta al presidente del Congreso, Fredy Otárola, que aprobar esta medida «implicaría un retroceso en la institucionalidad y la gestión ambiental en el país».  Ello pues no contribuye con el carácter de disuasión inherente a la potestad sancionadora de la administración pública en los casos de comisión de infracciones por parte de los administrados.

«La norma está basada en un análisis bastante superficial y posiblemente tendencioso de las causas de la desaceleración económica. Existen muchas otras razones que no tienen que ver con el sector ambiente, pero se ha aprovechado esta coyuntura para relajar ciertas normas en función de presiones»

Y el defensor no solo pide que no se apruebe esta medida, sino que además se establezca «que los recursos que se perciban por concepto de multas por infracción a la normatividad ambiental sean destinados a un Fideicomiso, a fin de contar con los recursos necesarios para la remediación de los pasivos ambientales, tema pendiente de abordar en la agenda ambiental».

Por su parte, Roxana Barrantes, economista del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), consideró que las demás medidas ambientales del paquete constituyen un doble discurso del gobierno. 

«Por un lado están diciendo ‘Si incumples la OEFA te puede sancionar solo si hay daño objetivo a la salud de las personas. Y por el otro están organizandola Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP20», hizo ver Barrantes. 

Hugo Gómez, presidente del OEFA, ha asegurado (al igual que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal) que la medida no afectará el funcionamiento de su entidad. Pero el presidente de la SPDA, Jorge Caillaux, no está de acuerdo. 

«Haría que en términos reales sigan fiscalizando, pero muy maniatados (…) No puede aprobar esto como si fuese una propuesta técnica», apuntó preguntándose si no hay efecto, por qué la medida reactivaría la economía.

Debe recordarse que la semana pasada Pulgar Vidal reveló que la compañía minera Yanacocha presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo para que se elimine el aporte por regulación al asegurar que es confiscatorio.

«Buscan desaparecer al OEFA y como gobierno no lo permitiremos», prometió Pulgar Vidal al mismo tiempo que explicaba así sus motivos para permanecer en el ca
rgo.

 

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