El polémico plan humanitario de Piñera: Ofreció repatriar migrantes, pero a cambio les pidió que no vuelvan en 9 años

Más de 300 colombianos y medio centenar de ecuatorianos se sienten extorsionados por el gobierno chileno, que se ofreció en un primer momento a conseguirles vuelos para volver a sus países en medio de la crisis de coronavirus pero luego los obligó a firmar a cambio una declaración jurada que les prohíbe regresar al país durante nueve años. El documento de la polémica también pedía su renuncia a toda solicitud de residencia o de refugio, o al estatus de refugiado en caso de que lo posea. La Justicia impidió su aplicación.

Desde hace más de un mes, cerca de 350 colombianos acampan delante del Consulado General de su país en Santiago de Chile apelando a la solidaridad del gobierno de Sebastián Piñera, ante la falta de respuestas de sus países de orígen. Algunos de los inmigrantes varados se quedaron sin poder volver a su país tras la cancelación de sus viajes por la pandemia del coronavirus, mientras que otros se vieron afectados por el cierre de fronteras de ambos países latinoamericanos.

Fue entonces cuando el gobierno les presentó la particular declaración jurada. “Se dice que es voluntario, pero cuando una persona perdió su trabajo, su casa, incluso el apoyo de su propio país, la verdad es que no hay libertad para firmar; no tienen otra opción”, resaltó el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña.

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago, que rápidamente dejó sin efectos el compromiso de no reingresar a Chile en los próximos nueve años. “Es difícil que sea definitivo, pero en términos políticos es un golpe duro”, señaló el director del organismo, Héctor Pujols.

Cómo es el cuestionado plan migratorio

La declaración jurada y las condiciones se enmarcan en el “Plan Humanitario de Regreso Ordenado” aprobado por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2018 y dirigido principalmente a la comunidad haitiana en Chile que por problemas con el idioma, por las dificultades para encontrar empleo o viviendas adecuadas, o por otros motivos quisieran regresar a su país.

La campaña ya fue calificada en su momento de “deportación encubierta” y de “desproporcionada” por varias organizaciones, pero el Ejecutivo alegó que se trataba de una “opción voluntaria”.

“El esfuerzo que hace el país de financiar un vuelo con estas características, requiere, por parte de quien lo usa, un compromiso de no regresar, sino sería un ingreso y salida permanente con financiamiento del Estado”, dijo en aquel momento el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para explicar el compromiso que adquieren los migrantes de no regresar en nueve años.

Dadas las condiciones actuales por la Covid-19 y la precariedad en la que viven cientos de migrantes en la capital chilena, durmiendo en carpas y sufriendo el frío del invierno austral, el director del Servicio Jesuita a Migrantes fue tajante: “Esto no es humanitario”. “Es miserable”, añadió Pujols, quien señaló que hay unos 50 bebés y niños viviendo en la intemperie.

Cientos de migrantes acampan en Santiago

En pleno auge del coronavirus en Chile, que registró hasta este miércoles un total de 148.496 contagiados y 2.475 fallecidos, muchos de los migrantes que llegaron al país en los últimos años perdieron sus trabajos, gastaron sus últimos recursos o se quedaron sin vivienda por falta de dinero para pagar alquiler.

“Esta situación nos preocupa mucho. Son personas de escasos recursos que necesitan retornar a sus países y no pueden hacerlo no porque Chile no les abra las puertas, sino que porque sus países les cierran el retorno”, había dicho la semana pasada el canciller chileno, Teodoro Ribera.

Mientras, cientos de latinoamericanos -principalmente originarios de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela- llevan semanas acampando ante sus sedes diplomáticos a la espera de una solución.