El pañuelo verde por el “aborto libre” cruzó la cordillera

Un grupo de diputadas ingresaron este martes al Congreso chileno un proyecto de despenalización del aborto. La iniciativa contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, similar al proyecto que el Senado rechazó y la cámara baja aprobó en Argentina. El oficialismo ya aclaró que “no es parte de la agenda”.

“No puede ser que las mujeres sean llevadas a la cárcel por abortar. Creemos en la maternidad deseada”, resaltó la diputada del partido Revolución Democrática Maite Orsini, quien lidera el grupo de 12 parlamentarias que se presentaron ante el Congreso vistiendo el pañuelo verde que se impuso en Argentina como símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

La iniciativa chilena busca “despenalizar el aborto libre” hasta la semana 14, es decir, por fuera de las tres causales vigentes en el país: violación, inviabilidad fetal y cuando el embarazo significa un riesgo de la vida de la madre. Hace apenas un año se promulgó esa ley, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y Chile salió del escasísimo grupo de países en los que el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia.

“Los datos del Ministerio de Salud dicen que 33 mil mujeres abortan por distintas razones en nuestro país, de forma clandestina y riesgosa. Hay mujeres que mueren por esta razón y Chile lo que ha hecho es taparse los ojos”, señaló la diputada Karol Cariola (PC) al momento de la presentación del proyecto del aborto libre.

En esa línea, la frenteamplista Camila Rojas explicó que la clandestinidad afecta principalmente a los sectores más vulnerables. “Hoy el aborto en Chile existe y hay quienes pueden pagarlo y tener buenas condiciones y hay quienes que no, que arriesgan su vida (…) Estamos defendiendo la vida de las mujeres que hoy corren riesgos al abortar y no pueden asistir a un recinto hospitalario”, sostuvo.

La iniciativa es fruto del trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Desde la Corporación Humanas, Camila Maturana expresó que es injusto que la legislación, “en lugar de proteger derechos mujeres y niñas, prevea sanciones penales”. “Las mujeres abortamos igual, pero debido a la ley que nos criminaliza, abortamos en condiciones de clandestinidad, estigma, y enfrentando riesgos para la salud e incluso para la libertad personal”, agregó.

Rápidamente un ministro del presidente Sebastián Piñera sentó su posición en contra del proyecto. “No es parte de la agenda; no lo identificamos como una situación a la cual nosotros tengamos que abocarnos toda vez que hay prioridades que son de mayor envergadura para la población”, señaló el ministro de Salud, Oscar Santelices.

A través de un reglamento, a los once días de haber asumido el poder, Piñera redujo los requisitos exigidos a las instituciones para justificar su decisión de negarse a realizar abortos y permitió acudir a la objeción de conciencia a las instituciones privadas que tengan convenios de atención con el Estado. Pero a petición de la oposición, la Contraloría estimó que este protocolo no se ajustaba a derecho y obligó al gobierno a ingresar una nueva iniciativa –actualmente en revisión- que vuelve a prohibir la objeción de conciencia en organismos privados que reciban aportes públicos.

De acuerdo a un reporte de este lunes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, (FIDH) “la gran mayoría de las mujeres en Chile -más del 97% según algunas estimaciones- continúa privada del derecho a un aborto legal y seguro”.