El gobierno de facto de Bolivia le abre la puerta a los transgénicos

Un decreto de la presidenta interina Jeanine Áñez autorizó “de manera excepcional” que se realicen investigaciones en maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, tanto para el consumo interno como para exportación. El exmandatario Evo Morales aseguró que la medida “supone riesgos para población y productores”. Rechazo de organizaciones ecologistas, campesinas, indígenas y de derechos humanos.

La flexibilización respecto a los transgénicos fue publicada en la gaceta oficial sin darle publicidad institucionalmente. Establece que “de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

La medida representa un cambio radical respecto a la política contraria a los transgénicos durante los casi catorce años en el poder de Morales, derrocado tras un golpe de estado en 2019.

“Aprovechando la pandemia, el gobierno de facto acaba de aprobar el D.S. 4232 que permite el uso de semillas transgénicas”, cuestionó el exmandatario y dijo que la medida “supone riesgos para población y productores”. Morales agregó que el Ejecutivo que encabeza Yáñez “dice que no quiere elecciones por la salud del pueblo” pero “acepta el lobby de empresas transnacionales como Monsanto para usar semillas modificadas para principal matriz alimentaria”.

La decisión del gobierno de facto fue celebrada por grupos como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo de Bolivia, un importante colectivo agroindustrial centrado en Santa Cruz, la principal región agrícola del país.

En cambio, un amplio conglomerado de asociaciones ecologistas, sociales, de consumidores y colegios profesionales, entre otras, expresó su rechazo.

Estos colectivos advirtieron en un documento conjunto que el decreto presidencial no respeta varias leyes del país, empezando por la Constitución boliviana, que prohíbe los transgénicos que “dañen la salud y el medio ambiente”.

Además, desde el Movimiento Agroecológico Boliviano cuestionan que en el decreto no se tienen en cuenta a las comunidades originarias y campesinas ni se defiende la producción nacional frente a la entrada de semillas importadas, en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Aseguran que la medida gubernamental atenta contra las 77 razas de maíz que posee Bolivia y que son base de la seguridad alimentaria de los bolivianos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia consideró que el Decreto Supremo 4232 viola la Constitución y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos. “Observamos que se pretende reducir los procedimientos científicos que determinan si estos organismos modificados genéticamente son nocivos para la salud humana y si no dañan a la biodiversidad; lo cual favorecería a algunos sectores productivos”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.