“El Gobierno atacó a los indígenas en todos sus derechos”, el reclamo de los pueblos originarios

Integrantes de pueblos indígenas instalaron en Brasilia un campamento bautizado Tierra Libre para protestar contra la expansión de las actividades mineras y agropecuarias, que favoreció el  presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro en detrimento de sus tierras ancestrales. El campamento reunirá 5.000 personas durante tres días. El Gobierno envió decenas de patrullas y efectivos para impedir que la protesta se expanda más allá de los límites demarcados. Los manifestantes iniciaron sus actividades bailando y cantando para pedir fuerza e invocar protección.

«Nuestras tierras son sagradas. No a la minería en tierras indígenas», se podía leer desde las pancartas instaladas frente al edificio del Congreso Nacional. «Nuestros derechos no se negocian», se leía en otro cartel.

Las carpas empezaron a instalarse durante la madrugada en la Explanada de los Ministerios, pero a media mañana los organizadores y la policía acordaron retrocederlas unas cuadras. La semana pasada, el ministro de Justicia, Sergio Moro, ordenó a la Fuerza Nacional reforzar la vigilancia a lo largo de la Explanada.

«Vinimos aquí por una causa importante. Fue muy difícil para nosotros, nuestros antepasados, conquistar estos derechos y poco a poco están disminuyendo. Vinimos aquí para pedir más respeto», dijo Camila Silveiro, de 22 años, una estudiante de secundaria de la etnia Kaingang, en el estado de Paraná (sur).

El gobierno de Bolsonaro se manifestó en varias ocasiones en contra de las tierras indígenas y a favor de la expansión de actividades económicas cuestionadas por los pueblos originarios y por las organizaciones defensoras del medio ambiente en la Amazonía.

El campamento Tierra Libre se realiza todos los años desde 2004. Se instala en la ciudad por tres días y sirve de espacio de encuentro para los líderes de las decenas de comunidades indígenas en Brasil y para la exposición de sus demandas, centradas en el derecho a la tierra, la salud y la educación.

«Desde el 1º de enero cuando asumió Bolsonaro, el gobierno atacó a los indígenas en todos sus derechos, uno de ellos la educación», contó Luana Kumaruara, de 33 años, nativa de Pará (norte), que cursa una maestría en antropología. Kumaruara recordó que el primer ministro de Educación de Bolsonaro, Ricardo Vélez, destituido este mes, llegó a afirmar que la universidad no era para todos, lo cual afectaría el acceso a una educación superior de los indígenas, tradicionalmente con menos recursos.

Bolsonaro cuestionó la semana pasada la organización de este campamento. «Va a ocurrir un encuentro grande de indígenas, la próxima semana. Se prevé 10.000 indígenas aquí en Brasilia. ¿Y quién va a pagar la cuenta de los 10.000 indígenas que vienen? ¡Usted!», dijo el presidente en una transmisión en vivo en Facebook.

La respuesta de parte de los organizadores no tardó en llegar. Desde la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), responsable del evento, aseguraron que la iniciativa es financiada con campañas propias de colecta de fondos. «Como siempre, seguiremos resistiendo», proclamó Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la APIB.

Según cifras oficiales, unos 800.000 indígenas de 305 etnias viven en Brasil, un país de 209 millones de habitantes. La Constitución brasileña determina que esos pueblos tienen el derecho al usufructo exclusivo sobre las tierras que ocupan, pero la demarcación se ve amenazada por la tala ilegal, la expansión de la ganadería y el avance de la frontera agrícola.

Después de su elección, Bolsonaro criticó la continuidad de esa política. «¿Por qué mantener a los indígenas aislados en reservas, como los animales en un zoológico?», si «como nosotros quieren evolucionar, quieren tener médicos, dentistas, acceso a internet, viajar en avión», declaró.