El expresidente Uribe, en la mira de la Corte Suprema por las escuchas ilegales

La Corte Suprema abrió una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por el escándalo del espionaje a políticos, periodistas y jueces. La Justicia inició una “indagación previa” a partir de una denuncia en su contra “como posible destinatario” de las escuchas ilegales de inteligencia militar que se habrían ejecutado entre febrero y diciembre de 2019 y que alcanzaron hasta el actual presidente Iván Duque. 

La revista Semana destapó en mayo una trama de espionaje contra unos 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas e incluso exfuncionarios de la Presidencia por parte de la inteligencia militar. Por el caso, una docena de oficiales, incluido un general, fueron dados de baja del ejército por la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.

Uno de los militares involucrados en el escándalo había dicho que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a “un reconocido político del Centro Democrático”, el partido en el poder que precisamente lidera el exmandatario Uribe (2002-10). 

Las autoridades judiciales dispondrán a partir de ahora de 18 meses para recopilar y definir las pruebas que abrirían un proceso formal contra el líder conservador de Centro Democrático. 

Uribe cuestionó en su cuenta de Twitter la apertura de la causa en su contra. “Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Entre las personas que eran blanco de trabajos de inteligencia figuran el corresponsal del diario estadounidense The New York Times, Nicholas Casey, quien en mayo de 2019 publicó un informe que alertaba sobre el riesgo de ejecuciones de civiles a manos de militares; y el director ejecutivo de la división de Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Los escándalos de interceptaciones ilegales que involucran a autoridades de Colombia no son nuevos. El disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Uribe en un escándalo por escuchas irregulares a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.