Un militar colombiano asesinó a una mujer trans en un control automovilístico

Juliana Giraldo fue asesinada por un soldado colombiano mientras conducía su auto hacia un control en una autopista de Miranda, Cauca. El militar disparó contra su vehículo, la bala ingresó por su cabeza y la mujer de 35 años murió al instante. Con ella viajaban su marido y otras dos personas, que no resultaron heridas. El Ejército ya admitió el crimen, que avivó la ira en las calles contra los innumerables excesos de las fuerzas de seguridad en ese país. 

“El Ejército me acaba de matar a Juliana. Ayúdenme, por favor, ¡ayúdenme!”, se escucha gritar al hombre que filma con su celular a la mujer inerte en el asiento de copiloto mientras unos cinco soldados rodean la escena. El episodio quedó grabado en un video que se viralizó, al igual que el asesinato de Javier Ordoñez, motor de las manifestaciones de los últimos días. 

En un comunicado, la Tercera División del Ejército alegó que la mujer murió “a causa de un disparo por parte de un integrante” de esa fuerza durante “labores de control”. Informaron también que el uniformado que abrió fuego quedó “a disposición” de las autoridades que investigan “el lamentable acontecimiento”.

“Juliana Giraldo Díaz no murió, a Juliana la mataron. La asesinaron a sangre fría y en estado de indefensión”, replicó rápdiamente la Red Comunitaria Trans, una organización defensora de derechos humanos que exigió justicia por su asesinato. Las redes sociales se hicieron eco también del reclamo y algunos usuarios resaltaron que este es el transvesticidio número 28 en lo que va del año en el país, con el agravante de que en este caso el victimario fue un agente de las fuerzas. 

Por la noche también se replicaron marchas en Miranda, donde los manifestantes alzaron en alto carteles para repudiar la violencia contra el colectivo LGBT. “Las vidas trans también importan” y “nos están matando” fueron algunas de las consignas que se levantaron. 

Según la versión de Larrañiaga, uno de los militares abrió fuego contra el vehículo a pesar de que atendió una orden de detenerse. “Era lo mejor que me había pasado en la vida y me la quitó el ejército nacional”, lamentó Larrañiaga. 

La reacción del Gobierno

Por su parte, el presidente Iván Duque condenó lo ocurrido y lo calificó como un “repudiable hecho”, varios sectores consideraron sus dichos insuficientes y le exigieron pronunciamientos contundentes y medidas que ayuden a Colombia a salir de la espiral de violencia que sigue en aumento.

Duque ordenó una “investigación con celeridad” y dijo que el “responsable debe recibir castigo ejemplar”, pero los ciudadanos insistieron en que los abusos en los que se vieron involucrados varios uniformados no son aislados.

El ministro Trujillo, a quien la oposición le pide su renuncia, manifestó que “el personal involucrado en el hecho, (…) será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las acciones que en derecho correspondan”.

En contexto

El crimen de Juliana se produjo en un contexto muy sensible para la fuerza pública.

Entre el 9 y 10 de septiembre fallecieron 12 personas, en su mayoría jóvenes alcanzados por proyectiles, en las protestas que siguieron al brutal y mortal castigo que recibió un ciudadano de 43 años a manos de dos uniformados.

También el pasado 20 de mayo, Ánderson Arboleda, un joven negro, falleció en una clínica de Cali por los golpes que sufrió en la cabeza un día antes en Cauca y que al parecer le fueron propinados por policías que lo castigaron por violar la cuarentena contra el coronavirus.

Si bien la violencia se recrudeció en los últimos días, la situación en Colombia se extiende desde el año pasado. El 25 de noviembre de 2019 el adolescente Dilan Cruz murió en una clínica de Bogotá, dos días después de ser herido en la cabeza por un disparo de perdigones de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuando participaba en una protesta.

Pedido de renuncia para Trujillo

Un grupo de 22 congresistas pidieron la renuncia del ministro de Defensa, quien se niega a cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el martes le ordenó pedir perdón en menos de 48 horas por la violencia policial. 

“Apunta a que lo destituyan del cargo y le pongan otras acciones porque el señor ministro se ha pasado por la faja todo el código disciplinario único en violaciones gravísimas”, explicó el senador Jorge Robledo, del partido Polo Democrático Alternativo. 

Al respecto, el procurador general, Fernando Carrillo, manifestó que “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan”. 

“Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato“, expresó el jefe del Ministerio Público.

Trujillo se niega a pedir disculpas porque considera que fue suficiente su discurso del 11 de septiembre, cuando había pedido perdón por “cualquier violación a la ley” que hubieran cometido miembros de la Policía.

El ministro no se corrió de su línea y llegó a decir que el Esmad de la Policía actúa “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”. Además, adjudicó los abusos policiales a “comportamientos individuales de algunos de sus integrantes” solamente.