El drama de las familias que deben abandonar sus hogares por los grupos armados

Ya son más de 400 familias las que debieron desplazarse de forma forzada y abandonar sus sus hogares a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados en las zonas rurales al suroeste de Colombia. Para las autoridades, la situación humanitaria se tornó alarmante en el último tiempo y tuvo como consecuencia la reactivación de los desplazamientos de civiles.

Los últimos desplazamientos tuvieron lugar en el municipio de Roberto Payán, en el estado de Nariño y, para su alcalde, Juan Carlos Sinisterra, la situación es “altamente preocupante”. La última tanda de 35 familias que abandonaron sus casas ya ingresaron a los refugios del Estado local.

Según cifras oficiales, el número de personas que se vieron forzadas a escapar de sus hogares supera al de República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria, Yemen y Siria.

La persistencia de las luchas armadas convirtió a Colombia desde 2015 en el país con más desplazados internos del mundo: más de 9 millones de personas, cerca del 10% de su población.

En los departamentos de Santander, Nariño, Antuioquía y Chocó, disidentes de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra y bandas de narcotraficantes se enfrentan en medio de la población civil para ocupar los territorios que antes del acuerdo de paz controlaba la exguerrilla, ahora devenida en partido político.

Según Sinisterra, esta situación “ya desbordó la capacidad de respuesta desde lo local” y aseguró que la ayuda del Estado se vuelve necesaria.

Tras el acuerdo de paz con las FARC estas regiones del suroeste se convirtieron en las llamadas zonas espacios “vacíos”, que solo son cubiertos por el Estado con una presencia militar, pero sin asistencia social, económica, sanitaria, educativa y de derechos humanos.

Como consecuencia de la disputa por el control territorial, las zonas rurales del interior de Colombia se convirtieron en un escenario confuso de reconfiguración y reposicionamiento de grupos armados ilegales o paramilitares algunos y relacionados con el narcotráfico otros.

Cerca de 250 líderes sociales fueron asesinados en el país el año pasado y, según denunció la ONG Somos Defensores, 600 defensores de derechos humanos fueron amenazados de muerte, mientras que en lo que va del 2020 ya se contabilizan 27 líderes sociales asesinados, muchos de ellos vinculados a los compromisos y tareas creadas por el acuerdo de paz.

En los últimos meses, miles de personas marcharon en todo el país para reclamar seguridad y justicia al gobierno nacional de Iván Duque, una exigencia que también replicó la ONU en su última visita al país.