El coronavirus no frena el plan de ajuste de Lacalle Pou en Uruguay

Mientras a nivel mundial se impone la idea de la importancia del rol del Estado para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias económicas de la misma, el presidente uruguayo insiste con su programa de achicamiento. El Congreso comienza esta semana a tratar una Ley de Urgente Consideración de más de 500 artículos.

La norma es resistida por la oposición, que asegura que es antidemocrática, inconstitucional y no responde a ningún criterio de urgencia, especialmente en momentos en que la prioridad es el combate a la covid-19. La norma también es rechazada por gremios educativos, de la salud y por la central de trabajadores PIT-CNT.

Entre otros puntos, la ley ómnibus impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou establece una nueva regla que obliga a limitar el gasto público en función del resultado fiscal. Establece también la «desmonopolización de Ancap», una promesa de campaña del mandatario, que implica la liberación de la importación y producción de combustibles en perjuicio de la petrolera estatal uruguaya.

«No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado», señala el texto oficial.

Otro artículo de la de Urgente Consideración (LUC) reforma una ley impulsada en 2014 por el Frente Amplio, que establecía la obligatoriedad de que los salarios se pagaran a través de una cuenta bancaria. El proyecto que llegó al Congreso deja abierta la puerta a que el pago electrónico se haga «sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo». Establece que «la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral», lo que deja en una situación de debilidad al empleado.

«No hay antecedentes de que hubiera una ley de urgente consideración de tanta cantidad de artículos», aseguró Lucía Topolansky, senadora del Frente Amplio. «Si transcurren los cinco años, un partido ‘X’ gana las próximas elecciones, tiene sus mayorías y manda una ley de urgente consideración de 3.000 artículos, se acabó el Parlamento», planteó.

El Senado tiene 45 días para el estudio de la norma y si la aprueba pasará a Diputados, que le dedicará otros 30 días.

El giro a la derecha en la LUC

Además de las reformas económicas, el proyecto enviado por Lacalle Pou al Parlamento consagra las políticas de derecha que prometió durante su campaña.

Uno de los 502 artículos de la ley endurece el Código Penal con el foco puesto en los menores de edad: se aumentan las penas de prisión para los menores de 2 a 10 años y se elimina el régimen de semi libertad.

La iniciativa ya fue cuestionada por Unicef porque «pone en riesgo los avances del sistema penal adolescente», según planteó la representante del organismo en el país, Luz Ángela Melo. Cabe recordar que en 2014 Uruguay realizó un plebiscito en el que se consultaba por la baja de la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años, propuesta que fue rechazada.

La LUC habilita además a los policías retirados a portar sus armas reglamentarias. Por iniciativa del ultraderechista Cabildo Abierto, parte de la coalición de gobierno, se incluyó en ese permiso también a los militares retirados.

Otro capítulo de la ley se refiere al derecho a huelga en Uruguay. El texto dice que “el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga”, en paralelo al “derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos” y al “derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.