El caso Manuela y las consecuencias de la criminalización del aborto en El Salvador

El tratamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Manuela -una salvadoreña que murió en prisión condenada por homicidio agravado por un aborto espontáneo- puso de manifiesto las dramáticas consecuencias de la penalización del aborto en uno de los cinco países latinoamericanos que prohíbe la interrupción del embarazo de manera absoluta, donde el dilema de “la cárcel o la muerte no es broma”, según afirmó la activista feminista salvadoreña Morena Herrera.

A comienzo de 2008, Manuela, una mujer pobre y analfabeta de 31 años que vivía en una zona rural del departamento de Morazán, en el este de El Salvador, atravesaba el tercer trimestre de su tercer embarazo. El 27 de febrero sufrió un fuerte dolor abdominal que la obligó a ir a la letrina de su casa, donde se desmayó sin saber que había sufrido una emergencia obstétrica.

Al llegar al hospital, con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia (complicación del embarazo), el personal sanitario retardó la atención médica, la acusó de provocarse un aborto para esconder una supuesta infidelidad y llamó a la Policía, que la esposó a una camilla y comenzó a interrogarla sin un abogado.

Seis meses más tarde, en un proceso judicial exprés, la Justicia la condenó a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Dos años después, murió por cáncer linfático, esposada a la camilla de un hospital.

Ese mismo cáncer, por el que Manuela ya había hecho consultas por indicios en 2007 y no le fue diagnosticado correctamente, habría sido la causa de su emergencia obstétrica, según las organizaciones que llevaron su caso ante el ente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un caso que llegó a la Corte Interamericana

La Corte IDH realizó el pasado 10 y 11 de marzo las audiencias públicas para escuchar a las partes -la familia de Manuela y asociaciones versus el Estado salvadoreño- en un caso inédito para este tribunal. El proceso se da casi diez años después de que las agrupaciones demandantes lo presentaran en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un año después de agotar los recursos legales en la justicia salvadoreña.

En 2019, la CIDH elevó el caso a la corte al concluir que el “Estado salvadoreño es responsable por la violación estructural y sistemática de los derechos a la vida, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud” de Manuela.

El fallo, que podría demorar de seis meses a un año, será determinante no sólo para la familia de Manuela, sino para todas las mujeres que sufren el mismo tipo de criminalización.

“Identificamos al menos 181 mujeres que han pasado por un tránsito parecido. No todas condenadas a 30 años de cárcel, pero sí denunciadas en los hospitales y procesadas: algunas por aborto y otras condenadas por homicidio agravado”, precisó Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las partes querellantes.

Si bien el Código Penal salvadoreño prohíbe cualquier tipo de aborto con penas de hasta ocho años de prisión, fiscales y jueces tipifican los casos de interrupción del embarazo, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, sancionado con hasta 50 años.

Con una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo, las mujeres salvadoreñas temen acudir a los hospitales cuando tienen una complicación obstétrica “en detrimento de su salud o, a veces, su vida” por la inseguridad jurídica del personal de salud, que padece una “presión” para denunciar, explicó Herrera.

En el país, un 28% del total de los embarazos fue de menores entre 10 y 19 años, según los últimos datos del Ministerio de Salud salvadoreño, de las cuales sólo un 5,4% fue registrada en centros escolares. “Desde hace varios años, el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en mujeres adolescentes, lo cual refleja que enfrentan embarazos impuestos o no deseados sin ninguna opción y buscan la de la muerte”, lamentó la defensora de derechos humanos.

“En El Salvador, el dilema de la muerte o la cárcel no es broma”, sentenció.

Ante esta situación, las organizaciones querellantes pidieron a la Corte IDH que reconozca el contexto de penalización absoluta del aborto en el caso Manuela, ya que, según Herrera, esto no ocurre en “abstracto”, sino “en una sociedad que persigue, castiga y condena a las mujeres”. Más allá de la sentencia, la activista destacó la importancia de que la historia de Manuela sea escuchada por este tribunal regional.

La defensa busca que la corte reconozca la cadena de violaciones de derechos humanos sufrida por Manuela, que tome medidas de reparación integral a su familia y también de no repetición, para evitar nuevos casos como el suyo.

Un precedente que podría ser emblemático no sólo para El Salvador, sino para los 24 países que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la sentencia de la Corte IDH supondría crear estándares de obligatorio cumplimiento para todos los signatarios.

“Mi mamá fue penada a 30 años. A mi abuelo lo hicieron firmar un documento cuando él no sabe leer ni escribir y no sabía qué firmaba y que la incriminaba. A mi abuela la amenazaron con meterla presa. Nos dejaron huérfanos a mi hermano y a mí. A mi mamá le pegó una pena moral y se murió”, contó en una rueda de prensa previa a la audiencia Santos de Jesús, de 21 años, el hijo mayor de Manuela.

“No quiero que pase esto (a otra familia) porque uno sufre. Tenemos a mi abuela, pero no es lo mismo el amor de la mamá. Nosotros no queremos que esto le pase a otra mujer”, expresó.

Herrera, por su parte, se mostró optimista con el proceso de Manuela y ante el impacto que el veredicto podría tener en el país.

“Pensamos que al Gobierno de (Nayib) Bukele le importa bastante su imagen internacional y eso podemos convertirlo en un factor a favor, pero también esperamos que entienda que le toca reparar los errores del pasado”, señaló y concluyó: “Él lo ha dicho en otras cosas y ahora lo puede hacer porque tiene el Congreso con mayoría, entonces hoy no tienen excusa”.