Ecuador aprobó la ley que reglamenta el aborto por violación

En una dramática sesión, la Asamblea de Ecuador aprobó este jueves el proyecto que permite y regula la interrupción del embarazo en casos de violación. En un país sumamente conservador respecto a este derecho, se aprobó finalmente la iniciativa que garantiza el acceso de mujeres y niñas a abortos en casos de violación hasta las 12 semanas de gestación y 18 semanas en caso de mujeres indígenas y de zonas rurales. 

La iniciativa fue aprobada con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones en el Pleno de la Asamblea. A primeras horas del día, el proyecto no había alcanzado los votos necesarios: consiguió 66 contra 40. Frente al ajustado resultado, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, del partido indigenista Pachakutik, le concedió a la impulsora de la iniciativa, Johanna Moreira, tiempo para hacer ajustes al texto.

“¿Se han puesto a pensar qué pasaría si su hija de 9, 10, 11, 12 años es violada y queda embarazada? ¿Pueden verle el rostro de sus hijas en este momento? ¿Pueden decirles mirando a los ojos que las obligarían a continuar con un embarazo que ellas no desean?”, preguntó a los legisladores Moreira.

Todo el debate giró en torno a la temporalidad en el acceso a los abortos. En un primer momento, el proyecto fijó hasta 28 semanas de gestación para mujeres adultas y sin plazo para niñas; en el informe para el primer debate bajó a 22 y 18 semanas, respectivamente, y en el texto que llegó a votación había plazos de entre 18 y 16 semanas.

“Hemos tenido que regatear los plazos justos, hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso, pero sin duda, es una decisión totalmente necesaria”, dijo también con la voz entrecortada Moreira cuando se anunció el resultado de la votación. 

Cómo se llegó al proyecto

La Corte Constitucional había aprobado en abril de 2021 la despenalización del aborto por violación, pero el legislativo ecuatoriano tenía la obligación de reglamentarlo.

A la Asamblea llegaron dos proyectos uno de mayoría y otro de minoría que, entre otras cosas, diferían en la temporalidad para aplicar el aborto.

El de mayoría, tal cual como estaba redactado antes de la votación, sostenía que al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. Por otro lado, para las mujeres y personas gestantes abusadas de 18 años en adelante, la interrupción voluntaria del embarazo se podía realizar hasta las 20 semanas de gestación.

Por otra parte, el informe de minoría garantizaba abortos apenas hasta las 6 semanas de gestación para mujeres mayores a 18 años de edad, y hasta las 12 semanas de gestación para niñas, adolescentes menores a 18 años, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad.

Los colectivos feministas habían impulsado una gran lucha para que se extendieran los plazos establecidos y para que no se aprobara el dictamen de minoría, pero otros consideraban que tampoco el de mayoría era suficiente.

Las organizaciones señalan que el informe de minoría fomenta la revictimización y la violencia obstétrica. Esto, debido a que permite la objeción de conciencia institucional, es decir cuando una institución entera niega el derecho a la atención médica a una paciente por razones morales.