Contra el crimen organizado

Latinoamérica y el Mundo 

La lucha contra el narcotráfico en la región ha avanzado paulatinamente. Aspectos sustanciales de la política antidrogas se modificaron. Ahora, el castigo no es para el consumidor, pero sí para las grandes organizaciones que lucran con las adicciones. En la próxima Cumbre Interamericana se deberían destacar estos avances para trabajar a partir de ellos y continuar mejorando.

larepublica.peDiego García Sayan – El País (España) 

Probablemente no se apruebe algo muy inesperado, ni particularmente novedoso, en la Cumbre Interamericana de la próxima semana en Guatemala para tratar el tema de las drogas ilícitas. Algunos diplomáticos que han ido conociendo los borradores de la Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que se aprobaría el viernes 19, transmiten desazón por la falta de novedades y rectificaciones a las políticas vigentes. No conozco esos borradores y de pronto hay algo de razón en que no contendrá la Declaración una bomba que haga primeras planas.

Pero la verdad es que sí hay novedades y vienen produciéndose en paralelo y en la realidad. Sin mucho ruido se han venido dando interesantes rectificaciones en los últimos cinco años, que conferencias como la de la próxima semana bien podría saludar y alentar. Varias políticas nacionales han entrado en revisión en aspectos fundamentales abriendo perspectivas que, gradualmente, podrían conducir a buen puerto. Apuntar a la prevención y enfrentar la sobre criminalización, así, empiezan a aparecer al fin como prioridades. Tal vez con poco ruido pero con muchas nueces, la suma de varios de esos ajustes en políticas nacionales empieza a configurar un entorno regional más dinámico y esperanzador al de la década pasada. Hay en esto tres hechos que saltan a la vista.

Primero, la guerra contra las drogas, inventada en la época de Reagan, ha sido sepultada formal y contundentemente. Esta política militarista no resolvió nada. Después de más de 30 años su resultado esencial ha sido, más bien, más producción y consumo de drogas y, especialmente, muchísima más violencia. En una conferencia del Diálogo Interamericano en Washington la semana pasada, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, recordó a los presentes que ningún funcionario había vuelto a referirse a la tal guerra contra las drogas durante la gestión de Obama. Revisión de enfoque largamente esperada que viene acompañada de aumentos presupuestales en políticas preventivas de salud.

Las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable

«Sin bombos ni platillos, pues, algo viene ocurriendo y en la correcta dirección: darle una atención especial a la prevención y al tratamiento en el terreno de la salud, no enfrentando a los consumidores como criminales y concentrándose en combatir al crimen organizado»

Segundo, que más allá de la terminología, hay aspectos sustanciales de la política antidrogas que sí se vienen modificando, lo que apunta a priorizar la salud y la seguridad de las personas. Son especialmente notables los pasos dados en los últimos dos años en EE UU para reorientar el sistema penal en esta materia. Y no me estoy refiriendo a la legalización de la marihuana aprobada por referéndum en Colorado y en el Estado de Washington, sino en iniciativas nacionales generadas por la explosión del sistema penitenciario producida por la exagerada sobre criminalización. Desde 1980 la población carcelaria de EE UU ha crecido en más de un 800%; las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable de más de 80.000 millones de dólares anuales.

Eso ha llevado al secretario de Justicia —o fiscal general— Eric Holder a tomar medidas impensables hace diez años. Unas son las que cambian los procedimientos de persecución a los delitos de drogas no violentos y de pequeña escala de manera que esas personas no vayan a la cárcel. Los fiscales ya no estarán obligados a exigir penas de prisión por delitos menores de drogas cuando no sean parte de bandas criminales. Otras son algunos proyectos de modificación legales para la reducción de penas y la salida anticipada de un grupo de condenados por delitos de drogas que podría llegar a beneficiar a un quinto de la población en las cárceles federales.

Tercero, los pasos que se vienen dando desde Latinoamérica para la revisión de las políticas globales antidrogas. Y aquí no me refiero a la legalización de la marihuana en Uruguay, pues por las propias peculiaridades del país y el modelo adoptado, difícilmente será replicable tal cual y en el corto plazo a otros países. Estoy pensando, más bien, en el impulso explícito a la revisión de políticas que levantó Colombia en la Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012) y que luego siguió Guatemala. Si bien muchos países latinoamericanos siguen rezagados repitiendo un viejo discurso, el hecho es que hay un viento nuevo que es el que condujo, entre otros resultados, al innovador y sugerente documento que preparó la OEA el año pasado sobre los escenarios 2013-2015.

Sin bombos ni platillos, pues, algo viene ocurriendo y en la correcta dirección: darle una atención especial a la prevención y al tratamiento en el terreno de la salud, no enfrentando a los consumidores como criminales y concentrándose en combatir al crimen organizado. El informe publicado el martes 9 por la Comisión Global de Políticas de Drogas, de la que forma parte Kofi Annan, va en esa dirección. Que todo esto vaya quedando registrado, y que futuras evoluciones sean alentadas, podría ser un buen resultado del siguiente encuentro interamericano sobre este tema en el que han sido tan pródigos los fracasos y escasos los éxitos.

 

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