Dirigentes cocaleros denuncian violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena

Dirigentes cocaleros del Trópico de Cochabamba en Bolivia presentarán un recurso ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para denunciar violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto durante la pandemia del coronavirus. El fin de semana, cuatro miembros de las federaciones que agrupa a ese sector fueron detenidos en Chuquisaca, mientras viajaban para entregar alimentos.

“La cuarentena se aguanta con alimento y no con amedrentamiento. La ayuda solidaria desde el trópico de Cochabamba es precisamente para que nuestros hermanos no estén saliendo con hambre a las calles”, explicó Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba para rechazar los procesamientos judiciales. 

De acuerdo a los dirigentes cocaleros, el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez judicializó la lucha contra la Covid-19, persiguiendo a autoridades de Cochabamba por llevar alimentos a las comunidades más necesitadas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político”, aseguró Rodríguez. 

Según el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Trópico, Asterio Romero, los productores de ese territorio continuarán llevando alimentos y, sobre todo, fruta a los sectores más necesitados del país. “En esta cuarentena la gente necesita comer y si no tienen alimentos se van a desesperar”, dijo Romero.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Shinahota, Matilde Campos, denunció que actualmente los surtidores de la zona no están prestando servicio a ningún tipo de vehículos, tampoco a las ambulancias en medio de la crisis sanitaria. “En estos momentos los surtidores no están autorizados ni para cargar a las ambulancias. Los piscicultores y otros productores tampoco pueden trabajar ni trasladar sus productos”, señaló en lo que consideró como un castigo ante la expulsión de policías que se vivió allí la semana pasada. 

Un principio de acuerdo para el conflicto entre la Policía y los cocaleros

El gobierno de Añez había amenazado con “encapsular” toda la región, luego de que un sector de la población expulsara de su territorio a policías que habían llegado para ayudar en tareas de vigilancia por el coronavirus. La resistencia de este pueblo a las fuerzas de seguridad está directamente relacionada con la muerte de al menos cinco cocaleros por la represión policial de noviembre, tras el golpe de Estado contra Evo Morales. 

Sin embargo, el miércoles hubo un principio de acuerdo para permitir el regreso de la Policía a la región. “La Policía Boliviana desarrollará sus Servicios Integrales policiales en el Trópico de Cochabamba (región del centro del país donde está el Chapare) de forma inmediata”, sostiene un documento firmado por delegados de las seis federaciones sindicales del Trópico y de la Policía, ante representantes de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. 

El acuerdo entre sindicalistas y autoridades estipula además que “los servicios Bancarios y Surtidores (bombas de combustible) deberán restituirse inmediatamente”. Luego de la firma del acuerdo, promovido por la gobernadora de Cochabamba (en cuya jurisdicción está el Chapare), Esther Soria, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, confirmó que los efectivos “van a retomar sus funciones” en Shinahota.