Después de la eutanasia, Colombia despenalizó el suicidio asistido

La Corte Constitucional de Colombia reafirmó el derecho a la muerte digna, esta vez con la despenalización del suicidio asistido. Luego de haber quitado requisitos y ampliado el acceso al derecho a la eutanasia meses atrás, ahora el pleno de la Corte sacó del Código Penal la prohibición a los médicos de asistir a personas cuyo deseo es morir, ante condiciones graves de salud contrarias a su idea de dignidad. 

En el Suicidio Médicamente Asistido (SMA) la persona causa su propia muerte, mientras que en la eutanasia la acción es consumada por un médico.

Con este fallo de la Corte Constitucional, Colombia pasa a ser el primer país de América que despenaliza tanto la eutanasia como el SMA. Los otros países que tienen garantizadas ambas prácticas médicas son Canadá, España, Luxemburgo, Países Bajos y los estados de Victoria y Western Australia, en Australia, y Suiza.

La decisión de la Corte

El plenario de la Corte Constitucional de Colombia analizó una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), que consideró que no es posible penalizar a los prestadores de salud que acompañan un procedimiento de ese tipo.

Hasta ahora, este tipo de práctica implicaba en Colombia una pena de entre 16 y 36 meses.

Según lo decidido por la Corte Constitucional, el SMA será legal cuando el paciente esté debidamente diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable.

También cuando padezca de intensos dolores físicos o psíquicos por cuenta del padecimiento, los cuales además sean incompatibles con su idea de una vida digna.

Como en la eutanasia, el paciente deberá contar el respectivo consentimiento informado y la asistencia de un médico profesional.

Una de las iniciativas que promovieron los demandantes es que, así como la eutanasia tiene unos parámetros para que se lleve a cabo, el suicidio médicamente asistido también debe tener esos mecanismos.

El Ministerio de Salud no estuvo de acuerdo durante el estudio de la demanda, ya que consideró que el acto médico podría ser condicionado hacía el propósito de la muerte y que ningún profesional debería ser obligado a ser parte de la voluntad del paciente, por incompatibilidad moral o diferencias sobre la condición de salud.

A la misma conclusión llegó la Procuraduría, la cual no desconoce que el SMA pueda ser una alternativa para garantizar el derecho a morir dignamente. No obstante, según su criterio, bajo el principio de separación de poderes, el Congreso es el encargado de autorizar que el procedimiento sea reconocido como válido.