Desapariciones forzadas en Colombia: piden investigar más de 80.000 casos ocurridos entre 1958 y 2016

El Colectivo Orlando Fals Borda pidió que se investiguen las 80.455 desapariciones forzadas que hubo en Colombia entre 1958 y 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De estas desapariciones, 8.288 corresponden a la región de Los Llanos Orientales, que abarca los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare, precisó la organización, e instó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a abrir un macrocaso para esta zona con énfasis en la situación territorial y con la presunta responsabilidad de agentes de Estado y grupos paramilitares.

Qué es la JEP

La JEP es el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

«El departamento del Meta es el segundo con más víctimas de desaparición forzada en el país, con 5.280 desaparecidos, seguido por el departamento del Guaviare con 1.794 y el departamento del Casanare con 1.215», detalló Carolina Hoyos, vocera del grupo.

En el informe ‘Resistencia al olvido y a la impunidad’, el Colectivo OFB y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria analizan 130 de estos casos y destacan que la etapa con mayores índices de desapariciones forzadas en estos tres departamentos fue entre 2000 y 2009.

Macrocaso con participación de familiares las víctimas

En el informe se señala a más de seis batallones militares y a grupos paramilitares, principalmente los Bloques Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

«Solicitamos además de abrir este macrocaso, que se articulen como Estado en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y garanticen la participación de las víctimas, que existan mecanismos claros que permitan espacios de transición y reincorporación de los excombatientes para que contribuyan de manera conjunta», agregó Hoyos.

Una de las víctimas que colaboró en el estudio, Eulalia Luango Rodríguez, expresó su esperanza de que se alcancen los resultados deseados. «Tenemos la esperanza de que la Unidad de Búsqueda pueda encontrar a nuestros familiares porque es un camino que hemos recogido en el informe, con la intención de saber dónde están nuestros familiares. Esperamos esa luz», expresó.