¿Desapareció la derecha?

Chile

En los últimos meses se ha intentado instalar la idea de que la derecha en el país ya no existe. Sin embargo, y a pesar de la factible crisis de la elite, todavía están quienes defienden la institucionalidad neoliberal pospinochetista. Incluso dentro del partido de la Nueva Mayoría, los conservadores utilizan todas sus armas para impedir las reformas que impulsa Bachelet.

Sebastián Piñera (dcha), ex presidente de Chile

Pedro Santander*- Celag

Hoy en Chile ya no es raro ver a los comentaristas de la plaza preguntarse por la derecha. “¿Dónde está la derecha?”, pareciera ser la interrogante y el tema preferidos de variados columnistas de los medios tradicionales (casi todos de derecha   también).   Algunos,   no   pocos,   son   más   radicales   y   afirman,   sin mitigaciones, que “hoy la derecha no existe en Chile”. Es lo que hizo en una reciente columna dominical, Sergio Melinik, connotado ideólogo del neoliberalismo criollo, ex Ministro de Planificación de Pinochet y columnista habitual, quien afirmó tajantemente que desde el inicio del gobierno de Michelle Bachelet, lo que hay es “la inexistencia de una oposición desde la derecha”. Y por estos días, Manuel José Ossandón, senador del partido de derecha, Renovación Nacional y presidenciable para el 2018, hizo un público llamado a “que los chilenos pierdan el miedo a decir soy de derecha”.

Puede resultar sorprendente que en un país tan conservador como Chile – que mantiene la Constitución pinochetista de 1980, que recién el 2004 aprobó una ley de divorcio y donde aún se prohíbe cualquier forma de aborto en cualquier circunstancia – se debata la invisibilidad de la derecha política. Pero la inquietud tiene sustento. En primer lugar, por el modo en que terminó el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014): éste fue apenas el segundo gobierno de derecha que gana en las urnas desde el inicio de la actual república, en 1925. En Chile la derecha siempre ha logrado el poder Ejecutivo por la fuerza. Y los resultados electorales después de cuatro años de gobierno piñerista no podrían haber sido peores: los partidos de la Alianza (Renovación Nacional –RN- y Unión Demócrata Independiente-   UDI)   obtuvieron   el   peor   resultado   desde   el   retorno   de   la democracia (1990), con un 36% de votos en las parlamentarias, muy debajo del 56,6% logrado por la Nueva Mayoría (NM), liderada por Michelle Bachelet, lo que en escaños significa que la NM tiene 21 senadores contra 16 de la Alianza, un independiente completa el cuadro de 38 senadores. En la Cámara de Diputados, la NM subió de 57 a 68, mientras que la Alianza bajó de 56 a 48. A ello se suma la paliza que recibieron en las presidenciales: 62% de votos para Bachelet v/s 37% para Evelyn Matthei (pero no se debe olvidar, que todos, por igual, recibieron otra paliza: la del 60% de abstención electoral). 

A estas cifras se suman otras, aun más preocupantes: en el último año todas las encuestan dan cuenta, de modo persistente, de la severa crisis de legitimidad que afecta al sistema político-institucional. Tras diversos escándalos de corrupción, con nueve  senadores  cuestionados,  financiamiento  ilegal  de  campañas  y,  además, tráfico de influencia y especulación inmobiliaria protagonizados por el hijo y la nuera de la Presidenta Bachelet (quien nunca condenó con claridad esto último), la situación se ha vuelto preocupante para el bloque de poder, conformado por la Nueva Mayoría y la Alianza. La coalición de gobierno (Nueva Mayoría) posee un 74% de rechazo ciudadano y sólo un 16% de aceptación, pero la derecha (la Alianza) no puede sacar cuentas alegres, pues ha tenido nula capacidad para capitalizar ese descrédito: tiene el 75% de rechazo y el 15% de aceptación. O sea, empate en el desastre entre oficialismo y derecha, al que se suma el de la misma presidenta Bachelet, con un 24% de apoyo y un 72% de rechazo.

” Se trata de un cuadro que da verdaderaente cuenta de una crisis de elite por la que atraviesa el país y que afecta por igual a todos los integrantes de este bloque: la legitimidad de la Presidenta, del gobierno, de los partidos oficialistas y de derecha está por el suelo. Lo novedoso de los datos es que todos los actores políticos del bloque se mueven igual “

Se trata de un cuadro que da verdaderaente cuenta de una crisis de elite por la que atraviesa el país y que afecta por igual a todos los integrantes de este bloque: la legitimidad de la Presidenta, del gobierno, de los partidos oficialistas y de derecha está por el suelo. Lo novedoso de los datos es que todos los actores políticos del bloque se mueven igual, es decir, todos a la baja. No ocurre lo que uno podría esperar en un sistema más sano y competitivo, que si el gobierno sube en aprobación, baje la oposición o viceversa. No, en Chile hoy el movimiento es uno solo: todos a la baja en aprobación, credibilidad e identificación. En ese sentido, parece claro que la ciudadanía interpreta de manera compacta a todos los actores, sean de gobierno o de oposición, como integrantes de un mismo bloque.

En este complejo cuadro, la derecha se lleva la peor parte. No sólo finalizó su gobierno con una debace electoral, también se suma a ello una incipiente dispersión partidaria del sector. Si Piñera asumió la presidencia con una Alianza conformada por la UDI y RN, después de su final comenzó la dinámica centrífuga y de esos mismos partidos salieron dos nuevos referentes, Evópolis y Amplitud, impulsados por parlamentarios de derecha, en una división que, entre otros, busca romper con la herencia y adhesión pinochetista que aún se aprecia firmemente en RN y la UDI. El panorama es pues cuasi-catastrófico para la derecha política chilena y lo sería plenamente si la Nueva Mayoría y su Presidenta no estuvieran igual de mal evaluados.

Pero,  ¿permite todo  lo anterior  afirmar la cuasi desaparición de la derecha  en Chile? Pues afirmar sin más, como muchos lo hacen por estos días, que “la derecha no existe”, entraña cierto engaño, porque, ¿qué es ser de derechas en Chile sino defender   la   institucionalidad   socio-económica   heredada   de   la   dictadura   de Pinochet que hasta hoy nos condiciona? La Constitución política es la de 1980, el Plan Laboral es de 1979, el Código de Agua es de 1982, así como la Ley de Telecomunicaciones; el sistema de seguridad social es el mismo que se comenzó a implementar  en  1981;  las  compañías  mineras  no  pagan  impuestos;  las  FF.AA. siguen con sus pactos de silencio en torno a los crímenes de lesa humanidad y continúan disfrutando de una ley reservada pinochetista que les transfiere anualmente el 10% de la ventas del cobre, el agua está totalmente privatizada, el Estado, por mandato constitucional, cumple sólo un rol subsidiario y la estructura mediática es oligopólica e ideológicamente de derechas. Es decir, el modelo socio- económico instaurado por la dictadura pinochetista, neoliberal en extremo, goza de buena salud en Chile, uno de los países más desiguales del mundo.

La pregunta entonces es evidente, ¿cómo es posible, si la derecha política es tan débil? Para responderse eso, lo fundamental es entender que esta institucionalidad neoliberal pospinochetista no sólo ha sido defendida por la derecha política tradicional, lo que es esperable y políticamente lógico, sino también por sectores importantes, mayoritarios y hegemónicos de la coalición de gobierno, la misma que se autoclasifica de “centro-izquierda”. Sin embargo, más allá de estas autodescripciones, desde 1990 la llamada Concertación de Partidos por la Democracia (arco que va desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana) poco ha hecho por modificar los marcos postpinochetistas de convivencia que heredamos. Casi nada queda de las promes
as originales de su programa. Aún no se deroga la Ley de Amnistía, tampoco se ha alterado un milímetro el modelo de seguridad social que es uno de los pilares de los actuales grupos económicos y causante de una vejez miserable. Si cuando terminó la dictadura el 70% de los recursos naturales estaban aún en manos del Estado, hoy la cifra se ha invertido y sólo el 30 % es estatal. Los servicios estratégicos están todos en manos privadas, somos el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, y, por supuesto, geopolíticamente siempre muy cerca de EE.UU., de hecho, junto con España  y  EE.UU.,  Chile  fue  en 2002  el  único  país  en reconocer  oficialmente  el gobierno del empresario Pedro Carmona, tras el golpe contra Chávez, y eso bajo la presidencia del socialista Ricardo Lagos. Nuestro sistema tributario es fuertemente regresivo, la educación está privatizada totalmente, el sector exportador – absolutamente rentista- goza de beneficios tributarios y subsidios directos multimillonarios, y así un largo etcétera de hechos que podrían seguir siendo enumerados   y   que   dan   cuenta   de  un   país   fuertemente  derechizado  en  lo económico, lo geopolítico y lo político.

” Entonces, ¿dónde está la derecha? Claramente, la derecha económica está donde mismo. Es la derecha política la que ha mutado y hoy no sólo la encontramos en la reducida oposición política, sino también en la propia coalición de gobierno. Es decir, somos un país institucional y económicamente de derechas, pero gobernados por una coalición (la NM) que se autodenomina de centro-izquierda “

Entonces, ¿dónde está la derecha? Claramente, la derecha económica está donde mismo. Es la derecha política la que ha mutado y hoy no sólo la encontramos en la reducida oposición política, sino también en la propia coalición de gobierno. Es decir, somos un país institucional y económicamente de derechas, pero gobernados por una coalición (la NM) que se autodenomina de centro-izquierda. Todo esto resulta hoy mucho más difícil de ocultar después de los escándalos de financiamiento ilegal de campañas políticas, tema que ha copado la agenda del 2015 y en el cual la Fiscalía ha demostrado cómo los grandes grupos económicos ligados a sectores mineros, pesqueros y a la banca han financiado, por igual, a políticos de la derecha y del oficialismo. De hecho, la primera en denunciar esto fue en 2013 la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei quien compitió contra Bachelet, cuando se quejó de que la actual Mandataria estaba recibiendo más aportes de los grupos económicos que ella. “Es cosa de mirar, son tres a cuatro veces más que lo nuestro y eso no se consigue si no le donan las empresas. Por lo tanto creo que el tema del financiamiento que realmente ha sido grosero, y es muy importante que veamos de dónde salió todo ese dinero”, dijo Matthei en noviembre de 2013.

El  problema  para  la  derecha  económica  y  los  guardianes  del  modelo  es  que Michelle Bachelet – obligada por “la calle”, es decir, por la presión de los movimientos sociales que desde el 2011 han vuelto a ser actores con incidencia política- triunfó con una oferta ligeramente socialdemócrata que prometió cuatro reformas estructurales: tributaria, educacional, constitucional y laboral. Es decir, ganó en las urnas ofreciendo un programa que políticamente significaba poner fin a la institucionalidad postpinochetista. Para lograr una gobernanza que diera sustento a esa promesa, se puso fin a la “Concertación de Partidos” y, sumando ahora al Partido Comunista, se creó la “Nueva Mayoría”, debía ser ésta la responsable de llevar adelante las transformaciones. El proyecto de la Nueva Mayoría se impuso en la elaboración del programa electoral porque, por un lado, el descalabro del gobierno de Piñera, provocado por las movilizaciones populares, erosionó discursivamente al conjunto de los sectores conservadores para las elecciones  del  2013,  y,  por  otro,  porque  las  fuerzas  sociales  y  políticas  más radicales, de izquierda, fuimos incapaces de levantar una alternativa electoral que disputara hegemonía.

A poco andar, las tensiones al interior de la nueva colación, entre quienes quieren llevar  adelante  las  reformas  y  quienes  prefieren  el  statu  quo,  se  han  hecho evidentes. Cumplido apenas un año de gobierno, Bachelet cambió a su Ministro de Interior  y  al  de  Hacienda  (ambos  identificados  con los  cambios) y  puso  en  su reemplazo a otros dos identificados con los sectores más conservadores y neoliberales. “Salió la Nueva Mayoría y volvió la Concertación”, se dice ahora. En ese sentido, lo que vemos en Chile es que ante la debilidad de la derecha política, desprestigiada y con poco peso parlamentario, la restauración conservadora, dirigida  por  los  principales  grupos  económicos,  está  a  cargo  de  un  sector  del propio oficialismo. Entre medio quedó la presidenta quien para explicar al país la lentitud de las reformas, y fiel a su errático y confuso estilo, dijo que se trata de “realismo sin renuncia”, y entonces, mientras unos enfatizan el “realismo”, otros se las juegan por el “sin renuncia”.

” Pero hoy, a poco más de un año de gobierno, el inocultable fracaso de la Nueva Mayoría, su debilidad para efectivamente implementar las reformas, sumados al desprestigio presidencial, ha dado paso al dominio del viejo “partido del orden”. Su objetivo inmediato es estabilizar la situación y desalojar a “la calle” del escenario político e impedir las reformas “

Pero hoy, a poco más de un año de gobierno, el inocultable fracaso de la Nueva Mayoría, su debilidad para efectivamente implementar las reformas, sumados al desprestigio presidencial, ha dado paso al dominio del viejo “partido del orden”. Su objetivo inmediato es estabilizar la situación y desalojar a “la calle” del escenario político e impedir las reformas. En esa lógica, el “fuego amigo” ha sido el más artero contra Bachelet. Ministros, ex ministros, ex presidentes como Ricardo Lagos, presidentes de partidos como el de la Democracia Cristiana, han tomado bando por la restauración conservadora. En paralelo, gracias al la naturaleza concentrada y derechista de la prensa chilena, se ha iniciado una campaña de rumores que apuntan directamente a la capacidad de gobernar de la presidenta, por supuestos problemas personales, de salud, de estado de ánimo, etc. Esta estrategia político- comunicacional ha logrado que el gobierno tuviera que desmentir pública y oficialmente  que  el  estado  de  salud  de  la  presidenta  está  afectado.  Todo  esto tendría  como  telón  de fondo  impedir  que  Bachelet  finalice  su mandato  (2014-2018), si insiste en las reformas. A tanto ha llegado esta campaña que el senador oficialista, Alejandro Navarro, cercano a la presidenta, ha pedido que se aplique el Artículo 133 del Código Penal (contra la sedición) a quienes están “promoviendo un quiebre institucional”. En paralelo, la presidenta del Partido Socialista, la senadora  Isabel  Allende,  señaló  que  “hay  bastantes  componentes  de  sedición contra la Presidenta, pero es una sedición que no va a llegar muy lejos”.

Así las cosas, a poco más de un año de gobierno, el antagonismo se ha instalado intensamente  al  interior  del  bloque  oficialista,  la  tensión  se  manifiesta  entre quienes defienden  el  modelo  (o  sea,  la  herencia  neoliberal  de  la  dictadura)  y quienes quieres introducir ciertas modificaciones, levemente socialdemócratas. Aunque no está claro si dicha tensión obedece a cuestiones de principios, es decir, a diferencias político-ideológicas, o es una pugna de poder en torno a modos de gobernanza para enfrentar la crisis de elite e impedir cualquier avance de la izquierda.   Sí está bastant
e más claro que apenas un año duró el proyecto refundacional de la Nueva Mayoría, las fuerzas reaccionarias no tardaron más que eso en frenar todo impulso transformador que proviniera de las filas oficialistas y arrinconarlo. No hay dudas pues que la derecha goza de buena salud en Chile, aunque a veces cambie de traje y hasta de domicilio, nunca cambia sus intereses y objetivos.

 

*Dr en Lingüística

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