Operación desestabilizadora desactivada

Brasil

El Tribunal Federal obstaculizó la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de impulsar el impeachment contra Dilma Rousseff. De esta forma, frenó la jugada opositora tendiente a abrir un juicio político a la mandataria. Ahora se requerirán 343 votos de los 513 legisladores (dos tercios), algo muy difícil de alcanzar si se quiere aplicar el proceso.

Dilma Rouseff y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha- Foto: Folhapress

Teresa Cruvinel- Brasil247

Con los amparos de los jueces Teori Zavascki y Rosa Weber, el Supremo Tribunal Federal (STF) dejó al presidente de la Cámara de Diputados con las manos atadas respecto a los trámites de impeachment hasta que el pleno de la máxima corte de justicia de Brasil se pronuncie sobre los ritos del proceso.

Más que eso, el STF entró en escena avisando a los articuladores del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff que actuará como freno y contrapeso en la disputa, asegurando el orden institucional y supliendo las lagunas legales existentes sobre el tema. Ellas existen, son importantes y no fueron enfrentadas en la experiencia de 1992.

El protagonismo y el compromiso de la corte suprema con el Estado Democrático y de Derecho pueden significar la diferencia entre una democracia y una república bananera.

Los dos amparos aún serán objeto de deliberación del pleno del STF pero fueron concedidos en sintonía con el pensamiento promedio de la corte, que se manifiesta por primera vez sobre la cuestión. Y lo hará otras veces, en un proceso que será intensamente judicializado, incluso debido a las referidas lagunas legales.

El amparo del juez Zavascki suspendió la aplicación del rito definido por Cunha atendiendo la cuestión de orden que levantó la oposición. La de la jueza Weber, más amplia, suspendió toda y cualquier iniciativa sobre el impeachment hasta que el STF se pronuncie.

» Más que eso, el STF entró en escena avisando a los articuladores del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff que actuará como freno y contrapeso en la disputa, asegurando el orden institucional y supliendo las lagunas legales existentes sobre el tema. Ellas existen, son importantes y no fueron enfrentadas en la experiencia de 1992 «

Una consecuencia importante se refiere al papel del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, en el proceso. Por su acuerdo con la oposición, él rechazaría el pedido de impeachment de los abogados Hélio Bicudo y Reale Junior y la oposición recurriría al pleno de la Cámara de Diputados. Aprobaría el recurso por mayoría simple de votos y el engranaje del impeachment comenzaría a rodar.

Según ese guión, Cunha, con los problemas que enfrenta, sería una figura secundaria en el proceso. Al fin y al cabo, él rechazaría el pedido y resultaría vencido por el voto.

Pero si el STF mantiene el entendimiento de sus dos jueces, todo será diferente. Cunha sólo podrá acoger o archivar cualquier pedido de impeachment. Sin posibilidad de recurso. Y así, sólo habría proceso de impeachment con sus huellas digitales, a través de la acogida del pedido. Y eso le sacaría fuerza y legitimidad al proceso contra Dilma, reforzando las sospechas de que lo que busca Cunha es venganza e intenta enturbiar la percepción de su involucramiento en el caso Lava Jato con la aparición de sus cuentas bancarias en Suiza.

Y peor aún quedó la situación de la oposición que el fin de semana pidió por nota el alejamiento de Cunha de la presidencia de la Cámara baja para «que pueda ejercer de forma adecuada su derecho constitucional a la amplia defensa». Después de eso, será por lo menos delicado llevar adelante un proceso de impeachment autorizado por él.

El pedido de amparo del diputado Wadih Damous sustentó la necesidad de que sea aplicado el rito propio definido por ley y no el reglamento interno, como hizo Eduardo Cunha al definir el rito del impeachment a pedido de la oposición. «Si no tenemos una ley adecuada, tratemos de aprobarla pero no de improvisar”, dijo el legislador.

» Los jueces del STF que dictaron amparos sugieren que el STF será el fiel de la balanza, arbitrando todos los temas en que hay dudas jurídicas. “En un proceso de tamaña magnitud institucional, que pone en juicio el más elevado cargo del Estado y del gobierno de la nación, es presupuesto elemental la observancia del debido proceso legal » 

El artículo 85 de la Constitución Federal define los delitos de responsabilidad del presidente de la República y dice en su párrafo único: “Esos delitos serán definidos en ley especial, que establecerá las normas del proceso y el juicio”. Siete años después de la promulgación de la Carta Magna de 1988 tal ley especial no había sido votada pero los congresistas se valieron de otra, aún en vigor, que trata del mismo tema, la Ley 1.079, de 1950. Y así, esa norma fue el norte del proceso de 1992 contra Collor.

La oposición, antes de la concesión de los amparos por los jueces del STF, pidió a Cunha que demorara el proceso esta semana porque estaba siendo preparado un “aditivo” al pedido de Bicudo/Reale Júnior. En él, la presidenta Dilma sería acusada de haber cometido «pedaleos» fiscales también en el 2015. Con eso, se intentaría neutralizar el argumento de que, constitucionalmente, Dilma no puede ser responsabilizada por actos del mandato anterior. Bicudo y Reale hablan, en el documento ya oficializado, sólo en «pedaleos» cometidos en el 2014.

Pero este agregado, si llega a ser recibido por Cunha, será cuestionado por el PT ante el STF. La ley 1.079 no contempla la posibilidad de alterar la denuncia con agregados. Y eso será otra piedra en el camino opositor.

Los jueces del STF que dictaron amparos sugieren que el STF será el fiel de la balanza, arbitrando todos los temas en que hay dudas jurídicas. “En un proceso de tamaña magnitud institucional, que pone en juicio el más elevado cargo del Estado y del gobierno de la nación, es presupuesto elemental la observancia del debido proceso legal, formado y desarrollado en base a un procedimiento cuya validez esté fuera de cualquier duda de orden jurídica», afirmó el juez Teori Zavascki.

O sea, que se preparen los dos lados para la guerra política y también jurídica. 

 

Redacción- Proceso (México)

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dio un revés a los legisladores que pretenden llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

El ministro Teori Zavascki desechó este martes la maniobra reglamentaria promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

Con ello, ordenó detener cualquier procedimiento de juicio político, como el planteado por el diputado Cunha, con base en el reglamento interno del Legislativo.

Según la legislación brasileña, la Cámara de Diputados tiene la atribución de decidir si acepta o no una solicitud de juicio político como la que plantean los opositores Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y Demócratas (Dem).

Hace dos semanas, Eduardo Cunha declaró que si la solicitud de juicio político contra la mandataria era rechazada por el STF, ejercerían su facultad de apelar al pleno de la Cámara baja; en ésta se requiere el voto de la mitad más uno de los presentes para aceptar la petición.

» La decisión del STF significa la reducción de las posibilidades de aplicar este proceso contra la presidenta de Brasil. Y es que el trámite requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, los votos de 342 de 513 legisladores «

La decisión del STF significa la reducción de las posibilidades de aplicar este proceso contra la presidenta de Brasil. Y es que el trámite requiere el apoyo de dos tercios de la Cáma
ra de Diputados, es decir, los votos de 342 de 513 legisladores.

Bajo este contexto, se espera que la decisión del Tribunal suspenda el trámite en los próximos períodos de sesiones.

Antes del fallo, la presidente Dilma Rousseff convocó a varias reuniones extraordinarias con sus ministros cercanos para trazar una estrategia ante la posibilidad de que avanzara el proceso de juicio político.

De hecho, el pasado 8 de octubre en el primer encuentro con su gabinete con este propósito, dijo que en curso en el país está en curso “un golpe democrático a la paraguaya”, según declararon asistentes a la reunión.

 

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