Un fallo perverso y político

Paraguay
Especial

No fue un mero proceso penal. La condena contra los campesinos de la masacre de Curuguaty fue ejemplificadora y disuasiva para que otras personas u organizaciones desistan del empleo de este tipo de reclamos. Se construyó un libreto premeditado en el que reinó únicamente la justicia de la élite que libra con todo su poder la batalla de la tenencia de tierras en el país.

Paulo López- E’a (Paraguay) 

Pasadas las 13.00 horas de este lunes, el Tribunal de Sentencia del caso Curuguaty –conformado por Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero– anunciaba la lectura de la parte resolutiva del veredicto final sobre los acusados y acusadas por la matanza del 15 de junio de 2012 ocurrida en las tierras de Marina Cue.

Las expresiones iniciales del presidente del tribunal, Trinidad Zelaya, ya anticipaban la condena en un proceso en que las cosas se fueron acomodando a un fallo previamente escrito. El flanco más débil de la acusación –el reconocimiento de parte del fiscal Jalil Rachid de que no podía determinar quién mató a quién, por lo que los cargos de homicidio fueron por tentativa– fue resuelto con una sencilla maniobra: Rachid fue llevado como ministro de Seguridad Interna y los nuevos fiscales del caso –Liliana Alcaraz, Leonardi Guerrero y Nelson Ruiz– intentaron enmendar el error cambiando la calificación a la de homicidio doloso consumado.

Centenares de personas aguardaban frente al Palacio de Justicia. Los antimotines y la montaba se aprestaban. Trinidad Zelaya habló de manipulaciones, tergiversaciones y falsedades supuestamente propagadas por organizaciones deportivas, eclesiales, políticas y oenegés. Aseguró que tras la finalización del juicio el órgano competente podía responder a la pregunta sobre ¿qué pasó en Curuguaty?, la inquietante interrogante inicial que interpeló la versión oficial de los hechos: unos 60 campesinos y campesinas con obsoletos instrumentos de caza prepararon una emboscada a más de 300 efectivos, entre ellos la policía militarizada, con apoyo de un helicóptero y tiradores con armas de guerra. Las mujeres cumplieron el papel de “señuelos” mostrándose con sus hijos en brazos para generar un ambiente de confianza y tomar desprevenidos a los policías. Un video que registra los momentos previos de la incursión, sin embargo, muestra que la orden era ir a “atropellar directamente”, como se lo escucha decir a Erven Lovera, jefe del operativo.

» Pasadas las 13.00 horas de este lunes, el Tribunal de Sentencia del caso Curuguaty –conformado por Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero– anunciaba la lectura de la parte resolutiva del veredicto final sobre los acusados y acusadas por la matanza del 15 de junio de 2012 ocurrida en las tierras de Marina Cue «

Ya en el año 2015 se abría otro intersticio que permitía vislumbrar la dirección de este fallo. El Estado paraguayo (propietario del inmueble) aceptó en donación las tierras en disputa de parte de Campos Morombí (firma que explotaba de manera irregular las tierras). De esta manera se reconocía los derechos de la empresa para formular la denuncia que terminó en el trágico desalojo y así como los cargos de invasión de inmueble. Vanamente el Ejecutivo intentó desentenderse dejando que la iniciativa tenga sanción ficta y excusándose de que el proyecto venía de otro poder del Estado (en este caso de un legislador de su misma línea política, Bernardo Villalba).

Por otro lado, aunque se trataba de una comisión legítimamente constituida y reconocida como tal por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), estas intervenciones “correctivas” ya cerraban el triángulo con la figura de la asociación criminal: la existencia de una supuesta estructura jerárquicamente organizada para llevar a cabo un plan previamente concebido para matar policías y hacerse a la fuerza de un inmueble privado.

El pedido de la fiscalía fue claro: una sentencia ejemplificadora que sirva de fuerza disuasiva a otras personas y organizaciones para desistir del empleo de este tipo de reclamos. El orden nebuloso de la tenencia de tierras en Paraguay no se discute. “Un fallo perverso, que nos demuestra hasta dónde el Poder Judicial y el Ministerio Público siguen siendo políticamente instrumentados para la persecución más espuria que uno pueda imaginar… y lo servil que a este propósito son algunos operadores de justicia, como los fiscales y jueces que hicieron tabla rasa de garantías procesales”, afirma Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

De hecho –refuerza– en el caso no estuvo en juego un mero proceso penal, sino la lucha (trágica en grandes pasajes) que sobrellevan las familias campesinas contra el latifundio y las tierras malhabidas. Una lucha desigual que enfrenta al emporio económico de las multinacionales del agronegocio y sus contrapartidas locales con una resistencia campesina cada vez más empobrecida.

» Rubén Villalba fue condenado a 30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad; Luis Olmedo, 20 años; Arnaldo Quintana, 18 años; Néstor Castro, 18 años; Fanny Olmedo, 6 años; Dolores López, 6 años; Lucia Agüero, 6 años; Felipe Benítez Balmori, 4 años; Alcides Ramírez, 4 años; Adalberto Castro, 4 años; Juan Carlos Tillería, 4 años «

La decisión previa de condenar a los campesinos y campesinas –por un hecho del cual las élites políticas y económicas sacaron gran provecho una semana después con la destitución de Fernando Lugo– hace que poco importen las formalidades inherentes a un proceso judicial.

“La falta de transparencia y el acento puesto únicamente en la investigación a los campesinos, existiendo evidencias sobre graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con la ejecución extrajudicial y tortura de al menos 7 de los 11 campesinos muertos, muestra por sí mismo lo parcial del juzgamiento, así como el sesgo ideológico que pesa sobre el caso Curuguaty, donde los campesinos y campesinas, y sus derechos, no cuentan para el sistema de justicia de nuestro país”, añade Ayala.

En la carpa de la plaza don Mariano y doña Elida se abrazan. Como ellos, hay varias familias enlutadas por la tragedia y la injusticia. Son padre y madre de Adolfo Castro Benítez –asesinado en la masacre– y de Adalberto y Néstor Castro Benítez –ahora condenados por la masacre–. Don Mariano ya lo venía venir, pero en el fondo de la caja de Pandora siempre queda algo que se resiste a abandonarnos.

Otro golpe más que se suma a la gran carga que ya llevan sobre las espaldas. Recuerda cómo durante el proceso el juzgado solo hacía lugar a los pedidos de la fiscalía y rechazaba la mayoría de las diligencias propuestas por la defensa para esclarecer las circunstancias en que se dieron las muertes. “Ko juicio ko’ãnga ojecocina ojecocina haguéicha la masacre”, dice con firmeza pero sin perder su habitual serenidad.

Rubén Villalba fue condenado a 30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad; Luis Olmedo, 20 años; Arnaldo Quintana, 18 años; Néstor Castro, 18 años; Fanny Olmedo, 6 años; Dolores López, 6 años; Lucia Agüero, 6 años; Felipe Benítez Balmori, 4 años; Alcides Ramírez, 4 años; Adalberto Castro, 4 años; Juan Carlos Tillería, 4 años. La actuaria judicial apuraba la lectura con la voz nerviosa mientras el escalofriante “por la condena” de cuatro años atrás se terminaba de consumar.

Pilar Chato- Otramérica (Paraguay)

Penas de hasta 30 años de cárcel por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble. Esa es la sentencia que se conoció este martes 12 de julio para los 11 acusados por la denominada como masacre de Curuguaty, un incidente ocur
rido en el año 2012 durante el desalojo de unas tierras ocupadas en el que murieron 17 personas, 11 de ellas campesinos y seis policías. Sin embargo, el largo proceso judicial que ha concluido ahora únicamente ha sentado en el banquillo a los campesinos, varios de ellos heridos durante el enfrentamiento, y ha dejado fuera de la investigación, del juicio y, por supuesto, de la sentencia, a quienes dieron la orden del desalojo, a los mandos policiales y a los agentes que participaron.

El 15 de junio de 2012, 324 efectivos de la Policía ingresaron en los territorios conocidos como Marina Cué para sacar a los 70 campesinos que ocupaban el lugar tras la denuncia presentada por la empresa que reclamaba la propiedad de los terrenos, Campos de Morombi. El operativo encabezado por la fiscal Ninfa Aguilar terminó en masacre.

» Las reacciones de organizaciones internacionales y los movimientos y partidos de la izquierda paraguaya han sido de rechazo inmediato. Decenas de personas, referentes de organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos protagonizaron una vigilia en la sede del Palacio de Justicia de Paraguay «

Pero en este caso únicamente se han investigado las muertes de los agentes de Policía y se han dejado por fuera los once asesinatos de los campesinos. Las reacciones de organizaciones internacionales y los movimientos y partidos de la izquierda paraguaya han sido de rechazo inmediato. Decenas de personas, referentes de organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos protagonizaron una vigilia en la sede del Palacio de Justicia de Paraguay. El Frente Guasú ha solicitado una audiencia ante la Asociación de Estados Americanos (OEA) para tratar “un proceso plagado de irregularidades” y una condena “aberrante”.

Amnistía Internacional (AI) y Oxfam también han reclamado justicia para las familias campesinas del caso y han expresado su preocupación por el rechazo del Ministerio Público a investigar también el asesinato de los campesinos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI cree que el Ministerio público “no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos”. Ambas organizaciones critican cómo se condena a los campesinos, sin dar respuesta a su vez a los temas de verdad y justicia en el caso de los otros once campesinos asesinados, y sin dilucidar la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la justicia civil.

Ya en 2013, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recriminó a Paraguay por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la manera en que se estaba encarando la investigación fiscal del caso. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) también ha repudiado la sentencia porque “conculca los más elementales derechos de las personas” y las condena “sin que exista certeza en la acusación, cuando correspondía la absolución por la persistencia de una duda razonable»

Un caso que torció la historia

Curuguaty no es un caso baladí. La masacre precipitó la destitución del expresidente Fernando Lugo, tan solo siete días después de la matanza, y detrás de la ocupación de Marina Cué se encuentra la disputa por una distribución equitativa de la tierra en Paraguay. En este país el 1,6% de los propietarios posee el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional, denuncia Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe. Lugo, de hecho, apuntó a una tímida reforma agraria y su presidencia llegó a su fin de forma más que dudosa.

Los campesinos implicados en la protesta y la masacre de Curuguaty reclamaban desde 2004 esas tierras, en las que se habían instalado a la espera de que la reforma agraria puesta en marcha por el presidente Nicanor Duarte Frutos se las adjudicara. Sin embargo, la ocupación de los terrenos fue denunciada por quien se consideraba propietario de Marina Cué, Blas Riquelme, empresario, propietario de Campos Morombí (soja) y ex senador del Partido Colorado, formación que junto a los liberales apoyó el golpe de estado parlamentario que sacó a Lugo de la presidencia, a la que había llegado con el apoyo del 43% de los votantes.

» Curuguaty y todo lo que la rodea no es nuevo, Según información de organizaciones locales de derechos humanos, en los últimos 25 años por lo menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas han sido asesinados en Paraguay o se encuentran desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución equitativa de la tierra «

El fiscal nombrado para investigar la masacre, fue Jalil Rachid, hijo de Bader Rachid Lichi, expresidente, precisamente, del Partido Colorado, destaca hoy en editorial el digital E,a, que habla de “la sentencia de la vergüenza”. En este texto afirman que “no se abrió una investigación. Se construyó un libreto premeditado, cerrando toda posibilidad de abrir luces sobre el caso más emblemático de las últimas décadas. Antes se despejó el escenario del crimen de toda prueba que pudiese comprometer a las fuerzas policiales y grupos irregulares que pudieron entrar en acción”.

Curuguaty y todo lo que la rodea no es nuevo, Según información de organizaciones locales de derechos humanos, en los últimos 25 años por lo menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas han sido asesinados en Paraguay o se encuentran desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución equitativa de la tierra.

La doble condena a las víctimas

En el juicio por la masacre de Curuguaty quedaron atrapadas 11 personas, campesinos ocupantes del los terrenos y víctimas también del enfrentamiento con la Policía. La pena más alta (30 años) ha sido para Rubén Villalba (35 años), Luis Olmedo (20 años), Arnaldo Paredes y Néstor Castro (18 años). Las mujeres Lucia Agüero, María Olmedo y Dolores López fueron condenadas a 6 años y seguirán con prisión domiciliaria, mientras que Felipe Benítez, Adalberto Castro y Juan Carlos Tilleria pasarán 4 años privados de libertad.

Pero es que  Néstor Castro, Rubén Villalba y Lucía Agüero, recibieron balas durante la tragedia. Néstor en la mandíbula, Rubén en la cabeza y Lucía en el muslo. Lucía, además, vio cómo ejecutaron a su hermano De los Santos Agüero.

La culpa de Lucía, Fany y Dolores está en ser cómplices de homicidio por prestarse a ponerse en primera línea con niños y ancianos ante la llegada de los agentes que realizaron el desalojo de Campos Morombí. La justicia en Paraguay no es para ellas.

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