Curuguaty, la imagen de la injusticia paraguaya

El 26 de junio, casi dos años después de la Masacre de Curuguaty y en medio de la realización del Mundial de Fútbol, empezará el juicio contra 5 campesinos acusados de ser los responsables de esos hechos que causaron la muerte de 11 otros campesinos y 6 policías. El proceso está plagado de irregularidades y los imputados se encuentran en huelga de hambre. La matanza también derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.

Curuguaty, la imagen de la injusticia paraguaya

Clyde Soto y Rocco Carbone – E»a (Paraguay)

«No podemos quedarnos quietos cuando en cualquier lugar del mundo una audiencia preliminar como la que tuvimos hubiese declarado la nulidad de todo el proceso y nuestra libertad. Y sobre todo, no podemos quedarnos tranquilos en la cárcel sabiendo que los invasores siguen ocupando gran parte de las tierras que pertenecen al Estado y al pueblo paraguayo».

Declaración de los campesinos en huelga de hambre (1).

Una huelga de hambre podría parecer una señal de la desesperanza. Quien no come voluntariamente por demandas que considera justas, ha perdido la confianza de obtener justicia en un marco de razonabilidad que no lleve a exponer la propia supervivencia. Pero también es una señal de la esperanza: un llamado –dirigido a Paraguay y al mundo– desde la dignidad inquebrantable de quienes saben que su demanda es justa.

Una vez más, Curuguaty se vuelve un símbolo con la medida de fuerza de cinco campesinos injustamente presos, acusados arbitrariamente de haber tenido responsabilidad en la masacre de Marina Kue, ocurrida el 15 de junio de 2012 en esas tierras malhabidas que condensan la expoliación de las riquezas del Paraguay. El juicio a doce campesinos procesados por el caso Curuguaty ya tiene fecha: del 26 de junio al 11 de julio de 2014. Se realizará en medio de las fechas previstas para el Mundial de fútbol 2014, lo que parece un ademán menos casual que finamente calculado. Además, el 21 de abril será juzgada una adolescente inculpada, quien se negó a aceptar un procedimiento abreviado que implica asumir la culpabilidad, a cambio de una condena sin pena carcelaria. El segundo adolescente del caso fue condenado en febrero de 2013 pero con el dudoso beneficio de la suspensión de pena a prueba: no guarda reclusión pero ha sido sentenciado como culpable de asociación criminal por haber llevado ropas y comidas al asentamiento donde sucedió la masacre.

«El próximo juicio se perfila apenas como la ratificación de una sentencia previamente emitida acerca de la culpabilidad de las personas que serán juzgadas. El proceso seguido se ha montado sobre un cúmulo de irregularidades»

Con los antecedentes de la injusticia evidente de esa primera condena y de una audiencia preliminar carente de razonabilidad, se puede entender perfectamente la huelga de hambre iniciada el 14 de febrero por Rubén Villalba, los hermanos Néstor y Adalberto Castro, Felipe Balmori y Arnaldo Quintana. En el juicio se debería determinar si son o no responsables de lo que se les acusa. Aquí el “debería” no es casual. Indica una expectativa acerca del objetivo de un juicio penal, que en Paraguay precisamente no se cumple. El próximo juicio se perfila apenas como la ratificación de una sentencia previamente emitida acerca de la culpabilidad de las personas que serán juzgadas. El proceso seguido se ha montado sobre un cúmulo de irregularidades: se les acusa de tentativa de homicidio doloso y la explicación del fiscal es que no tiene certeza sobre quiénes accionaron las armas asesinas, se les acusa de invasión de inmueble ajeno cuando existen numerosos elementos sobre la propiedad estatal de las tierras de Marina Kue, no se ha investigado ninguna de las muertes de campesinos pese a la presunción de ejecuciones de varios de ellos por parte de los policías, no se incluyó en la investigación el testimonio de los campesinos, se incorporaron pruebas por fuera del periodo en que la defensa podía revisarlas con el objeto de contestarlas, entre muchos otros elementos que muestran cómo aquí no se busca justicia, sino consolidar el montaje preparado para derivar en lo que fue el golpe parlamentario de junio de 2012, con el que se tumbó un gobierno que había sido democráticamente electo.

El caso Curuguaty representa un patrón de actuaciones del sistema judicial, que opera de manera funcional a un modelo económico y político caracterizado por la concentración de la tierra para la producción extensiva de cultivos de exportación y alta renta, principalmente la soja, y para la ganadería, donde los pequeños agricultores molestan, principalmente cuando se oponen a las consecuencias que recaen sobre ellos: pérdida de la tierra o imposibilidad de regularizar la tenencia, fumigaciones sobre asentamientos humanos, desplazamientos forzados por la pobreza. El proceso penal es utilizado para limitar la capacidad de reacción de quienes se organizan para resistir al modelo –lo que puede verse en las imputaciones masivas que pesan sobre activistas del movimiento campesino–, para dar castigos ejemplares que impidan la consolidación de la resistencia, y para allanar el camino de los terratenientes y de las empresas que se benefician de este modelo.

«No es casualidad que el presidente del Paraguay nunca haya dicho nada sobre qué hacer para que los cinco campesinos presos en el penal de Tacumbú no mueran de hambre antes de la fecha indicada para el juicio».

Pero este modelo no se agota en el sistema judicial, que apenas constituye su brazo represivo más efectivo, sino que se manifiesta en toda la organización estatal y en sus poderes, los que actúan coordinadamente para dar cuerpo a un sistema que niega a la democracia, sirviéndose perversamente de ella. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el épico narco que comandaba en Colombia el Cartel de Medellín, cuando empezó a coquetear con los rebordes de la política nacional, además de ocuparse de cierta redistribución del ingreso o de construir un barrio entero para los sectores más necesitados de su territorio, empezó a fraguar un estribillo que recitaba esto: que estaba interesado en los derechos humanos de la gente. Era la frase autojustificatoria para explicar la razón de su interés en la política nacional y en el Congreso de su país. La suerte hizo que no se vieran implementadas las imaginadas “políticas de derechos humanos” de Escobar en Colombia. Quizás tampoco deberíamos esperar ver las de Cartes en Paraguay, cuyo gobierno, vía mediaciones más o menos ostentosas, es deudor de esos campesinos privados de la libertad, sin pruebas a la vista y en huelga de hambre desde hace un mes. No es casualidad que el presidente del Paraguay nunca haya dicho nada sobre qué hacer para que los cinco campesinos presos en el penal de Tacumbú no mueran de hambre antes de la fecha indicada para el juicio. Menos aún deberíamos esperar alguna movida desde el Congreso, más ocupado en proteger a sus integrantes acusados de corrupción que en trabajar para dar forma a una democracia con equilibrio de poderes y respetuosa de los derechos humanos.

Curuguaty y su proceso judicial representan el modelo contrahecho de la democracia paraguaya: un sistema de fachada donde los privilegios dominantes se sostienen gracias al aplastamiento de toda disidencia. Los campesinos en huelga de hambre ¿posiblemente? hayan perdido la expectativa de obtener justicia, pero ofrecen al Paraguay el ejemplo de su lucha. Y precisamente por eso no pueden ser olvidados, tal como fueron olvidados poco después –según un texto literario/memorial paraguayo– los hechos del Ycuá Bolaños, pues “los mundiales de fútbol los fueron borrando del cielo de los recuerdos”(2).

 

(1) Jairo
Marcos y María Ángeles Fernández, “La masacre que desfiguró Paraguay sigue sin respuestas”, en Periodismo Humano. http://periodismohumano.com/destacado/la-masacre-que-desfiguro-paraguay-sigue-sin-respuestas.html

(2) Catalo Bogado Bordón, “Crónica de un sobreviviente del Ycuá Bolaños”. En Catalo Bogado Bordón (2009), Insurgencias del recuerdo. Buenos Aires: Ediciones El 8vo. loco. Colección 69 / Argentina es Latinoamérica.

 

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