Cuando los Estados piden perdón

Los Estados pueden ser acusados de violar, matar, torturar, discriminar, perseguir, detener arbitrariamente, entre otras atrocidades -violaciones a los Derechos Humanos- que llevan a adelante a través de diferentes efectores. Algunos casos consiguen llegar hasta el sistema jurídico internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros logran reparación a través de procesos colectivos de memoria y justicia. 

Esta semana, dos casos obligaron a los Estados a pedir perdón como forma simbólica de reparación. “Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa”, reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, días antes de que la migrante guatemalteca Juana Alonzo sea liberada. Juana estuvo más de siete años en la cárcel injustamente, sin acceso a la justicia, sin contención emocional y sin traducción a su idioma. 

Chile también debió pedir disculpas por haber torturado a una mujer cuando fue a parir. Francisca, como se la conoce para proteger su identidad, fue esterilizada sin su consentimiento por el solo hecho de tener VIH. En el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, el presidente chileno, Gabriel Boric, pidió disculpas y se preguntó: “¿A cuántas personas como tú no conocemos?”. 

Libertad para Juanita 💪

Juana Alonzo tiene 35 años. En agosto de 2014 decidió dejar su Guatemala natal en busca de un futuro mejor. Su objetivo era llegar a Estados Unidos para poder trabajar. En el medio de la travesía fue captada por un “coyote”, como le dicen a quienes administran ilegalmente el tráfico de personas a través de las fronteras, quien la llevó a una casa en México y la obligó a trabajar. Otras dos migrantes que también fueron forzadas a trabajar en ese mismo domicilio lograron contactar a las autoridades para pedir ayuda. 

Sin embargo, los efectivos consideraron que Juana era la secuestradora y la llevaron detenida. Juana sólo hablaba chuj, su idioma maya, por lo que no comprendía por qué se la llevaban ni de qué la acusaban. Le siguieron un sin fin de hostilidades: fue violentada, golpeada, torturada y obligada a firmar una declaración en la que se autoincriminaba. Nunca le ofrecieron una intérprete ni otro tipo de asesoría legal.

El caso llegó hasta organizaciones sociales que defienden los derechos de los migrantes y de las mujeres y así empezó la campaña #LibertadParaJuanita. Hasta el propio presidente de México se hizo eco de esta injusticia y en una de sus conferencias matutinas pidió una reparación urgente. “Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan porque aceptaron que era una injusticia”, reclamó López Obrador. Dos días más tarde del pedido del presidente la Fiscalía firmó la orden de libertad para Juana. 

Francisca, dignidad y justicia 😥

Este fue el nombre de la campaña que persiguió justicia y reparación para Francisca, en Chile. En 2002, Francisca decidió ser madre. En la primera etapa de su embarazo se enteró de que era VIH positivo, algo que desconocía hasta el momento. Siguió el tratamiento que le indicaron los médicos para evitar el contagio del bebé. El día que tenía programada la cesárea, en un hospital público, fue esterilizada sin su consentimiento. Los médicos la acusaron de ser irresponsable por querer gestar siendo VIH positivo y tomaron una decisión irreversible.  

Hasta el 2000 Chile avaló las esterilizaciones quirúrgicas de mujeres decididas por el personal médico y autorizadas por el marido. Por esta práctica, muchas mujeres con VIH fueron esterilizadas a la fuerza. Pero en el 2000 esa legislación cambió y pasó a ser requisito que el consentimiento para una esterilización sea por escrito. Francisca nunca dio este consentimiento porque pensaba tener más hijos en el futuro.

El Centro de Derechos Reproductivos llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Francisca no quedan dudas: había sido esterilizada a la fuerza solo por ser VIH positivo. “Forzar a una persona a una esterilización es una grave violación de derechos humanos, el Estado debe garantizar que el personal médico actúe siempre bajo el consentimiento informado y expreso de los y las pacientes”, sostuvieron los organismos de derechos humanos. 

Diez años más tarde, y como parte del Acuerdo de Solución Amistosa al que llegó Chile con la damnificada, el Estado tuvo que salir a pedir perdón. Fue el presidente Gabriel Boric quien hizo el pedido de disculpas y se preguntó “cuántas más” Franciscas fueron sometidas a esta injusticia. “Duele pensar que el Estado, que hoy tengo el honor de representar, es responsable de tu caso”, dijo Boric en el acto público de reconocimiento de responsabilidad. Desde la tarima prometió avanzar en medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

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