Cruzada contra las AFP: la Justicia rechazó el retiro de fondos a dos jubiladas

A pesar de que en octubre el Tribunal Constitucional admitió la denuncia de dos mujeres contra el actual sistema privado de pensiones de Chile, luego declaró “inconstitucional” su reclamo. Ambos casos habían sido paradigmáticos porque pusieron por primera vez en jaque a las cuestionadas AFP creadas bajo la dictadura pinochetista. “El TC cuida y protege el derecho de propiedad de los grandes empresarios”, se quejaron.

María Angélica Ojeda, una profesora de Antofagasta y Beatriz Valenzuela, una enfermera de Punta Arenas, solicitaron medidas cautelares ante la Corte de Apelaciones de sus ciudades para poder retirar sus fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros.

A raíz del caso, el Tribunal Constitucional habilitó una discusión inédita por la inaplicabilidad para el Decreto Ley 3.500, que en 1980, en dictadura, estableció el actual sistema de pensiones.

El juez Oscar Clavería había expuesto una contradicción de la norma con el derecho de propiedad de los trabajadores. Por eso, el nuevo fallo clausuró también la posibilidad de que otros denunciantes puedan pedir lo mismo. “Vamos avanzando en la lucha por la Seguridad Social”, dijo sin embargo Ojeda, la cara más visible del reclamo.

La denuncia es una crítica también contra todo el sistema previsional, que data de la dictadura de Augusto Pinochet. “Lo que queremos es un cambio previsional en Chile, que detengan la posible reforma y que empecemos a revisar qué es lo que tenemos los chilenos”, subrayó Ojeda, quien también integra el colectivo No+AFP.

Numerosas manifestaciones se organizaron desde su creación, en 2016, para denunciar el uso de los fondos de las administradoras y el monto de las jubilaciones mínimas.