Crisis e inestabilidad

Guatemala

Los escándalos de corrupción y la crisis política se están expandiendo hacia los otros organismos del Estado. Desde hace algunas semanas, Guatemala se encuentra sumida en una agitación jurídica que no parece tener fin. Un incierto proceso judicial en torno a la inmunidad del presidente y la suspensión de una comisión que evaluaría su función como corolario de la corrupción institucional. 

Foto: nacion.com/mundo/centroamerica

Juan Alberto Fuentes Knight- Prensa Libre (Guatemala) 

Las manifestaciones de la ines- tabilidad generada por la permanencia de Otto Pérez Molina en el poder son evidentes: un desproporcionado operativo policial para detener a las personas de San Juan Sacatepéquez que habían participado en la manifestación pacífica en el parque central, manifestaciones de maestros y empleados de salud movilizados por simpatizantes del gobierno para crear confusión, un incierto proceso judicial en torno a la inmunidad del presidente, y la constitución de una comisión en el Congreso, luego suspendida, que debía evaluar si había razones por las cuales el presidente podía considerarse corrupto y que sería encabezada por un diputado acusado de corrupción. Sumémosle la incertidumbre que rodea al proceso electoral, el descalabro tributario y tragedias como el ecocidio en el río La Pasión. ¿Es eso estabilidad?

Más importante es la inestabilidad a largo plazo que está generando la incapacidad de aquellos con más poder para responder al desafío histórico que ahora se manifiesta con tanta crudeza. Un Tribunal Supremo Electoral que goza de amplio respaldo, ahora amenaza con proponer reformas que ya no se aplicarían a las elecciones celebradas este año sino a otras elecciones futuras. Un sector privado que ha sido cómplice de la corrupción debido a su corresponsabilidad en el gobierno actual y en gobiernos pasados, como lo demuestra la continua presencia de sus ministros en estos gobiernos, no se atreve a romper con su lamentable historia y a abrir un espacio para que toda la sociedad, incluyéndolos a ellos, pueda salir adelante. Una nerviosa clase política, acostumbrada a robar y a ejercer el poder sin ningún escrúpulo, se atrinchera en sus posiciones con la secreta esperanza de que la ola de indignación no dure demasiado, al tiempo que mantiene su estrategia clientelar —entrega de regalos a los más pobres— para ganar votos. Una embajada nublada por su temor al narcotráfico, a migrantes y a los ejemplos de Egipto y Honduras le tiene terror a nuestra primavera. Y d

” Frente a la irresponsabilidad histórica de los más poderosos no queda más que acudir a la organización ciudadana y a la protesta. Dicen que no hay propuestas, pero abundan. Dicen que domina la izquierda o que el sector privado puede apropiarse del proceso, pero es falso. Lo ejemplifica el debate sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos “

Frente a la irresponsabilidad histórica de los más poderosos no queda más que acudir a la organización ciudadana y a la protesta. Dicen que no hay propuestas, pero abundan. Dicen que domina la izquierda o que el sector privado puede apropiarse del proceso, pero es falso. Lo ejemplifica el debate sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las propuestas sobre el financiamiento de los partidos, por ejemplo, van desde los que quieren que todo se financie con recursos públicos hasta los que quieren que solo sea privado, pasando por los que favorecen un financiamiento mixto. No hay una posición común porque Guatemala no es homogénea, y nunca lo será. Debemos hacer funcionar nuestro régimen democrático: tenemos que permitir que se reflejen todas estas posiciones pero la clase política actual no lo puede hacer. Hay que desplazarla del poder. Surgirá más evidencia de su corrupción. Preparémonos para una larga lucha que no hace sino comenzar. 

 

Juan Carlos Zapata- El Periódico (Guatemala) 

Los recientes escándalos de corrupción en el Ejecutivo y la crisis política que se ha generado en el país, que comienza a expandirse hacia los demás organismos del Estado en la medida en que más investigaciones salen a luz pública, muestra cómo las instituciones guatemaltecas son débiles y en general la población tiene poca confianza en ellas. La principal razón de la falta de confianza de la población hacia las instituciones, está directamente relacionada a la percepción de corrupción que existe hacia las diferentes organizaciones del Estado.

La corrupción, tradicionalmente definida como el uso de poder público para fines privados, depende del individuo y no del sistema, como algunos analistas quisieran hacernos ver. Es una decisión personal que está directamente influenciada por el grado de impunidad que se perciba.

Para recuperar la confianza, lo peor que podemos hacer es romper las reglas bajo la excusa de que “la población lo demanda o que hay un clamor popular”, esto nos llevaría a aplicar las leyes de manera antojadiza y debilitaría aún más nuestras instituciones. Algunas organizaciones están queriendo jugar con esta idea, llamando a que se trasladen las elecciones generales para otra fecha (cuando la ley es clara en que no se puede, debido a que este proceso electoral ya comenzó). En este aspecto el Tribunal Supremo Electoral debe ser firme y no titubear en aplicar la ley, no podemos comenzar a cambiar las reglas solo porque nos parece lo correcto.

” Los recientes escándalos de corrupción en el Ejecutivo y la crisis política que se ha generado en el país, que comienza a expandirse hacia los demás organismos del Estado en la medida en que más investigaciones salen a luz pública, muestra cómo las instituciones guatemaltecas son débiles y en general la población tiene poca confianza en ellas “

La última publicación de la asociación Proyecto para la Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés), delimita el tema prioritario sobre el cual Guatemala debe trabajar si desea mejorar la confianza de la población hacia sus instituciones y elevar el Estado de Derecho: reducir la corrupción. Este es el tema sobre el cual los candidatos deben centrar sus propuestas si desean que la población comience a recuperar la confianza hacia ellos. No con anuncios, sino con propuestas.

La sociedad debe exigir acciones concretas de parte de sus candidatos para reducir la corrupción, por ejemplo que todas las instituciones públicas tengan sus registros administrativos y contables en el sistema integrado de administración financiera, como lo manda la ley, ya que algunas organizaciones todavía no lo aplican y esto debilita la forma en que la población puede exigir a los cuentadantes que sean responsables por sus acciones y respondan ante la ley, siguiendo el debido proceso. Esto es lo que ayudará a recuperar la confianza de la población hacia sus líderes políticos.

 

Editorial- Plaza Pública (Guatemala) 

La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad de otorgar amparo a la abogada Karen Fischer no ha hecho más que encender la polémica en torno a los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales y donde hasta ahora el presidente Otto Pérez Molina no ha podido escapar a los ecos de la protesta. De hecho, muchas de las más recientes críticas se dirigen ahora a ese fallo dividido que avalaron tres magistrados, en una medida que de momento parece favorecer al mandatario.

Pero no es este el único caso. Desde hace algunas semanas, el país se encuentra sumido en una agitación jurídica que no parece tener fin en el corto plazo, a juzgar por los protagonistas que ahora también han sido señalados. A los procesos de antejuicio que ya llevaban semanas de deambular en el ambiente, ahora se suman tres, el primero es el que se planteó contra la candidata presidencial de la Unidad N
acional de la Esperanza, Sandra Torres, quien fue acusada de haber incurrido en delitos electorales, proceso que ya fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia.

Un día después de esa acusación también se planteó una solicitud de antejuicio contra el presidenciable de Líder, Manuel Baldizón, a quien se le acusa de haber cometido similares ilícitos. Este cuadro enrarece el ambiente político, a poco menos de tres meses de las elecciones, y amenaza con complicarse aún más, a juzgar por los otros casos que, se supone, todavía debe revelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

” La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad de otorgar amparo a la abogada Karen Fischer no ha hecho más que encender la polémica en torno a los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales y donde hasta ahora el presidente Otto Pérez Molina no ha podido escapar a los ecos de la protesta “

En esa línea de ofrecimientos del comisionado Iván Velázquez, de que vendrían solicitudes de antejuicio contra varios diputados, justamente al día siguiente se produjo el primer trámite, enderezado contra Baudilio Hichos, un legislador por Chiquimula sindicado en la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, asociación ilícita y fraude. Todo ocurre en el marco de los escándalos de corrupción que siguen siendo destapados por los entes investigadores, pero que tienen especial relevancia por involucrar a políticos.

En menos de dos meses se han solicitado cinco trámites de antejuicio contra igual número de políticos, y el único que no llegó a materializarse es el de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien evitó cualquier interrogatorio de la comisión pesquisidora al renunciar al cargo. Pero continúan pendientes los procesos para despojar de inmunidad al presidente de la República, a un legislador y a los dos candidatos a la Presidencia que por ahora parecen ir en los primeros lugares de las encuestas electorales, lo que podría encender más los ataques.

Llama la atención que la mayoría de los casos empezaron a ser planteados por hechos de corrupción, lo cual ha desencadenado la indignación ciudadana. Por ello es que ahora son de nuevo las Cortes las protagonistas de serios procesos para enjuiciar a los políticos que parecen haber incumplido con sus deberes. O en todo caso, haberse aprovechado de sus posiciones para beneficiarse personalmente y a sus allegados, y por ello es que el movimiento de rechazo a la corrupción necesita el convencimiento popular de que se opera sin favoritismos. 

 

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