Crisis ambiental y social: Cientos de indígenas paralizaron el mayor oleoducto en Perú 

Al menos 200 indígenas ocuparon las instalaciones de un oleoducto, propiedad de la estatal peruana Petroperú, en rechazo al gobierno nacional y en reclamo de una mayor atención económica y social en la región. Denuncian la “irresponsable actividad” del sector y resaltan la necesidad de resolver las deudas ambientales y sociales tras 50 años de acción petrolera. 

La toma de la Estación 5 del Oleoducto, ubicada en el municipio de Manseriche, que se encuentra en la amazónica región de Loreto, comenzó esta semana en el marco de una huelga regional convocada por la Federación Nativa Awajún del Río Apaga (Fenara) y por los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP).

Los manifestantes exigen el cumplimiento de una serie de promesas hechas por gobiernos anteriores, en especial un fideicomiso para financiar la descontaminación de áreas impactadas por derrames de petróleo y construir una serie de infraestructuras de servicios básicos, como salud y educación.


La Fenara exhortó al Gobierno a “no provocar enviando policías” y abogó por “implementar un diálogo intercultural en el lugar de los hechos”.

“Es el resultado de haberse agotado las demandas de diálogo en la capital Lima“, aseguró el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez. Destacó también que los dirigentes estuvieron más de 30 días en Lima para conversar pero no fueron escuchados. 

Para liberar las instalaciones, piden además que el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acudan personalmente a garantizar su pliego de reclamos.

“Queremos acuerdos que se vayan concretando en función de un calendario y de unos presupuestos. Son luchas justas”, agregó. 

La respuesta de Petroperú 

Después de evacuar a todos los trabajadores de la estación petrolera y paralizar el bombeo de crudo a través de la tubería, Petroperú anunció que tomará acciones legales contra los participantes de la toma

La compañía estatal consideró que estos hechos “constituyen un delito contra la seguridad pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, así como coacción, violación domiciliaria, entre otros”.

 
Por su parte, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) lamentó en un comunicado que las instalaciones petroleras sean usadas una vez más como un instrumento de presión para forzar acuerdos y acciones del sector público.

Como consecuencia de la paralización del oleoducto, la SPH remarcó que la región de Loreto dejará de recibir el canon petrolero durante el tiempo que no se transporte crudo, justo en un momento donde el barril está a 80 dólares, su precio más alto desde 2018.

La reacción de los empresarios mineros

En el mismo sentido se pronunció en otro comunicado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuyo director ejecutivo, Pablo De la Flor, opinó que este tipo de acciones no pueden ser toleradas.

“Atentan contra un activo critico nacional tan importante para la seguridad energética del país. Nos preocupa la forma reiterativa en la que se vienen dando estos hechos delictivos, y la falta de reacción de las autoridades”, expuso De la Flor.