Crece la militarización en las favelas, a pesar del coronavirus

En medio de la pandemia, las operaciones policiales de la «guerra» contra el narcotráfico en la favela siguen cobrándose vidas e interrumpen con frecuencia el trabajo humanitario que realizan líderes comunitarios, como el reparto de alimentos, productos de higiene y campañas de prevención. Solo en abril, la policía del estado de Río de Janeiro mató 177 personas, un 43% más respecto a abril de 2019, año récord en materia de muertes por agentes del estado: 1.810.

«Si no mueres por el virus o de hambre, te matará un tiro de fusil, en nombre de una seguridad pública que no nos incluye», descargó en sus redes sociales el activista Raull Santiago el 15 de mayo, cuando 13 personas fueron asesinadas a tiros en una única operación policial en el Complexo de Alemao, un gran conjunto de favelas en la zona norte de Rio. 

La policía, que incautó ocho rifles, afirma que los muertos eran traficantes que los atacaron con armas pesadas. 

Un joven de 14 años fue baleado dentro de su casa 

Apenas tres días después, otra muerte en una operación policial llegaba a los titulares: Joao Pedro Mattos Pinto, un joven negro de 14 años, fue baleado dentro de la casa de su abuelo durante una incursión de la Policía Federal (PF) y agentes de élite de la Policía Civil de Rio de Janeiro en Sao Gonçalo, ciudad de la región metropolitana. 

De acuerdo con familiares, los agentes irrumpieron en la residencia -donde Joao Pedro jugaba con sus primos- disparando y lanzando granadas, supuestamente en persecución de criminales.  El tiroteo dejó más de 70 agujeros de bala en las paredes, ventanas y electrodomésticos. 

La policía se lo llevó, supuestamente para prestarle socorro, pero no informó sobre su paradero a la familia, que recuperó su cuerpo más de 17 horas después, ya en la morgue.

«El gobierno precisa ser coherente, porque al mismo tiempo pide que se cumplan las medidas de aislamiento social y envía su brazo armado para hacer estas operaciones, causando más tensión y aglomeraciones en esas comunidades», señaló Joao Luis Silva, miembro de la ONG Rio de Paz, que estuvo en la casa donde el chico fue baleado y acompañó a la familia en el entierro, al que asistieron decenas de personas. 

Otros dos jóvenes negros murieron baleados durante acciones policiales en las favelas Ciudade de Deus y Providencia en la última semana, mientras oenegés locales repartían cestas básicas. Como en tantos otros casos, la policía alega que respondió a la agresión de criminales. 

Al menos cinco acciones sociales fueron interrumpidas por tiroteos entre el 28 de abril y el 21 de mayo, según la plataforma Fuego Cruzado, que recaba información sobre tiroteos en la ciudad.

El gobernador Wilson Witzel -criticado por los defensores de derechos humanos por respaldar el uso de la fuerza letal de la policía- lamentó la muerte del adolescente Joao Pedro y prometió una investigación para «responsabilizar a los culpables». 

También se comprometió a «ampliar la interlocución» entre la policía y los líderes comunitarios, «para evitar la realización de operaciones de incautación o acciones de inteligencia en los momentos en que haya grupos promoviendo acciones sociales y servicios humanitarios». 

Política de seguridad «fracasada» 

Pero los líderes comunitarios y estudiosos de la seguridad en Rio señalan que es un problema con raíces más profundas. «La policía de Rio de Janeiro insiste en un tipo de acción de seguridad pública que no solo es técnicamente equivocada y fracasada, sino que es muy letal, peligrosa y dolorosa para los habitantes de la favela y la vida de la ciudad», afirma Silvia Ramos, coordinadora general de la Red de Observatorios de Seguridad Pública. 

Para la investigadora, este tipo de abordaje, que no prioriza las tareas de inteligencia, «no debilita a los grupos armados enraizados en las favelas hace muchos años. Al contrario: con mucha frecuencia después de esas operaciones, cuando la policía se va, esos grupos se fortalecen, compran más armas e imponen su régimen de opresión a los habitantes». 

Esto acaba «brutalizando» a la policía (que también padece de altos niveles de corrupción en sus filas) y cuando entra a las favelas «dispara para matar», cobrándose la vida de criminales que deberían ser capturados -y no ejecutados-, así como de inocentes, subraya Ramos. 

«No vamos a ver cambios en la política de seguridad de Rio de Janeiro mientras sigamos pensando que las 1.810 muertes, si son de criminales, son aceptables», alerta.